Abren investigación a Movistar por supuesto incumplimiento en planes de portabilidad

La SIC anunció el inicio de la investigación para esclarecer si Movistar ha acatado las órdenes dadas por la entidad en la Resolución No. 69269 del 5 de octubre del 2022, en la que se le exigía a la empresa de telefonía móvil garantizar el derecho de sus usuarios a portarse a otros operadores.

De esta manera, la Superindustria busca determinar si la compañía Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP – MOVISTAR, habría continuado con estrategias de pagos exigibles para liberar los números de los usuarios que solicitaban la portabilidad a otra empresa. Así mismo, con prácticas de recuperación de usuarios a través de estrategias comerciales, promociones y ofertas.

La Superindustria abre la investigación en consecuencia de denuncias de usuarios y otras operadoras en las que posiblemente se haya demostrado que Movistar continuaba con estas prácticas de estrategias comerciales, retención y rechazo de solicitudes.

“Las estrategias se traducían en beneficios, promociones y ofertas, que al parecer estarían activando y cobrando a sus usuarios un producto, sin su autorización o aceptación previa y expresa; generando de modo inmediato una mora aparente que, a su vez, se estaría argumentando como razón para obstaculizar el traslado de la línea al nuevo operador”, anunció la SIC.

Además, de que la empresa habría entregado a la Superindustria documentos como soportes de los rechazos de dichas solicitudes de portabilidad entre octubre y diciembre del 2022, con base a los cuales la SIC determinó que no cumplían con la orden emitida por esta autoridad “debido a que la información aportada, no demostraría que habría actuado conforme a lo establecido en la normativa vigente para la fecha de los hecho”, indicó.

Si una vez agotadas todas las etapas propias del proceso administrativo sancionatorio se comprueba que las denuncias que dieron pie a la investigación son veraces, Movistar se enfrentaría a la imposición de multas sucesivas de hasta 1.000 SMLMV, un valor de 1.160 millones de pesos, por inobservancia de órdenes o instrucciones, de acuerdo con lo establecido en el numeral 6 del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011.

.