Keralty explicó por qué considera que intervención fue discriminatoria, arbitraria e ilegal

Keralty, empresa controladora de EPS Sanitas, señaló en un comunicado dos días después de que se realizara la intervención por parte de la Superintendencia de Salud, que la toma de control fue "improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria" y agregó que la crisis financiera es inducida por el mismo Gobierno Nacional.

En el comunicado agregó que están "analizando las acciones a tomar para hacer cesar la arbitrariedad del acto de intervención, recuperando la administración de EPS Sanitas en beneficio de nuestros afiliados, colaboradores y del país".

Entre las razones que señalaron para justificar la ilegalidad de la toma está que el Gobierno no ha realizado los análisis de la "insuficiencia de la UPC, la concentración de riesgo por afiliado y el no
reconocimiento de la deuda acumulada", razones que llevaron a la crisis financiera y que según la entidad y los gremios han sido mencionadas al Gobierno desde hace años "sin encontrar soluciones".

Otro punto es que la entidad ya había presentado un plan de reorganización institucional sobre el cual no hubo decisión de la Supersalud y cuenta con inversiones que lo respaldan por un valor superior a $800.000 millones.

Frente a los indicadores de quejas, que la Supersalud señaló están por encima del promedio nacional y con los datos de enero ven una tendencia al alza, Keralty agregó que reflejan un "análisis parcializado que no corresponde a la realidad del servicio de la EPS, pues se afirma que el promedio de quejas de EPS Sanitas durante el 2023 “supera significativamente el promedio nacional”, cuando el
indicador es similar a la media del sector".

Entre las medidas que se conoce que ya tomó la entidad está que Juan Pablo Currea, el representante legal de la Keralty S.A.S., accionista de EPS Sanitas, radicó una queja disciplinaria contra la Superintendencia de Salud y pidió acompañamiento de la Procuraduría para la intervención que adelanta la entidad contra la EPS. También apuntó a que dicho proceso sugiere "una posible expropiación".

En la carta también solicitaron iniciar por parte de la entidad las investigaciones disciplinarias a que haya lugar y las demás actuaciones encaminadas a evitar la afectación del derecho fundamental a la salud de los 5,9 millones de afiliados a EPS Sanitas.