“Esta semana debemos estar abriendo la contratación de Accesos Norte II de Bogotá”

El Gobierno Nacional ha hecho énfasis en que la infraestructura será uno de los motores de la reactivación económica por los empleos y encadenamientos productivos que genera. Por eso, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Manuel Felipe Gutiérrez, explicó que están ejecutando cerca $600.000 millones mensuales y esperan inyectar $8 billones a la economía este año.

¿Cuál es el avance de las 4G, cuántos billones se han ejecutado y cuántos faltan?

Hace un poco más de dos años estábamos en 16%, hoy estamos en 53% de avance promedio. Eso ha implicado una inversión cercana a $24 billones en el programa, de los cuales casi $17 billones se han ejecutado en este Gobierno.

En total, ¿cuántas prevén entregar este año?

Debemos estar entregando unas siete este año, el siguiente año tenemos previsto entregar unas 10 adicionales, y vamos a llegar a 18 entregadas en este Gobierno. Es importante mencionar que la meta que nos habíamos propuesto en el Plan de Desarrollo era ocho, entonces estamos 10 por encima, es la nueva meta.

¿Cuál es panorama de Malla Vial del Meta, que se reactivó hace poco?

La reactivación se logró hace poco. Hace unos meses, suscribimos el otrosí que viabilizó el proyecto y estimamos en un par de meses estar iniciando las obras de esta concesión, que tiene casi 250 km. En total, son cerca de $1,6 billones que vamos a invertir en este corredor.

¿Por qué se excluyó el tramo Puerto Gaitán – Arimena, que además está incluido en el trazado de la Conexión Pacífico – Orinoquía?

Esta concesión se estructuró cuando se tenían precios de petróleo bastante más altos, y se tenía una producción petrolera alta en el Campo Rubiales, y esa producción se movía a través de tractomulas. Después se construyó un oleoducto y bajó el precio del petróleo, lo que implicó una reducción del tráfico, que al tratarse de una IP generó una modificación sustancial en el recaudo que podía ser obtenido por el concesionario. Eso se llevó a un tribunal de arbitramento, que finalmente ordenó a las partes sentarse a buscar un acuerdo, teniendo presente que el proyecto debería ser banqueable, y eso hicimos.

¿Qué ha pasado con la concesión de la vía Mulaló - Loboguerrero?

Según lo establecido por la Anla, este mes o el siguiente deben entregar los estudios ambientales adicionales requeridos para licenciar el proyecto, y lo previsto es que dos o tres meses después la Anla, si la información está completa y tiene que estarlo, deberá expedir la licencia ambiental y con esto podríamos empezar las obras. Tenemos licencia para la UF3, pero el amigable componedor estableció que solamente pueden empezar las obras cuando estén la totalidad de las licencias ambientales.

¿Y con Popayán - Santander de Quilichao? ¿Ya está claro a quién le van a ceder el contrato?

En la concesión hay una sentencia de la Corte Constitucional que ordenó realizar nuevamente unos trámites de licenciamiento relacionados con consultas previas. Ese trámite se ha venido adelantando. Y el proceso de cesión también se ha venido adelantando de manera paralela, pero lo importante es iniciar las obras. Habrá que ver con quién se inician, pero lo importante es que inicien.

¿Siguen siendo los chinos los inversionistas más interesados en la cesión?

En este momento no hemos recibido ningún tipo de oferta vinculante, ni una solicitud de cesión de contrato de concesión, entonces sigue siendo el concesionario inicial el que tiene este proyecto.

Recibieron ocho ofertas para la licitación de Malla Vial del Valle, ¿es una muestra de confianza inversionista por el programa?

Recibir ocho ofertas en la mitad de una pandemia muestra la credibilidad y el respaldo de los inversionistas a los procesos que se están adelantando en Colombia. Este, sin duda, es un hito muy importante al que llegamos y nos tiene muy contentos. Esto demuestra confianza en el mercado colombiano de infraestructura.

¿Cuáles son las próximas 5G que saldrán a licitación?

Esta semana debemos estar abriendo la contratación de Accesos Norte II a Bogotá y en los siguientes días el proceso de contratación de la ALO Sur.

También vamos a abrir prontamente la APP del Río y Canal del Dique, las troncales del Magdalena, que son lo que antes era Ruta del Sol II y la doble calzada Buga - Buenaventura. Entre julio y agosto abriremos la licitación para el ferrocarril entre La Dorada y Chiriguaná.

En temas aeroportuarios, vamos a tener la ampliación del Aeropuerto de Cartagena, el nuevo aeropuerto de Bayunca, vamos a hacer la ampliación del aeropuerto de Cali, el mejoramiento del de Neiva, y la contratación del de San Andrés. Todo esto debemos dejarlo abierto, en procesos de contratación, este año, y la mayoría van a ser contratados este año.

El próximo está previsto abrir el proceso, y dejar adjudicado el primer semestre, la Ruta del Agua, que es la vía que permite conectar Medellín con el Río Magdalena en doble calzada.

¿Entonces alcanzarán a licitar toda la primera ola?

