Compañías de gas rechazaron información de supuestos cobros indebidos en transporte

El Gobierno nacional, a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, ordenó la devolución de más de $150.000 millones a los usuarios del servicio de gas natural en el país, tras determinar que se aplicó un incremento en la tasa de descuento del costo de capital, Wacc, que elevó la componente de transporte en las tarifas.

Frente a esto Promigas, TGI, filial del Grupo Energía Bogotá, Promioriente, Transmetano y Transoccidente rechazan la información publicada sobre supuestos cobros indebidos en el transporte de gas natural.

Aunque desde el Ministerio de Minas y Energía señalaron a las compañías como responsables de un cobro excesivo que data de 2023, jugadores del sector acusaron un intento de controlar artificialmente los precios de un servicio que crece en costos de materias y operación.

La raíz del dilema es la caída en la disponibilidad de gas para atender la demanda. Según las proyecciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, este mismo año el mercado exigirá 800 millones de pies cúbicos por día, mpcd, pero la producción estará por el orden de los 500 mpcd. Es decir, hay una brecha y debe importarse la molécula para responderles a los consumidores.

Una fuente del sector privado indicó que, a causa del déficit gasífero, el millón de BTU (British Thermal Unit) ha aumentado hasta 150%, al pasar de US$6 a US$15.

En 2023, según se lee en el comunicado de la Creg, "mediante la Resolución Creg 102 002, el Wacc pasó de 10,94% a 11,88%, lo que permitió a empresas transportadoras como TGI, filial del Grupo de Energía de Bogotá, y Promigas, vinculada al Grupo Aval, incrementar los costos en la componente de transporte. Dichos aumentos fueron trasladados a los usuarios finales del sistema".

Posteriormente, añade la información, los distribuidores de gas natural interpusieron recursos de reposición solicitando que se mantuviera el Wacc de 10,94% mientras se aprobaban los nuevos cargos tarifarios, con el fin de evitar mayores impactos en la factura de los hogares y comercios.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que la medida busca proteger el bolsillo de los colombianos y garantizar justicia tarifaria. “Aquí estamos defendiendo a los usuarios. No es aceptable que los hogares colombianos hayan asumido un sobrecosto en el transporte de gas. La decisión es clara: esos recursos deben devolverse y las tarifas deben reflejar condiciones justas y transparentes”, afirmó.

“La regulación energética tiene que estar al servicio del interés general. Más de $150.000 millones volverán a los ciudadanos, porque nuestra prioridad es aliviar la carga económica de las familias”, agregó Palma.