Las empresas advierten que las tarifas de la luz no bajarán con una mayor regulación

El próximo 11 de agosto, Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, radicará el proyecto de ley con el que pretende realizar cambios al esquema tarifario que rige para los actores del mercado energético.

El funcionario afirmó que es una oportunidad para actualizar las leyes 142 y 143 que llegaron tras el gran apagón de 1992. Pese a que, en teoría, el objetivo es abrir paso a precios más bajos, gremios y empresas advierten que la regulación no es el instrumento para ello e insisten en que debe estimularse la entrada de más jugadores que compitan e incentiven mejores tarifas por efecto de una oferta más amplia para los usuarios.

Federico Echavarría, presidente de AES Colombia, fue uno de los que se refirió a esta nueva regulación que planea proponer el Gobierno y señaló que “las tarifas no se bajan por regulación, si limitamos la inversión, vamos a tener menos energía, entre más generemos competencia, tendremos tarifas más eficientes”.

Echavarría explicó que el componente de generación es un proceso competitivo y entre más empresas generadoras haya, habrá tarifas más eficientes.

“Es importante mencionar que el costo final de la energía no es solamente la generación, también es el componente de transmisión, de distribución y el componente de comercialización”, dijo Echavarría.

Dijo que otro aspecto que debería tener en cuenta el Gobierno Nacional es incentivar la inversión, ya que es otro modo de mejorar las tarifas de energía.

“Cuando hemos tenido épocas en las que hay gran interés en crecer en Colombia, en que hay gran interés en invertir en el país, esa es la única manera de que vamos a ver tarifas menores a las que tenemos hoy en día, aseguró el presidente de AES Colombia.

“Las tarifas no se bajan por regulación, es todo lo contrario. Si limitan más la inversión, pues van a tener menos energía y no vamos a obtener el objetivo final de que el usuario final tenga una tarifa competitiva. Entonces es al revés, tenemos que promover la generación y el marco de referencia ya está, es un esquema competitivo. El que compite en todas las tecnologías por igual: el viento, el sol, el agua, las térmicas, todas compiten al final del día por tener y darle al usuario final el mejor precio”, agregó el experto.

También enfatizó en que la mejor manera de que el Gobierno se asegure de que Colombia tenga una energía eficiente, más competitiva, que sea sostenible, es buscar que ese entusiasmo por invertir se mantenga y esté presente en los diferentes proyectos de generación.

¿Qué dice el borrador?

En los artículos 5, 7, 8 y 9, el borrador introduce ajustes en aspectos como la regulación, vigencia y fijación diferencial de las tarifas. Quizás, uno de los puntos que genera mayor incertidumbre está en la modificación al artículo 126 de la Ley 142, en donde el texto sugiere que las metodologías tarifarias tendrán una vida de cinco años, pero “las Comisiones deberán hacer la revisión de las mismas, verificando que cumplan los principios tarifarios establecidos en la presente ley”.

“Excepcionalmente podrán modificarse en cualquier tiempo, de manera total o parcial, de oficio, por solicitud de la Superintendencia de Servicios Públicos, o a petición de parte, cuando se presente alguna de las siguientes causales: error de cálculo; lesiones a los intereses de los usuarios, de la empresa o a los fines sociales del Estado; y en caso fortuito o fuerza mayor que comprometan de forma grave la capacidad financiera de la empresa”.

Pese a que el borrador habla de aplicar correcciones cuando las compañías se vean amenazadas financieramente, en el parágrafo 2 del artículos 5, se cita textualmente que “en cualquier caso, los mecanismos de estabilización tarifaria adoptados por el Ministerio de Minas y Energía deberán orientarse a la reducción de tarifas para el usuario regulado (...)”.

Otras propuestas que han suscitado inquietud en el sector son aquellas que indican que se podrán cobrar cargos en todos los servicios para fines solidarios y de redistribución; que se podrán fijar mecanismos de compra unificada para atender la demanda energética a cargo de empresas públicas; y que se fijarán tarifas diferenciales para las industrias que se abastezcan de fuentes renovables no convencionales.

Todo el potencial marco normativo tiene como preludio las constantes críticas del Gobierno hacia la formación de precios de cara al consumidor, especialmente en la generación.

Lo que está en juego

A juicio de gremios, exministros de Energía y académicos, los esquemas para la “estabilización de precios” dejan un sabor a control estatal basado en criterios políticos, no técnicos.

En una carta firmada por los líderes de 12 agremiaciones, se enfatizó en que “el texto propuesto habilita la modificación excepcional de fórmulas tarifarias en cualquier momento, abriendo espacio a intervenciones poco técnicas (...) lo que tendría efectos contraproducentes tanto para los usuarios, al exponerlos a tarifas impredecibles, como para los prestadores, al generar incertidumbre en la recuperación de las inversiones”.

Allí insistieron en que, en los últimos cinco años, ha entrado en operación menos de 28% de la oferta de generación, esto en un momento en el que el gap entre demanda y capacidad se amplía, pero la incertidumbre jurídica apaga el ánimo inversionista.