Impuesto al licor pone en jaque la sostenibilidad de la industria y el recaudo regional

El Decreto 1475 de 2025, expedido en el marco de la Emergencia, aumenta desproporcionadamente la carga tributaria a los licores y amenaza con desplazar la demanda hacia productos informales y de contrabando; así lo afirman diversos actores del mercado.

Según cálculos del gremio, el aumento en el precio final para aguardientes, rones y vinos sería de hasta 48%; una variación que califican como adversa para la sostenibilidad del sector.

Actualmente, productores y comercializadores coinciden en que la inelasticidad del consumidor en subcategorías como el aguardiente derivará en la sustitución de la oferta legal, de manera que la presión fiscal tendría un efecto contrario al que espera el Gobierno y se prevén menores compras, menos recaudo y recorte de empleos.

Sin facturar

Esteban Ramos Maya, gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, FLA, hizo notar que el ajuste causará un incremento en el pago total de impuestos desde $17.500 hasta $33.000; esto en el caso de una botella de 750 ml de aguardiente. Y hay que recordar que esta es la bebida espirituosa más consumida en Colombia, con cerca de 40% de participación en el mercado, sin incluir la cerveza.

Mientras la Corte Constitucional se pronuncia con respecto a la exequibilidad o inexequibilidad del Decreto, según Ramos, la FLA no ha facturado una sola botella en lo corrido de 2026, puesto que en los anaqueles del comercio hay existencias que se pusieron sin cargar el aumento exigido por el Gobierno y mezclarlas con aquellas que incluyen las nuevas tarifas crearía un caos de precios de cara al comprador.

“Nosotros a la fecha no hemos facturado una sola botella de aguardiente a ninguno de los distribuidores en todo el país. Y muy seguramente, al 30 de enero, tampoco lo vamos a hacer. O sea que la FLA ya tendrá una afectación directa en rentabilidad y no se podrán transferir a los departamentos los $30.000 millones previstos solo en impuesto al consumo, de los que $8.000 millones son para Antioquia y $22.000 millones para el resto de regiones. Yo he hablado con gerentes de otras licoreras y están en la misma situación”, comentó.

Diego Angelillis Quiceno, gerente de la Industria Licorera de Caldas, ILC, detalló cuál será la variación del precio sugerido al público en sus dos marcas más fuertes e indicó que, por ejemplo, Amarillo de Manzanares pasará de $49.705 a $71.112, lo que se traduce en una subida de 43%. Además, el Ron Viejo de Caldas estándar aumentará de $54.545 a $84.694.

Tal como lo expuso, “en otros países en los que se ha aumentado el precio del licor para reducir su consumo, se ha visto que, por el contrario, se desvía hacia el mercado ilícito, poniendo en alto riesgo la vida de las personas. Según la firma Euromonitor, en Colombia cerca de 24% del licor consumido es ilegal, cifra que podría aumentar a niveles alarmantes ante el alza en los precios de las bebidas”.

Adicionalmente, enfatizó en que todo el recaudo adicional que el Gobierno espera inducir con el Decreto 1475 no irá a las arcas departamentales. “Es decir, estos recursos no llegarán a las regiones para salud y educación, sino que pasarán al Presupuesto General de la Nación”.

Luz María González, vicepresidenta jurídica de Dislicores y presidenta de Asovinos, indicó que “el Decreto no solo afecta a la industria formal, sino que también tiene consecuencias directas sobre el consumidor final. En un mercado sensible al precio, como el colombiano, el consumidor promedio tiende a sustituir productos de mayor calidad por opciones más económicas”.

Señaló que si en última instancia la Corte Constitucional no declara inexequible el Decreto, irremediablemente decrecerá el tamaño de las cadenas: “habría que reducir estructura porque no habrá manera de seguir, no habrá rotación de productos porque además se quebrarán muchísimos bares; la situación será de contracción total”.

“Lo ideal es que se suspenda la medida porque el sector ya paga muchísimos impuestos y si los aumentan, gana el contrabando”, puntualizó.