Sí, y posiblemente dejemos contratados algunos proyectos de la segunda ola: la terminación de la Ruta del Sol I, el tramo entre Villeta y Guaduas, que hay que hacerlo porque vamos a recibir un túnel que no desemboca en ninguna obra, entonces esos 20 km hay que hacerlos. También vamos a dejar contratada la vía entre Pasto y Popayán, incluyendo la variante Timbío del Estanquillo, y esperamos dejar también una vía en Meta.

¿Alcanzarán a ver el inicio de obras de algunos proyectos en este Gobierno?

Probablemente sí, por lo menos los de la Malla Vial del Valle. Los proyectos tienen un año de preconstrucción, entonces esperamos estar iniciando al menos ese, y ojalá algunos otros proyectos en los que se pueda acelerar el cumplimiento de los trámites para iniciar obras antes.

¿Cómo recibieron el laudo de Malla Vial del Valle del Cauca, que los obligó a pagar más de $800.000 millones al consorcio liderado por Carlos Solarte? ¿Van a interponer algún recurso?

El laudo es de septiembre. Es la consecuencia de la nulidad del contrato de concesión de la Malla Vial del Valle y Cauca, que tuvo el adicional No. 13 que fue declarado nulo por un tribunal de arbitramento. De ese laudo opino que fue impecable, en su momento hubo una discusión jurídica, pero siempre he estado de acuerdo con esa decisión que se tomó en su momento, creo que lo que se hizo fue ilegal, comparto el razonamiento que tuvo en su momento el tribunal, me pareció un laudo muy valiente en su momento, hace ya casi cinco años.

Como consecuencia de esa nulidad se generó la liquidación, que no se había hecho, y el laudo al que usted se refiera tiene que ver con la liquidación de las obras que se habían ejecutado. ¿Por qué llegamos a este valor? Porque se tenía el flujo de caja del proyecto comprometido hasta la terminación del alcance inicial de la concesión. En el adicional No. 13 lo que se hizo fue adicionar el contrato en casi 36 años, para pagar las obras que se iban a hacer entre Loboguerrero y Media Canoa, no iban completo hasta Buga. Las obras se ejecutaron 30 km en su totalidad, 17 km parcialmente, pero no se había pagado un peso, porque el flujo de caja del proyecto estaba comprometido para las obras del alcance inicial. Estas obras adicionales se iban a pagar con el recaudo del plazo adicional, y ese recaudo no se tuvo. Como consecuencia de ello, el Tribunal estableció cuánto se había ejecutado y cuánto se debía pagar. Las pretensiones de la concesión eran $1,6 billones, el tribunal reconoció la mitad, a partir de los insumos y peritos que tuvo.

Si la pregunta es si estamos conformes, la respuesta es no, y en este momento se está tramitando en el Consejo de Estado la anulación del laudo, y habrá que esperar su decisión.

Cada que se instala un peaje aumentan las controversias con las comunidades, ¿Hay alguna solución?

Los contratos de concesión de 4G, en buena medida, fueron estructurados teniendo en cuenta que iban a instalar nuevos peajes. Sin duda ha generado molestias en algunos sectores, y lo que debemos hacer es buscar un acuerdo para permitir que las obras no se paralicen, porque la no instalación de peajes o incrementos previstos, especialmente en contratos de IP, puede llevar a que el contrato termine, tendríamos que liquidarlo y pagar sumas billonarias, entonces tenemos que encontrar un equilibrio entre la instalación de los peajes y los requerimientos de la comunidad, por ejemplo, con tarifas diferenciales.

Se habla de que los acuerdos con los concesionarios redujeron en cerca de 80% la litigiosidad de infraestructura asociada a la pandemia, ¿es así?

No se de dónde sale el cálculo, pero no me suena descabellado, porque son 46 tribunales que no se dieron. Cada tribunal de arbitramento le cuesta a la ANI cerca de $2.000 millones, solo para llevar el proceso, entonces son casi $100.000 millones que se ahorraron solo en costos, además de la incertidumbre y posibles condenas que se hubieran podido generar.

¿Cuál es el impulso que están dando a la reactivación?

Estamos ejecutando cerca de $600.000 millones mensuales y este año vamos a inyectar a la economía cerca de $8 billones. Estamos generando cerca de 70.000 empleos directos, indirectos pueden ser más de 200.000. Seguimos la ruta del Plan Maestro de Infraestructura, que es una política de Estado y así la entendemos. No fue planteada por este gobierno, sino por el anterior, y hemos venido siguiendo esa ruta, porque estos planes deben ser de largo plazo.

EL PERFIL

Gutiérrez es abogado y economista de la Universidad de los Andes, donde también cursó su maestría en derecho. A lo largo de su carrera se ha desempeñado como viceministro de Infraestructura en el primer año de Gobierno del presidente Iván Duque. Además, ha sido profesor de derecho público en las universidades de los Andes, Javeriana y Sabana. Ha sido miembro de la Secretaría Jurídica de la Comisión Presidencial de Infraestructura, asesor de la presidencia de la ANI, director del área de infraestructura en la firma Esguerra Barrera Arriaga y abogado asociado en Arrieta Mantilla. Actualmente, es el presidente de la ANI.