Por riesgos en la operación, Glencore presentó una nueva demanda contra el Estado

Mientras el Gobierno define el futuro del sector minero en La Guajira, desde el norte del país opera Glencore con Cerrejón y Grupo Prodeco, este último, acaba de aparecer como codemandante en un proceso de la multinacional suiza contra el Estado colombiano.

Aunque aún no son públicos los detalles sobre el porqué de la demanda del grupo minero, aparece el proceso registrado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Según los detalles preliminares, la operación en riesgo para las filiales de Glencore son la principal justificación del proceso, pues se estaría afectando el tratado bilateral de inversión entre Suiza y Colombia.

El Grupo Prodeco opera en el norte de Colombia con CO Prodeco, responsables de la mina Calenturitas, y el ferrocarril del carbón. Carbones de la Jagua, el Consorcio Minero Unido y Carbones El Tesoro, y como tercer elemento la Sociedad Portuaria Puerto Nuevo que opera el puerto del mismo nombre.

Según reportes internacionales que resaltan en Ciadi, “las subsidiarias renunciaron a sus contratos mineros para las dos minas en 2021 después de que la Agencia Nacional de Minería se negó a permitir que permanecieran en estado de cuidado y mantenimiento. Por lo que se presume que este fue el detonante de la nueva demanda.

El cuarto proceso

No es nuevo en la industria minera que se sepa de una demanda por parte de Glencore, y además, ya viene de ganar un caso que resultó con una millonaria indemnización por parte del Estado.
El primer pleito se conoció y radicó en 2016, como efecto de una multa con la que se sancionó a Prodeco por un supuesto déficit en las regalías de la mina Calenturitas. El episodio se hizo famoso, pues se falló más tarde, en 2021 a favor de Glencore, por lo cual ganaron una indemnización que superó los US$19 millones.

“La multinacional viene operando grandes e importantes proyectos como Cerrejón, que además de ser el segundo exportador de carbón, después de Drummond, el yacimiento guajiro impulsa una fuerza económica regional y el año pasado la minera pagó por impuestos y regalías $3,7 billones” agregó Carlos Martínez, especialista en derecho minero de la U. Nacional.

Lo que sí está claro es que Glencore ve la demanda tan seria que su firma habitual Freshfields Bruckhaus Deringer tomó el caso en Washington.

Una gira por Europa contra acciones de Glencore

Las organizaciones sociales Cinep/PPP y Censat - Agua Viva (Fair Finance International) y líderes comunitarios emprendieron una gira por Holanda, Dinamarca, Alemania, Suiza, Bélgica, Irlanda y el Reino Unido para presionar a Glencore, a cumplir con los compromisos internacionales de derechos humanos y medio ambiente y poner fin a la extracción de carbón.

La iniciativa señala a Glencore, y su filial Carbones de Cerrejón Limited de la privatización y restricción del acceso al agua, la desaparición o reducción de arroyos y la presencia de metales pesados en las aguas. El grupo llevará sus señalamientos en una gira que abarca encuentros con legisladores, gobiernos locales y diversas organizaciones, incluyendo a las ciudades de Frankfurt, Colonia, Londres, Dublin y Bruselas.

“Los legisladores de la UE no deben permitir que los bancos e inversores se libren de la nueva ley de diligencia debida de la UE. Los bancos e inversores que financian proyectos como los de Glencore en Perú y Colombia deben ser considerados responsables", señaló Bram Joanknecht, de Fair Finance International.

Cinep/PPP agrega que "inversores y banqueros no pueden poner su dinero en empresas que violan derechos humanos porque eso sería ser cómplice de estos crímenes" y Censat señala que Glencore debe "primero, retirar la demanda contra Colombia; segundo, debe devolver el cauce del Arroyo Bruno".