Hacienda

“Una nueva tributaria por parte del Gobierno es un camino directo a una recesión”

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, aseguró que la Ley de Financiamiento no debe quitar recursos a hogares ni empresas

Cristian Acosta Argote

La Andi cumple 80 años de existencia en septiembre. Fue creada en 1944 , bajo el mandato de Alfonso López Pumarejo, y ha sido testigo de varios hechos históricos como el Frente Nacional, la Constituyente de 1991 y la pandemia causada por el covid-19.

LOS CONTRASTES

  • Jaime Alberto Cabal Presidente de Fenalco

    “No podemos perder la memoria: en cada Gobierno hay dos reformas tributarias. En 2022 pasó por el Congreso una de las reformas más fuertes”.

Bruce Mac Master, presidente del gremio, aseguró en Inside LR que la Andi ha tenido su historia atada al país y a los empresarios. El dirigente habló sobre el noveno Congreso Empresarial Colombiano, CEC, y su 80 Asamblea Nacional de Afiliados, eventos que se llevarán a cabo el próximo 4, 5 y 6 de septiembre. El dirigente gremial habló también sobre la próxima Ley de Financiamiento, la reforma laboral, el sistema de salud y las proyecciones económicas.

¿Qué podemos esperar del congreso de la Andi?

Para la Andi este evento significa mucho. Es una entidad que tiene una historia atada al país y los empresarios, quienes se han unido para poner su capacidad y conocimiento para trabajar en el bienestar de la sociedad. La lógica del evento está planeada para ver a dónde vamos, pensar prospectivamente, así como planear estrategias nuevas y ver las oportunidades mientras pensamos en el futuro y las nuevas generaciones.

¿Cuáles son las ideas que tiene el empresariado para la reactivación económica?

Hicimos un trabajo interesante desde el Consejo Gremial que llamamos ‘Conversaciones por Colombia’, un documento en el que están las conversaciones con sectores como construcción, turismo, agroindustria, entre otros. Hay varias cosas que estamos proponiendo. Turismo, por ejemplo, tiene que ver con el tema de seguridad, problema en muchos sectores: carreteras bloqueadas y gente afectada por la extorsión y el crimen. Salud tiene los grandes desafíos, pues nuestro sistema tiene problemas para atender inmediatamente a la gente, y problemáticas en intervenciones quirúrgicas, medicamentos y asignaciones de citas.

¿Cuáles son los retos adicionales del sector salud?

Es un sector en el que hay una gran incertidumbre. La inversión en salud se ha detenido y es una noticia mala para el sector. Colombia ha hecho en promedio US$600 millones en inversión anual, destinados a hospitales, centros de diagnóstico, laboratorios, entre otros. Esa inversión en los últimos dos años ha caído a menos de la mitad. Nos genera preocupación, no solo por la economía, sino por las capacidades futuras. La población está creciendo.

¿Por qué rechazaron el informe de la Contraloría sobre el pago de vigencias anteriores con UPC?

El Estado colombiano no le ha cumplido al sistema con el pago del dinero que el sector salud ha gastado. La pregunta que se hace es si los recursos que gira el Estado se pueden aplicar a deudas anteriores. La Contraloría lo califica como un acto de corrupción y nosotros estamos en desacuerdo. Los saldos no cubiertos suman más de $7 billones, y las empresas de salud deben cubrir las deudas. En una discusión politizada y hay que ser cautelosos. No hay que introducir temas conceptuales como el de la corrupción. El sector está muy golpeado y ha sido perseguido por el Ministerio de Salud, tenemos hoy en día un sistema bastante más frágil que el de hace dos años. Si uno es autoridad en el sector salud, la motivación sería el fortalecimiento.

¿La Andi fue citada para la construcción del nuevo texto de la reforma a la salud?

Había una promesa de que todo lo que se hiciera sería de forma conjunta. El sector salud no son solo las EPS, hay muchos más actores. Hay más de 12.000 IPS, hospitales y laboratorios. No se ha hablado con los médicos, pacientes y grupos farmacéuticos. Fue también una promesa del nuevo ministro del Interior, la de tratar de hacer consensos y sorprendería mucho que radicaran una propuesta sin un trabajo serio.

Si queremos verdaderamente reformar para mejorar el sistema de salud, debemos hacer un trabajo grande. El sistema de salud es incluso más complejo que el financiero. Hay 800 millones de transacciones en el sector salud al año, entre las que están la solicitud de cifras médicas e intervenciones quirúrgicas. Para cumplir con todo esto, el país necesita un sistema que funcione bien.

¿Qué opinión tiene sobre la Ley de Financiamiento? ¿Es un error seguir castigando al sector minero-energético?

La discusión pasa por muchos ámbitos. El sector minero energético ha tenido dos implicaciones importantes: ha sido el gran generador de recursos para el Estado y ha sido protagonista de la estabilidad cambiaria. Hemos exportado cifras grandes que superan US$100.000 millones en los últimos años. El otro tema es que toda la economía tiene una dependencia de este sector y debemos tomar una decisión conscientemente. Cualquier país necesita seguridad energética. Por ejemplo, Venezuela tiene un gran apagón y el país está en el siglo XVII y XVIII. Colombia ha tenido históricamente un sistema energético que ha logrado dar mucha seguridad al modelo operativo, productivo, como hoteles, restaurantes, etc. Colombia no puede poner en riesgo su seguridad energética.

