Hocol respondió a exdirectivo y desestima las denuncias recientes por seguimientos

Hocol rechazó los señalamientos de su exdirectivo Luis Enrique Rojas Cuéllar, luego de versiones difundidas sobre presuntos seguimientos y amenazas en su contra. La compañía aseguró que los hechos mencionados no son recientes y se remontan a situaciones ocurridas hace cerca de dos años.

Según la empresa, desde mayo de 2024, cuando Rojas se vinculó a la organización, manifestó haber recibido llamadas amenazantes que atribuyó a cambios en el equipo directivo. En agosto de ese mismo año, estos hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades.

Posteriormente, en diciembre de 2024, el exdirectivo reportó una llamada atribuida a un supuesto comandante paramilitar, la cual fue analizada por el Gaula de la Policía y calificada como un intento de extorsión proveniente desde un centro carcelario.

La compañía también indicó que un presunto atentado denunciado por Rojas en diciembre de 2024 fue evaluado por las autoridades como un intento de hurto de su vehículo, sin evidencias de un ataque dirigido contra su vida. Estas situaciones, según Hocol, fueron denunciadas penalmente a solicitud del propio exdirectivo y de la junta de la empresa.

Frente a las denuncias, la empresa aseguró que adoptó medidas preventivas, entre ellas el refuerzo del esquema de seguridad desde septiembre de 2024 y la solicitud de protección adicional ante la Unidad Nacional de Protección, que fue negada tras no encontrar mérito. Incluso, tras la salida de Rojas en abril de 2025, la compañía extendió por tres meses el esquema de seguridad y reiteró los reportes ante la Fiscalía y la UNP.

Hocol también se refirió a un episodio ocurrido en mayo de 2025, cuando al exdirectivo no se le permitió el ingreso con armas a las instalaciones de la empresa. Según explicó, la decisión respondió a protocolos internos de seguridad, dado que Rojas ya no tenía vínculo laboral, y negó que se tratara de un acto de intimidación.

Finalmente, la compañía informó que interpuso denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por el impacto reputacional de los señalamientos y activó análisis de riesgos legales y operativos. Asimismo, hizo un llamado a la responsabilidad en la difusión de información, al considerar que versiones no verificadas pueden afectar a la empresa y a sus colaboradores.