El futuro de Air-e está en manos de la Superservicios, tras hallazgos del interventor

El agente interventor de Air-e, empresa de servicios públicos del Caribe, entregó un diagnóstico de la organización a la Superintendencia de Servicios Públicos; el ente de control determinará si se continúa con la intervención o si la empresa debe liquidarse.

“Si se deciden por la liquidación, para lo cual se deben cumplir con los requisitos de ley, con la finalidad de evitar una querella con el propietario Alberto Ríos Velilla, sería viable la estatización”, afirmó el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta.

Luego, señaló que, “se podría configurar un caso de expropiación, figura extraña en nuestra juridicidad”. Acosta apuntó que mientras siga la intervención, el Gobierno está obligado a solventar la empresa, darle liquidez y brindarle flujo de caja para garantizar su operación.

“Esto solo se puede lograr inyectándole los recursos que requiere, sobre todo para comprar la energía que distribuye, para ello la Superintendencia cuenta como fuente de financiamiento con el Fondo Empresarial”.

"Si se liquida o no depende de su viabilidad operativa y financiera en la condiciones actuales, según el informe del interventor, no son las mejores en estos momentos", afirmó el presidente de XUA Energy, Julio César Vera.

"Independiente de que se liquide, el Estado en cabeza de la Superservicios tiene que garantizar la prestación del servicio en la región y buscar un modelo empresarial viable, donde es clave el pago a tiempo de subsidios, por las características de la demanda en el Caribe, la realización de importantes inversiones en modernización tecnológica y operativa que permita no solo reducir las pérdidas. Es importante que la población adquiera una cultura de pago por el servicio", enfatizó.

Mónica Torres, counsel de Energía y Cambio Climático en CMS Rodríguez-Azuero, afirmó que "la posible liquidación de Air-e implicaría una afectación a los más de 1,2 millones de usuarios del servicio de energía eléctrica atendidos por ese prestador de servicio, lo que equivale a aproximadamente cinco millones de personas, las cuales en 90% corresponden a usuarios residenciales de estratos 1, 2 y 3".

"En el corto plazo podría afirmarse que la toma de posesión para administrar temporalmente la empresa podría ser la decisión que generaría menos afectaciones inmediatas; la liquidación de la empresa podría acarrear afectaciones al orden público, social y económico en la región y en el país", argumentó.

¿Qué dice Andesco?

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos, Camilo Sánchez, expresó que debe haber un estudio técnico. "Aquí no se puede improvisar, tiene que haber cuidado porque esto puede volverse un riesgo sistémico. En este instante hay más de 35 agentes del mercado a los cuales se les adeuda más de $800.000 millones; eso puede ocasionar un problema muy fuerte en el Caribe y a nivel nacional".

Sánchez volvió a señalar que es necesario que se cobre por el servicio, combatir el fraude en el sistema y tener la liquidez para que "la cadena no entre en cuidados intensivos". Para el dirigente gremial, lo importante es que no se tome una decisión "política", sino técnica. Lo anterior lo mencionó frente a la posibilidad de la creación de una empresa pública que reemplace las operaciones de Air-e.

Hallazgos del agente interventor

El interventor identificó contratos de energía incumplidos, desorden en la contabilidad y en la contratación con terceros, racionamientos de energía que se informaron como ‘mantenimientos’, baja ejecución del plan de inversiones, pérdida de recursos que estaban destinados a la “normalización eléctrica” y deterioro en el servicio.

En cuanto a la situación contable y financiera, señaló que hay un deterioro patrimonial severo, ya que, existen pérdidas acumuladas y desbalances financieros significativos; las obligaciones están valoradas en $1,9 billones, y esto se ha agudizado por el incumplimiento de pagos.

Como consecuencia de lo anterior, la empresa no ha generado utilidades por cuarto año consecutivo, lo que a su vez genera dificultades para lograr la operatividad de la compañía. “Día tras día la situación empeora por la alta exposición a bolsa que tiene la empresa y por los precios de la generación de energía en el mercado”, apuntó el agente interventor de Air-e.

En cuanto a los aspectos jurídicos, los interventores señalaron que la empresa tiene un “sinnúmero” de acciones legales en contra por el incumplimiento de pagos, afirmando que 21 de ellos, que están suspendidos a causa de la intervención, registran demandas por más de $69.300 millones.

A causa de la demora en los pagos, el agente interventor manifestó que se generaron intereses moratorios en los contratos de recaudo de alumbrado público. También, los contratos redujeron su cobertura en 50%, ya que,en el tercer trimestre de 2024 hubo un incremento en la exposición a bolsa por el incumplimiento de contratos de compra de energía.

Incumplimiento en el plan de inversiones

La iniciativa para las inversiones en 2023 y 2024, que en un principio fue aprobada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, no se cumplió, por lo cual, se afectó el reconocimiento tarifario y se imposibilitó el reconocimiento de las pérdidas reales, señaló el interventor. Con base en esto, se suspendió el reconocimiento de pérdidas para 2025.

“Esto significa un grave riesgo para el cumplimiento en este plan, ya que, al no llegar a las metas de pérdidas fijadas durante dos años consecutivos, implicaría que la empresa tenga que devolver el dinero recibido a través de la tarifa para realizar actividades en disminuir pérdidas de energía en La Guajira, Magdalena y Atlántico, suma que ronda $400.000 millones”, aclaró luego.