La Ley de Financiamiento se va a meter con muchas otras cosas, como aumentar la tasa mínima de tributación para las compañías y tocar a las personas de clase media del país: propuestas que se tratan de dos grandes errores.

¿Por qué son errores?

El país no ha tenido crecimiento económico y quitar recursos a los hogares y empresas para dárselos al Estado no es bueno. No estamos en la mejor situación económica. Una nueva reforma tributaria sería un camino directo a una recesión.

¿Cómo debería abordar la reforma el tema de la tasa de renta corporativa?

Esta es la tasa de impuesto que pagan las compañías, que ahora es de 35%; antes era de 30%, posterior a la reforma de 2021. Nosotros dijimos que le aumentaran el tributo a las compañías durante ese año por la pandemia que acababa de pasar, en lugar de trasladar la carga a los ciudadanos. El problema es que ese cambio se mantuvo de forma permanente y no fue transitorio.

En 2022, le dijimos al Gobierno que por ese motivo estaban en deuda con los emprendedores y comerciantes y se hicieron los desentendidos con el tema. Tenemos que entender qué hay detrás de bajar la tasa corporativa, que es lo que quiere actualmente el Gobierno. Nos han dicho que los impuestos bajarán 1% a partir de 2026 y será 1% cada año hasta 2030. La oferta sobre la mesa no es atractiva ni confiable, porque el próximo Gobierno puede llegar con su propia reforma cuando se posesione en 2026.

¿Han hecho parte de la discusión de la reforma laboral?

Si uno quiere hablar de temas laborales, debe tener en cuenta una realidad compleja. Colombia suscribió varios convenios con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que todos respetamos. Uno de esos convenios es defender el tripartismo: nos ponemos de acuerdo como sociedad en que las decisiones del mundo laboral se toman entre el Estado, empleadores y empleados. Colombia se ha vuelto un ejemplo. Con esto dicho, parte de lo que uno esperaba es que hubiese debates muy profundos sobre las reformas, especialmente la laboral. Para la primera versión de esta reforma, del 12 de marzo de 2022, hicimos un ejercicio durante ocho semanas para debatir 68 artículos y llegamos a un acuerdo con 51 de ellos. Este es el tripartismo.

Fue una sorpresa cuando leímos el texto en el que el acuerdo de los 51 artículos no estaba incluido. Se había radicado la reforma que habíamos discutido ocho semanas antes. Esa fue la última vez que nos reunimos con el Estado. El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio del Trabajo, rompió el tripartismo.

¿Cómo ve las críticas a la reforma laboral por no atacar la informalidad?

Tenemos una reforma grande que no ha sido discutida y no se preocupa por el empleo. La respuesta que nos dio el MinTrabajo es que este problema se trabajaría desde la política de reindustrialización, la cual no ha iniciado y tenemos un decrecimiento de la industria de entre 2% y 3% mensual. El otro tema es que no toca el gran tópico del mundo laboral: la informalidad. A la gente se le olvida que, de 22 millones de personas activas en Colombia, 12 millones están en la informalidad. Trabajadores que no tienen horas extras, sin contratos de trabajo y prestaciones.

¿La reforma laboral ataca directamente al empleador?

No creo que lo ataque, pero le genera condiciones que llevan a que no haya mayor generación de empleo. La reforma debe cumplir con tres principios: defender los derechos de los trabajadores, generar más empleo y trabajo y que Colombia sea más competitiva a nivel mundial. El proyecto no se encarga de estos principios. Un ejemplo es el trabajo digital, necesitamos mejores reglas para ser más atractivos en ese sentido.

¿Qué aportarían a la discusión sobre productividad?

La pregunta que haría es por qué la productividad es baja. La respuesta es falta tecnología e inversión en capital. Un campesino en Europa tiene acceso a máquinas, incluso pequeñas, que le permitan arar y sembrar. Esa es la productividad: saber cuánto se produce en un determinado tiempo y bajo qué valor. Colombia tiene una caída en inversión bruta de capital que alcanzó 9% el año pasado. No solo hay una productividad baja, sino que no hay inversión.

¿Cuáles son las proyecciones económicas para 2024?

El dato del segundo trimestre es un poco agridulce, porque nos dio 2,1%, pero fue lo obtenido en abril y mayo, mientras que el dato de junio fue negativo. Esto nos hace preguntarnos sobre julio, agosto y septiembre. Prevemos un crecimiento de entre 1,5% y 1,7% para final de año. La caída de producción es el resultado de varias cosas: altas tasas de interés para bajar la inflación, pero también hay sectores afectados por medidas regulatorias, como la construcción.

El FMI hizo un estudio sobre qué tanto de la caída en producción es por la tasa de interés y no se trata de una cifra baja, pues es 30%. Hay otras razones: la caída en la confianza y bajas derivadas de medidas regulatorias. Creemos que hay que generar tranquilidad en el mercado, decir que vamos a emitir dinero es una de las señales más grandes de alarma porque producirá inflación. Temas como las inversiones forzosas producen incertidumbre. Debemos producir tranquilidad a los hogares y empresas.

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