Las quejas de la Nueva EPS, que está intervenida, subieron 74% entre 2023 y 2025

Se avecina una auditoría externa para Nueva EPS y, según el Gobierno, la idea es trazar el destino de los recursos públicos entre 2019 y el primer semestre del presente año.

Todo esto se enmarca en la discusión de la salud financiera de las EPS, de la crisis estructural del sistema y del poco impacto que, a juicio de consultores, han tenido las intervenciones estatales a las aseguradoras para mejorar el panorama de la atención.

José Fernando Cardona, quien ocupó la gerencia de Nueva EPS entre 2009 y enero de 2024, hizo notar que hay un deterioro en los indicadores de calidad bajo la administración gubernamental. Por ejemplo, dijo que las quejas crecieron 74% entre 2023 y el primer trimestre de 2025, al pasar de 41.688 a 72.718.

“De mantenerse esa tendencia, este año tendrían 190.872 quejas, eso es siete veces más frente a 2023”, señaló al referirse sobre la polémica que se agitó luego de que, la Contraloría, indicara que en la aseguradora hay cuentas por pagar por $21,3 billones.

Esa cifra fue producto de una diligencia policial en la que se revisaron más de 4.000 archivos para las vigencias 2022, 2023, 2024 y primer trimestre de 2025.

Los descargos de Cardona

Una vez el descuadre de Nueva EPS se tomó las agendas mediáticas de todo el paós, el presidente Gustavo Petro atribuyó la situación a las administraciones pasadas, con las irregularidades y quitó toda responsabilidad a la intervención ejecutada por su Gobierno. Adicionalmente, acusó a las anteriores administraciones de haber ocultado $5 billones.

Cardona, imputado por este caso en febrero, defendió su inocencia: “Ni un solo peso de la Nueva EPS se quedó en mis manos”. Además, su equipo jurídico hizo notar que, según la Fiscalía, la cifra asociada al cargo por peculado asciende a $70.400 millones; cosa que, en todo caso, el expresidente asegura que no corresponde a la realidad y espera demostrarlo.

A ciencia cierta, el deterioro patrimonial de la entidad no se conoce porque no se han entregado los estados financieros para 2023 y 2024. En ese contexto, Cardona afirmó que “la narrativa que se quiere sostener es que el problema se ha generado por la anterior administración y que los problemas de servicio y el deterioro de ahora es por culpa de José Fernando Cardona”.

“Hay evidencia clara de que los ajustes en la Unidad de Pago por Capitación, UPC, (prima anual que paga el Gobierno por cada afiliado) no se acompasaron con el uso, la frecuencia y la inclusión que se dieron entre 2021 y 2024, entonces era necesario hacer una validación”, añadió.

Recordó que, tras el fallo con el que se le ordenó a la Superintendencia de Salud devolver la administración de EPS Sanitas a sus dueños, se conoció que en una parte de la tutela, según el alto tribunal, no se podía definir la intervención de una entidad hasta no validar los efectos del recálculo de la UPC.

“Hasta entonces, no se podría establecer en qué condiciones estaba la entidad, si estaba o no estaba en condiciones financieras, ese pronunciamiento es claro y lo mismo le pasaría a Nueva EPS”, agregó.

Giovanny Rubiano, superintendente de Salud, había mencionado que “el desastre de Nueva EPS no es nuevo (...) tiene relación con la omisión deliberada de pasivos en los balances financieros”.

“Como lo dije en su momento: estamos hablando de deudas billonarias, de pasivos ocultos, que corresponden a distintos años y que no habían sido procesados”, complementó.

Expuso que no es tarea fácil estabilizar la entidad y enfatizó en que “el objetivo de la auditoría forense es investigar el destino de los recursos, aclarar posibles inconsistencias financieras, y determinar responsabilidades ante hallazgos previos de pagos sistemáticos a IPS propias y falta de transparencia en la gestión”.