Superintendencia de Industria y Comercio pone la lupa sobre situación de Flamingo

La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, anunció que la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor analizó distintos requerimientos de información a Almacenes Flamingo, relacionados con el servicio de ventas con financiación. Tras el análisis, la Dirección inició una investigación administrativa para revisar si la cadena vulneró los derechos de los consumidores.

Este anuncio se dio dos días después de que La República publicara una investigación sobre múltiples problemas judiciales, procesos ejecutivos de embargo que están en curso en la Rama Judicial en contra de Flamingo y el procedimiento de insolvencia que se estaba dando en la Superintendencia de Sociedades desde octubre de 2024, y el estado de vigilancia en el que está esta compañía por pérdidas operacionales consecutivas, reducción en las ventas y deterioro patrimonial, lo cual conducía a riesgo de insolvencia.

Hasta el martes 19 de agosto, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor de la SIC, había manifestado sobre el caso que tenían “tres preliminares” (es decir una fase previa a la investigación) sobre las que se habían hecho requerimientos de información para analizar la pertinencia de abrir una investigación formal mediante la formulación de cargos.

Es decir que la información recaudada en esa etapa preliminar era objeto de valoración, por lo cual, en dos días, la SIC analizó y encontró mérito para dar inicio a la investigación formal para conocer si se vulneraron los derechos de los consumidores por medio del cobro de intereses por encima del límite legal y no haber entregado información mínima obligatoria en los contratos de crédito.

“Después de revisar las operaciones de financiación adelantadas por Almacenes Flamingo en noviembre de 2022 y enero de 2024, la Dirección de Investigaciones identificó que las tasas de interés cobradas por esta compañía habrían superado los límites establecidos por la legislación colombiana”, señaló la SIC.

También agregó que al estudiar los contratos de compra de bienes y servicios con sistemas de financiación entre enero y noviembre de 2024, la Dirección de Investigaciones encontró que en los contratos no se habría incluido información necesaria para la toma de decisiones de los consumidores como las tasas de interés, y la tasa máxima legal vigente al momento de firmar.

Sanciones

Si se comprueba la comisión de las conductas investigadas, la entidad podrá imponer multas de hasta 2.000 salarios mínimos, el cierre temporal del establecimiento hasta por 180 días o la prohibición temporal o definitiva de distribuir u ofrecer al público determinados productos, entre otras sanciones.

“La Dirección de Investigaciones adelantará el procedimiento administrativo sancionatorio, en los términos de la Ley 1437 de 2011, lo que implica surtir los descargos, un periodo probatorio, alegatos y una decisión, que en caso de ser sancionatoria puede ser una multa o las previstas en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011. Cabe resaltar que contra esa decisión proceden los recursos de reposición y en subsidio de apelación”, explicó la SIC ante el proceso que surte ahora.

El ente de control señaló que la superintendente de industria y comercio y la delegada de la Dirección de Investigaciones no se pueden pronunciar a nombre propio ya que esto puede implicar una recusación.