Pesquera Antillana cerró planta de producción en San Andrés por la pérdida de territorio marítimo

Antes del fallo, realizado el 19 de noviembre del año pasado, Antillana contaba con un personal en altamar de 200 pescadores en 15 embarcaciones afiliadas y cerca de 15 personas en la planta de tratamiento. 

Antillana estudiaba desde noviembre el cierre de su planta después de conocer el fallo de la CIJ, pues la mayoría de la extracción de productos de la empresa se explotaba en el mar, que hoy, según el fallo de La Haya, es de Nicaragua.

La empresa tenía los permisos para el funcionamiento de las embarcaciones hasta este final de marzo, que no se renovaron debido que no hubo ningún cambio en la situación territorial fallada en noviembre pasado.

Luci Álvarez, gerente de la empresa señaló que “el fallo tuvo repercusiones directas contra la actividad que desarrollamos. Parte de las aguas que se perdieron son donde están ubicados los sitios estratégicos de la pesca mundial”, y explicó que el volumen de langosta y pescado que han recogido en los últimos meses no ha sido suficiente y las pérdidas son millonarias. 

La empresa era la única industria de San Andrés que exportaba productos como langosta, caracol y movía cerca de US$7 millones anualmente. Este rendimiento le implicaba al departamento $500 millones mensuales. Antillana también manejaba cerca de un 95% del comercio de langosta de la isla. Tras su cierre, unas 280 personas quedarán sin empleo. 

La importancia de la zona que perdió Colombia es que este es el área marítima comprendida entre el Meridiano 82 con el Paralelo 15 hacia el occidente, una amplia zona de mares de baja profundidad conocida como Luna Verde o La Esquina, en la se encuentra la mayor riqueza piscícola y mineral del archipiélago. 

El representante a la Cámara del Partido Liberal Jack Housni Jaller afirmó que unas 30 familias  dependían de forma directa de esta empresa además de los pescadores y las madres cabeza de familias que estaban vinculadas a esta.

El político sanandresano agregó que el impacto económico de lo que se perdió solo se puede medir a largo plazo y va a ser incalculable porque a medida que pasen los años el valor va a aumentar.

Tras el fallo de La Haya, el presidente, Juan Manuel Santos, había anunciado en diciembre pasado la llegada de las primeras ayudas y medidas que pretenden incentivar el empleo para los habitantes de San Andrés. 

El mandatario explicó en ese entonces que  el Gobierno Nacional realizaría  inversiones  en el archipiélago y que hasta la época se habían girado  $75.000 millones. “De ahí, por ejemplo, se están pagando los subsidios que ya comenzamos a pagar a los pescadores. Ayer se comenzaron a pagar $1.800.000 a cada pescador”. El mandatario anunció que habrían incentivos tributarios para que los inversionistas  crearan empleo  con beneficios tributarios.

En un principio, Santos le comunicó a los dirigentes de Antillana que no retiraran los barcos que estaban en las aguas que pasaron a manos de Nicaragua,  y que los buques de la armada tenían la orden de protegerlos. El Gobierno Nacional también había ofrecido como una opción la generación de créditos para Antillana.

La Corte Internacional de Justicia de La Haya reafirmó hace seis meses  la soberanía de Colombia sobre siete cayos pero le entregó a Nicaragua más de 70.000 kilómetros cuadrados de mar rico en pesca y petróleo. La Corte concluyó que Colombia era soberana sobre los islotes Albuquerque, Bajo Nuevo, Este-Sudeste, Quitasueño, Roncador y Serranilla. La cuenca del Caribe es rica en hidrocarburos y  en 2002 Nicaragua había manifestado su interés en la explotación de la zona. En 2010, Colombia propició la exploración y explotación de uno de los yacimientos, cuando la Agencia Nacional de Hidrocarburos puso a subasta dos bloques ubicados en San Andrés, que fueron adjudicados a la ex Repsol-YPF de Argentina y la estatal Ecopetrol.