Supersociedades autorizó la venta de la cadena de hamburguesas Presto tras su liquidación

La Superintendencia de Sociedades autorizó la venta de la cadena de hamburguesas Presto tras su liquidación. La marca mantendrá abiertos sus restaurantes, sus empleados y su planta mientras busca un comprador que le permita continuar como negocio en marcha.

Según un comunicado de su liquidadora, la Superintendencia de Sociedades autorizó la continuidad de la operación durante el proceso de liquidación judicial, una decisión que permite conservar los empleos y buscar la venta de la empresa como unidad económica productiva para obtener mayores recursos destinados al pago de los acreedores.

Los productos, servicios, cánones y demás obligaciones que se causen desde el 14 de octubre de 2026 se pagarán como gastos de administración, con preferencia, con los ingresos de la operación. El auto autoriza expresamente estos pagos.

Para dar estabilidad a la operación, el auto dispuso que los contratos de los puntos de venta y unidades de apoyo que siguen operando continúen vigentes mientras dure la autorización, siempre que la compañía atienda puntualmente las obligaciones nuevas. Es un compromiso de ambas partes que da tranquilidad a todos.

Las facturas y obligaciones causadas hasta el 13 de octubre de 2026 se deben presentar para que se hagan parte en el proceso. Para ello deben presentarse como créditos, con el formulario de presentación de créditos, dentro del plazo señalado en el aviso de apertura.

Caso empresarial

El deterioro financiero puso en riesgo la continuidad de Presto, una marca que inició operaciones en 1981 y abrió camino al negocio de las hamburguesas a gran escala en el mercado colombiano.

Su primer establecimiento, ubicado en Chapinero, en Bogotá, fue la semilla de una cadena pionera de origen local dedicada a este popular alimento. Su expansión contribuyó a consolidar en Colombia un modelo de restaurantes con productos estandarizados, que compañías como White Castle habían impulsado décadas antes en Estados Unidos.

Pese a registrar ingresos por $108.629 millones en 2025, su operadora, Franquicias y Concesiones SAS, no logró superar las dificultades de caja y cumplir sus obligaciones. La Superintendencia de Sociedades ordenó su liquidación judicial el 13 de octubre. Sin embargo, los restaurantes continúan operando hasta nueva orden de la liquidadora, mientras se exploran alternativas para preservar el negocio.

La liquidación

La Superintendencia de Sociedades declaró la terminación del acuerdo de reorganización de Franquicias y Concesiones SAS, compañía que opera la cadena de comida rápida Presto, y decretó formalmente la apertura del proceso de liquidación judicial de los bienes de la compañía, iniciando el trámite con activos contables reportados por $46.943.175, cifra sujeta a ajuste según el valor neto de liquidación.

La decisión, según el informe de Supersociedades, se dio tras verificar la solicitud directa presentada el 30 de septiembre de 2026 por Franquicias y Concesiones, debido a la pérdida de la hipótesis de negocio en marcha, la fuerte disminución del flujo de caja y el incumplimiento de obligaciones posacuerdo y gastos de administración.

Y es que, en abril de este año, el ente regulador había dado luz verde al acuerdo de reorganización de Franquicias y Concesiones, tras verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 1116 de 2006, esto luego de que el acuerdo presentado obtuviera el respaldo de 81,39% de los acreedores calificados y graduados para reestructurar pasivos por $31.000 millones, bajo un plan de pagos que se había planteado para seis años.

Por lo anterior, Supersociedades decretó que Franquicias y Concesiones solo conserva capacidad jurídica para actos indispensables de conservación y liquidación inmediata del patrimonio, pero cesan en sus cargos los administradores, órganos sociales y de fiscalización de la organización, inhabilitando a directivos, asociados y controlantes para ejecutar operaciones ordinarias de la actividad mercantil.

Cabe resaltar que, tras esta decisión, se extinguen de forma automática los contratos de trabajo y el fuero sindical de la organización sin requerir autorización administrativa previa, iniciando el reconocimiento y pago de las indemnizaciones laborales correspondientes, además de la finalización de pleno derecho de fiducias mercantiles o encargos fiduciarios de garantía sobre bienes de la compañía.