SIC investiga a operadores por presuntas prácticas indebidas en reposición de las SIM
martes, 14 de octubre de 2025
La multa para Claro, Movistar, Tigo y WOM podría superar los 1.500 salarios mínimos mensuales, en caso de ser culpables
La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, anunció que arrancaron las investigaciones a los cuatro operadores móviles del mercado: Claro, Movistar, Tigo y WOM, por supuestas malas prácticas en la reposición de las SIM Cards, según el regulador.
Según la entidad, las compañías habrían incurrido en fallas al momento de validar la identidad de los titulares del servicio, al permitir el intercambio no autorizado de la tarjeta SIM, una práctica conocida como 'SIM Swapping'.
La Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones detalló que las compañías presuntamente no implementaron herramientas tecnológicas adecuadas ni mecanismos confiables para verificar la identidad de los usuarios al realizar la reposición.
Adicionalmente, se investiga si omitieron controles periódicos para garantizar la efectividad de sus procesos de seguridad, a pesar de haber conocido posibles vulneraciones, y si no ofrecieron respuestas claras y suficientes a los usuarios que presentaron quejas por reposiciones no autorizadas.
El 'SIM Swapping' es una técnica utilizada para realizar fraudes financieros, según un documento de 2024 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc.
La práctica consiste en engañar a un proveedor de telecomunicaciones para que transfiera el número de teléfono de la víctima a una tarjeta SIM en poder del delincuente, lo que permite eludir las protecciones de autentificación de dos factores para acceder directamente a una cuenta.
De comprobarse las conductas investigadas, cada uno de los operadores podría enfrentar multas de hasta 15.000 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, Smlmv. Las resoluciones mediante las cuales se formularon los cargos son actos de trámite y no admiten recurso alguno.
Las empresas cuentan con un plazo de quince días hábiles para ejercer su derecho a la defensa. La SIC reafirmó que la investigación da cuenta de su papel como garante de los derechos de los usuarios en el sector.