Uber sale de Colombia a la espera de una regulación para aplicaciones de movilidad

“Gracias por este viaje Colombia”. Ese fue el mensaje de despedida de Uber a sus usuarios. Al cierre de esta edición, la plataforma y el Gobierno no habían llegado a un acuerdo para que la empresa tecnológica continuara en el país, y la expectativa por su salida era máxima.

La idea de la plataforma nació de un problema de su creador en 2008, cuando en una fría noche parisina, Travis Kalanick (su primer CEO) y Garrett Camp no pudieron conseguir un medio de transporte. Un año después, desarrollaron la aplicación y en 2010 se hizo el primer viaje en Uber. Para abril de 2014, ya habían iniciado operaciones en más de 100 ciudades, y en ese grupo había varias colombianas.

Precisamente, el arribo de la plataforma al país se dio en 2013, de la mano de Michael Shoemaker, quien había sido directivo de Linio. No es fácil rastrear a quiénes estuvieron al frente de la operación de Uber en Colombia, pero Shoemaker, de acuerdo con su página de LinkedIn, salió de ese puesto en enero de 2016.

La persona que siguió a Shoemaker fue Lorena Villalta, ejecutiva que venía de Avianca Brasil, y quien en un Inside LR en junio de 2016 se presentó como general manager de Uber para Bogotá, Cali y otras ciudades del país. Según su perfil de LinkedIn, fue gerente general para Colombia hasta mayo de 2017.

El siguiente que aparece en los registros es Andrés Felipe Bedoya, quien, de acuerdo con un documento de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), era el general manager de la empresa en octubre de 2017, cuando la SIC trató de hacer una inspección en las oficinas de la empresa; y el último en la lista, es Nicolás Pardo-Lanzetta, quien fue fundador de la plataforma Busqo y estuvo en Uber entre febrero de 2018 y el mes pasado.

Desde el principio, el hilo conductor del trabajo de los gerentes en Colombia fue el mismo: la regulación. Desde 2015, Shoemaker hablaba de la necesidad de regular a Uber para evitar los conflictos entre la plataforma y los taxistas, y en ese momento la empresa acompañó el proyecto de ley del senador Juan Carlos Restrepo.

Casi cinco años y cerca de una decena de iniciativas legislativas han pasado y no hay una regulación que se ajuste a los intereses de la empresa, que argumenta que la normativa actual no puede ser aplicada a empresas de la economía colaborativa.

La aplicación ha insistido desde el primer momento en que no es una empresa de transporte, que no es la plataforma la que presta el servicio, sino que es una intermediaria, pero más allá de la categorización de la compañía, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, ha explicado que la actividad que desarrollan los socios conductores, la prestación de un servicio de transporte de pasajeros en un vehículo particular, viola dos normas: la ley 336 de 1996 y la ley 769 de 2002. Además, ha insistido en que el problema no es la plataforma.

Apalancada en esa ilegalidad del servicio que prestan los socios conductores, a finales del año pasado la Superintendencia de Transporte multó a Uber por no acatar la orden de dejar de promover y promocionar esta actividad. Días después, vino el fallo de la SIC que desencadenó la salida de la plataforma. Al resolver una demanda por competencia desleal que había sido presentada por Cotech S.A. (empresa relacionada con Taxis Libres), la superintendencia ordenó que Uber suspendiera su servicio.

La plataforma anunció una demanda al Estado por violar los lineamientos del TLC con EE.UU. y luego, su salida del país. El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, dijo que antes de llegar al tribunal, hay un periodo para conversar directamente con la plataforma. La acción legal no se ha producido, pero a partir de la posible salida de Uber, el Gobierno comenzó a acercarse en dos vías.

La primera fue una reunión con los actores del sector transporte a la que fue invitado Uber (la misma ministra Orozco reconoce que no se habían reunido con la plataforma antes) en la que no se llegó a nada; y la empresa dice que “el Gobierno Nacional no ha tenido acercamientos adicionales y no tenemos ninguna solución concreta para evitar la salida de la app del país”.

La segunda es el apoyo a un proyecto de ley, presentado por representantes del Partido Verde y del Centro Democrático, pero aun con mensaje de urgencia y un trámite muy ágil, no habría una normativa que se ajuste a las condiciones que pide la empresa antes de marzo.

En medio de esto, y buscando presionar una solución, los usuarios de la app inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo a la empresa (creados en el marco de una estrategia de comunicación de Uber) y hasta apareció una petición en Change.org para que el Gobierno le diera una solución regulatoria al tema.

Aunque la ministra Orozco dice que esa regulación es un tema del Congreso y que el Gobierno no puede hacer nada distinto a apoyar el proyecto de ley antes mencionado, la plataforma sostiene que “expertos como el expresidente de la Corte Constitucional Jaime Córdoba Triviño han ratificado que es posible que el Gobierno Nacional, con fundamento en normas constitucionales, de la misma ley de transporte y del código civil expida una solución temporal para que todas las plataformas de movilidad disponibles en Colombia funcionen con alguna seguridad jurídica mientras el Congreso tramite una ley que reglamente definitivamente sus condiciones”.

Al final, son dos los afectados de este vaivén entre el Gobierno, que defiende el principio de hacer cumplir la ley, y Uber, que pide una normativa compatible con su modelo de negocio. Los primeros, son los dos millones de usuarios que pierden una opción de movilidad que, según un análisis del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional, ni siquiera le quitó mercado a los taxistas (el estudio dice que las aplicaciones crearon un nuevo mercado). Los segundos, son los 88.000 socios conductores, que tendrán que buscar otra fuente de ingreso, más allá de que un estudio del BID dice que solo 15% tenía a Uber como único empleo, y para los cuales no hay un plan de contingencia, aunque la plataforma dijo que recibirán el dinero de lo producido esta semana.

Los otros asuntos pendientes que deja Uber para Colombia
De la situación de Uber se desprenden dos temas más: normas laborales e impuestos. Sobre el primero, esa es una de las quejas constantes de los conductores, que se sienten empleados de la app (y merecedores de prestaciones sociales), mientras que la compañía niega que haya un vínculo laboral. Sobre el segundo tema, la empresa ha dicho que pagó $70.000 millones en IVA en año y medio, aunque sus cifras de 2017, las más recientes publicadas en la Supersociedades, hablan de que solo pagó $2.356 millones en impuestos ese año.