Uber recibió una multa de $414 millones de la Superintendencia de Transporte

El desarrollo de las aplicaciones digitales de transporte no ha sido fácil en el país. La negación de los taxistas a estas plataformas y la falta de regulación ha hecho que su avance sea lento. A esto se suma un nuevo capítulo que afecta, en esta ocasión, a Uber, pues la Superintendencia de Transporte informó que puso una multa correspondiente a $414 millones a la empresa, por incumplir la orden de no promover ni promocionar servicios no autorizados.

El caso se remonta a 2016, cuando la Supertransporte emitió una resolución con el objetivo de “garantizar el efectivo cumplimiento de las normas que regulan la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor”, en la que conminó a Uber a cesar la facilitación y promoción de prestación de servicio de transporte no autorizados a través de voceros o terceros, o medios publicitarios.

Precisamente, ese año la entidad le dijo a Uber que, de continuar con esta falta, impondría una multa, lo que finalmente ocurrió.
“Se evidenció que Uber en los años correspondientes a 2017, 2018, 2019 no acreditó cumplimiento a la orden impartida por la Superintendencia de Transporte que señaló, específicamente, que esa actividad debía cesar”, indica la nueva resolución de la entidad.

Presuntamente, la sociedad habría ejecutado actividades en las cuales facilita la prestación de servicios no autorizados, incluyendo publicidad, asesoría, afiliaciones de vehículos no homologados para transporte público, entre otros.
Ahora bien, seguramente esta sanción pondrá en debate, nuevamente, qué debe pasar con la regulación de aplicaciones de transporte.

Ante esto, la empresa envió un comunicado en el que dice que "atendió oportunamente la solicitud de explicaciones emitida por la Superintendencia de Transportes el día 6 de diciembre. De hecho, y para ejercer el derecho de defensa, la compañía solicitó información sobre las acusaciones y no recibió respuesta".

"La reciente decisión administrativa emitida por la Superintendencia de Transportes no está en firme. Uber Colombia S.A.S. oportunamente presentará los recursos de Ley".

Varios son los países que ya han tomado una decisión al respecto. Por ejemplo, en Chile fue aprobada en el Senado una ley para regular las aplicaciones, que está pendiente de entrar en vigencia.

En Colombia, el pasado noviembre el representante Mauricio Toro (Partido Verde) radicó en el Congreso una iniciativa para regular las plataformas digitales de transporte. Según el representante, “el proyecto de ley responde a los desafíos de equilibrar la cancha para los actores del mercado de servicios de transporte que incluye a taxistas y conductores de carros privados y fomentar la libre competencia en condiciones equiparables”.

“Colombia está rezagado, es el único país en Latinoamérica donde opera Uber en el que ni siquiera hay una charla regulatoria abierta y lo cierto es que ya no estamos nuevos aquí, llevamos más de seis años”, dijo a Reuters Nicolás Pardo, gerente de Uber en el país.

Esta plataforma no es la única del país con problemas, otras tantas tienen inconvenientes por supuestamente incumplir las regulaciones del país, en “temas de derechos laborales, hasta regulaciones de transporte y estatutos de comercio”, señala la agencia.

Uber cumplió seis años en funcionamiento en Colombia. Cuenta con 88.000 socios conductores registrados en la aplicación y 2 millones de usuarios. De esta forma, cierra el 2019 completando más de 300 millones de viajes en el país desde 2013.

Otra de las cifras más relevantes que reforzó Uber corresponde al pago que ha realizado por concepto de IVA, y es que, a pesar de no contar con una reglamentación en el país, la empresa de tecnología ya ha pagado un total de $35.000 millones a diciembre de 2018, correspondientes a este impuesto.

A pesar de las buenas cifras, el pasado octubre, Uber informó sobre el retiro de una inversión de US$40 millones en Colombia para la construcción de su tercer Centro de Excelencia de Latinoamérica, que iba a ser inaugurado en 2020 y generaría 600 empleos directos en Bogotá.