La Fiscalía General archivó investigación por la compra de TGI por parte de la EEB

Se archivó la investigación en contra de Sandra Fonseca, expresidente de la Empresa de Energía de Bogotá.

Colprensa

La Fiscalía General de la Nación archivó la investigación en contra de Sandra Fonseca, expresidente de la Empresa de Energía de Bogotá, cuestionada por la compra de TGI (Transportadora de Gas Internacional), uno de los negocios que se cuestionó durante la administración de Gustavo Petro.

La funcionaria fue denunciada por un presunto detrimento patrimonial puesto que la empresa fue vendida por una junta directiva anterior, en 2011, por US$560 millones y luego fue comprada por casi US$900 millones.

Fonseca recalcó que TGI es la mayor transportadora de gas del país, aporta casi el 50% del holding de inversiones de la EEB, además tiene infraestructura de gasoductos en varios departamentos.

“Pudimos demostrar que la transacción estuvo totalmente apegada a las valoraciones que se hizo en su momento la banca de inversión y que además se siguieron todos los procedimientos que recomendó la junta directiva para hacer la oferta aprobada por el alcalde de Bogotá del momento, Gustavo Petro, quien actuaba como presidente de la junta directiva”, expresó Fonseca tras ser notificada de la decisión.

La exfuncionaria explicó que la empresa comprada en 2014 contaba con un patrimonio mucho mayor al que se vendió en 2011, se hicieron inversiones por US$560 millones con las que se logró la interconexión de gas desde La Guajira hasta el centro del país, logrando conexión entre los pozos de Cupiagua y Cusiana con Bogotá.

“Las actuaciones que efectuó la señora Sandra Fonseca, en desarrollo de su función fueron totalmente ajustadas a la ley y a los procedimientos, no hubo ninguna apropiación por parte de ella, ni a favor de terceros de los dineros de la empresa de Energía de Bogotá”, expresó la abogada de la exfuncionaria, Diana Maya.

Por este caso, en 2016 el contralor distrital de Bogotá, Juan Carlos Granados, abrió un juicio fiscal contra el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, pero el proceso se suspendió porque el mandatario local recusó al jefe del ente de control.

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