TigoUne presentará recurso de reposición y apelación contra multa que impuso la SIC

Pierre Ancines

La Superindustria multó con $6.600 millones a Claro, Movistar, y TigoUne por servicios de internet

Joaquín M. López B.

Ayer se informó que la Superintendencia de Industria y Comercio, sancionó a los tres operadores de telecomunicaciones más grandes del país, Claro, Movistar, TigoUne y ETB, respectivamente, por incumplir con el deber de información y no garantizar la idoneidad del servicio de Internet Banda Ancha (Internet Hogares), por un valor global superior a $ 6.600 millones de pesos.

Frente a este fallo, TigoUne anunció que apelará la sanción. “Respecto a la sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), UNE EPM Telecomunicaciones S.A., se permite informar que: Respeta las decisiones de los organismos de control del país. Sin embargo, la Compañía presentará un recurso de reposición y apelación contra la sanción impuesta, toda vez que no está de acuerdo con la misma”, indicó la empresa a través de un breve comunicado publicado en la página de la Superfinanciera.

En la carta se informó también que UNE EPM Telecomunicaciones S.A. conoció acerca de una multa impuesta, que en su caso asciende a $ 1.717 millones, por “deficiencias en la prestación del servicio de internet banda ancha, relacionadas con la velocidad efectivamente entregada y la falta de información a los usuario”.

Según señaló la SIC, las pruebas técnicas con las que se sustentó la  investigación y sanción a los tres operadores fueron practicadas en Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Manizales, Medellín y Pereira durante el año 2015 y 2016, y realizadas por la firma NAE, consultores españoles en temas de Telecomunicaciones, quienes también han realizado estudios similares para el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) y para la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).

Por otro lado, además de las deficiencias con la red prestada, la SIC también señaló que los operadores incurrían en irregularidades derivadas del hecho de no entregar información completa a los clientes para que pudieran acceder al servicio que en principio se estaba prometiendo.

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