Keralty exige al Gobierno que cumpla fallo de la Corte y repare los daños a su red

Grupo Keralty le exigió al Gobierno cumplir con el fallo proferido por la Corte Constitucional, en el que se había declarado la nulidad a la intervención sobre Sanitas EPS, y pidió reparación del daño "incalculable" causado a su red de atención.

"Tras tres años de lucha - diecisiete meses de ellos bajo una intervención ilegal, arbitraria y profundamente injusta, fruto de una persecución institucional que nunca debió suceder -, la Corte Constitucional ha restituido lo que nos fue arrebatado", se lee en el comunicado de la holding.

Tal como lo remarcó en esas líneas, "este fallo histórico no solo reconoce la ilegalidad de la intervención a EPS Sanitas, sino que desenmascara una estrategia deliberada para desmantelar un sistema de salud que ha servido eficientemente a millones de colombianos".

La intervención, desde la óptica del conglomerado de salud, "no fue un error administrativo: fue un ataque frontal contra los derechos fundamentales de millones de colombianos".

Keralty expuso que los pacientes abandonados, la escasez de medicamentos esenciales, las redes de atención colapsadas y "un sistema de salud erosionado hasta sus cimientos son el legado de una supuesta 'transformación' improvisada, carente de planificación y desprovista de humanidad".

"La actitud irresponsable y antihumana del Gobierno, al intentar ahogar el modelo de salud, ha generado una tragedia de dolor silencioso y, en muchos casos, consecuencias irreparables", añadió la organización en su pronunciamiento.

Con ese preámbulo, Keralty lanzó cinco peticiones al Gobierno:

• Cumplimiento inmediato, incondicional e integral del fallo de la Corte Constitucional. Este mandato es un imperativo legal y moral, cuya desobediencia sería un nuevo atentado contra el Estado de Derecho.
• Reparación efectiva e inmediata del daño incalculable causado a nuestra red de atención, a nuestros equipos profesionales y, sobre todo, a los millones de usuarios afectados, quienes merecen justicia y dignidad.
• Cumplimiento inmediato con los pagos adeudados y garantía de estabilidad financiera para las EPS, conforme lo ordena la ley, asegurando la continuidad y calidad del servicio de salud.
• Cese definitivo de las campañas de desinformación que aún persisten, diseñadas para sembrar división, miedo y desconfianza en la sociedad colombiana.
• Establecimiento de garantías institucionales robustas y vinculantes para que una arbitrariedad de esta magnitud no vuelva a repetirse en Colombia, protegiendo el derecho fundamental a la salud como así lo manda la Constitución del país.

"No buscamos venganza, pero sí justicia. Quienes orquestaron, ejecutaron o respaldaron con su silencio esta estrategia destructiva deben rendir cuentas. El daño causado, en muchos casos irreparable, no puede quedar en la impunidad", remarcó Keralty.

"Exigimos que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos ante los tribunales y jurisdicciones que corresponda", puntualizó el grupo.