Ventura Group aseguró tener las licencias ambientales para prórroga de administración

El anuncio de parte del Gobierno Nacional de no prorrogar la administración del muelle 13 del puerto de Buenaventura al Grupo Portuario (perteneciente a Ventura Group) ha generado revuelo, no solo en la empresa que ha venido administrando las operaciones desde hace más de 25 años, sino sobre la posible demanda que recaería sobre el Estado en caso de que la conciliación (pactada para el 17 de julio) no llegue a un buen término.

El pleito se remonta a diciembre del año pasado cuando la Agencia Nacional de Infraestructura le había concedido la ampliación de la administración del muelle 13 durante 20 años más; sin embargo, el 28 de diciembre se le comunicó a Ventura Group que esta prórroga se había cancelado y que solo iría por un año más.

“En el acto administrativo de la ANI, se motivó un tema de falta de las licencias ambientales, cosa que es falsa porque nosotros contamos con los permisos y la licencia ambiental, la aprobación del plan de manejo ambiental y con las certificaciones y paz y salvos de la Establecimiento Público Ambiental, que es la autoridad ambiental del municipio”, explicó Álvaro Rodríguez, presidente de la Junta Directiva de Ventura Group.

La mayor preocupación del directivo se centra en las oportunidades de empleo y de generación de riqueza que perdería el municipio si no se concede dicha ampliación. Grupo Portuario genera 700 empleos de forma directa y en 2023 se movilizaron 1,4 millones de toneladas de carga, siendo el carbón y el coque, la carga granel (maíz, trigo y soya), fertilizantes y químicos para el agro los principales productos de exportación. Además, las inversiones en el municipio también podrían verse afectadas.

“Se dejarían de percibir US$10 millones por la ampliación del muelle y la construcción de una placa de más de 7.000 metros cuadrados lo cual está dentro de la propuesta presentada a la ANI”, aseguró Rodríguez.

De acuerdo con el administrador, la Agencia ignoró los trámites realizados por la compañía dentro de los plazos estipulados para mantener la operación en el mencionado muelle. Posteriormente, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de la etapa investigativa en contra del ministro de Transporte, William Camargo, ante las presuntas irregularidades que se habrían presentado en el trámite de prórroga. En su momento, la Procuraduría expresó que se habría incurrido en falsa motivación al argumentar en la retractación la posible generación de importantes afectaciones ambientales al territorio. Esto relacionado con el manejo del carbón.

“Hemos tenido reuniones con la ANI, para llegar a una posible conciliación. La operación del carbón es uno de los temas que más preocupa al Gobierno. Por iniciativa nuestra y solicitud de ellos la idea es evitar la movilización de carbón térmico aunque contamos con todas las licencias ambientales y el plan de manejo ambiental”, dijo el directivo.

De la misma manera, Ventura Group presentó una acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Bogotá en contra de la Agencia Nacional de Infraestructura por el incumplimiento de los términos previamente pactados, acción determinada como improcedente por el Consejo de Estado.

Ante este panorama, el grupo optó por un espacio de conciliación con la ANI ante la Procuraduría para la operación en el puerto; el no llegar a un acuerdo también tendría incidencia en programas sociales que se llevan a cabo en la región.

“No buscamos una indemnización ni recursos de la Nación. La es trabajar y seguir operando en Buenaventura como lo hemos venido haciendo hace más de 30 años”, concluyó el alto directivo.