El dilema de la dependencia de los fallos judiciales mediante la inteligencia artificial

En un país como Colombia, en donde cada año llegan a la Corte Constitucional casi 500.000 tutelas de ciudadanos reclamando la garantía de sus derechos fundamentales, el asomo de avances tecnológicos que permitan aligerar tareas se convierten en un completo alivio, especialmente para aquellos abogados con el deber de analizarlas o hacer la investigación jurídica necesaria para dictar un fallo.

Ante eso, hoy muchos le dan la bienvenida a los programas de Inteligencia Artificial (IA), que ayuden agilizar la revisión de expedientes y sentencias para encontrar patrones comunes en los mismos. Pero no es algo nuevo, ya que desde hace algunos años la IA hace parte de varios gobiernos en el mundo que apuestan significativos recursos al desarrollo de nuevas herramientas y aplicaciones, en esta materia.

Sin embargo, Juan David Gutiérrez, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, destacó que aunque los jueces están facultados normativamente para aplicar este tipo de avances al momento de administrar justicia, es importante que sepan qué herramientas usar, ya que no todas son confiables, pues algunas proporcionan resultados erróneos, fuentes inventadas e información falsa, como por ejemplo la utilizada recientemente en el Juzgado Primero Laboral de Cartagena, que resolvió una acción de tutela –en segunda instancia- con base en algunos insumos.

“Se trata de ChatGPT, que tiende a crear datos errados, como normas y sentencias judiciales inexistentes, al predecir la probabilidad de un hilo de palabras dado el contexto que le precede, es decir, la consulta que el usuario hace. No cabe duda que el uso de herramientas con defectos estructurales generan daños y vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas; por eso se hace necesario capacitar a los abogados en estas tecnologías y en la gestión responsable de las mismas”, agregó Gutiérrez.

La ética profesional

Según los expertos, aunque los nuevos programas se diseñan para compensar la carga que implica la investigación jurídica para dictar un fallo, no significa que se esté dejando en manos de las máquinas las decisiones judiciales ni que se reemplace a los jueces por robots.

“La tecnología está cambiando la forma de hacer las cosas y transforma la administración de justicia, pero su límite debe ser el debido proceso, la garantía de los derechos sustanciales y la protección de los derechos fundamentales. En la IA están presentes riesgos que se deben evitar, por eso hay que contrastar que la información obtenida sea correcta, para precaver errores, parcialidades o sesgos”, explica Ulises Canosa Suárez, presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal.

En eso concuerda Emilssen González de Cancino, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, quien enfatizó: “Los sistemas de IA pueden ser muy útiles para facilitar la labor de los jueces, especialmente en la elaboración de líneas jurisprudenciales, búsqueda de las normas específicas que se refieran al caso concreto y, tal vez, para responder preguntas precisas que sirvan para la elaboración de las providencias judiciales. Sin embargo, ninguna tecnología puede eludir la responsabilidad personal y profesional de comparar todas las soluciones posibles para el caso que se va a juzgar, además de analizarlas pormenorizadamente para dar en la sentencia la que más se ajuste a la equidad y a la justicia”.

La simbiosis entre tecnología y derecho

Varios jueces en Colombia contribuyen, de manera progresiva, a actualizar la interpretación y aplicación de las normas jurídicas al mundo tecnológico. Valga decir que hay ejemplos de providencias y diligencias que en el país ya utilizaron proactivamente la Inteligencia Artificial. En el derecho comparado están ya habilitados tribunales online con diligencias 100% virtuales y uso de la IA, con incorporación de los Online Dispute Resolution (ODR) como mecanismos alternativos para solucionar controversias en plataformas de comercio electrónico, que disminuyen la intervención de los seres humanos en tareas rutinarias”, indicó Ulises Canosa Suárez, presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal.