El Alacrán, un proyecto minero con beneficios concretos y una apuesta estructural

En el sur de Córdoba, una región marcada por altos niveles de informalidad, economías ilegales y brechas sociales persistentes, los proyectos productivos de largo plazo comienzan a mostrar resultados tangibles. En este contexto, el proyecto de cobre El Alacrán se consolida como una iniciativa de alcance estructural, cuyos impactos ya son visibles en el empleo, la economía local y la organización social del territorio.

Ubicado en zona rural del municipio de Puerto Libertador, El Alacrán ha avanzado por las fases de exploración geológica, estudios de prefactibilidad y factibilidad, así como en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, EIA, desarrollado conforme a los lineamientos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla y a estándares internacionales aplicables a proyectos mineros de gran escala. Su estructura contempla las fases de construcción y montaje, operación, cierre y postcierre.

El diseño técnico incorpora criterios de eficiencia energética, mediante la generación de aproximadamente 50% de su demanda a partir de un parque solar; uso responsable del agua, a través de sistemas de recirculación que permitirán un ahorro cercano a 70 % del recurso hídrico; y gestión integral de residuos, en coherencia con los objetivos de sostenibilidad y transición energética.

Sobre esta base técnica se construyen los impactos sociales y económicos que ya comienzan a materializarse. Para el desarrollo de sus fases previas, El Alacrán ha vinculado directa e indirectamente a más de 2.300 personas, con una participación superior a 80% de mano de obra local y regional.
En un territorio donde la informalidad laboral está por encima de 80%, estos empleos representan ingresos estables, acceso a seguridad social y procesos de formalización que rompen ciclos históricos de precariedad regional.

De obtenerse la licencia ambiental, la fase de construcción y montaje prevé la generación de aproximadamente 1.700 empleos formales. Este impacto se amplía al considerar los encadenamientos productivos asociados al proyecto, que podrían beneficiar a cerca de 13.600 personas mediante la contratación de bienes y servicios locales y regionales, transformando de manera relevante la estructura laboral de los municipios rurales del sur de Córdoba.

Apoyo de las comunidades

El proyecto ha consolidado un respaldo creciente por parte de comunidades y líderes sociales del sur de Córdoba, quienes encuentran en El Alacrán una respuesta concreta a necesidades históricas de empleo, salud, educación y oportunidades productivas. Alejandro Marulanda, minero y habitante de la comunidad mina El Alacrán, afirma que “no queremos volver a ser invisibles. Aquí la gente ha podido trabajar de manera formal, con seguridad social, y eso no había pasado antes”.

Para Eliecer Velásquez, presidente de la Junta de Acción Comunal, el proyecto representa una alternativa real frente a la informalidad: “la mayoría de empleos legales que hoy existen en nuestras veredas están relacionados con El Alacrán. Gracias a eso muchas familias han podido sostenerse y pensar en un futuro distinto”.

Por su parte, Ilda Reyes, mujer cabeza de hogar y secretaria de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Matías, destaca que “en realidad este proyecto nos ha abierto muchas puertas, nos ha dado muchas oportunidades a las comunidades que estamos viviendo aquí alrededor”.

Este respaldo se sustenta en acciones concretas como brigadas de salud con atención especializada, políticas de empleo local priorizado, iniciativas de formación técnica con el Sena, procesos de formalización minera y esquemas de reconversión productiva orientados a diversificar la economía rural.

El proyecto también articula la agenda de transición energética con el territorio mediante un esquema progresivo de generación solar fotovoltaica, con una primera fase de 9,9 MW y una expansión orientada a cubrir hasta 50% de su demanda energética. El parque solar contempla, además, la posibilidad de destinar excedentes de energía a comunidades cercanas al proyecto, bajo esquemas de autogeneración colectiva y comunidades energéticas, sujeto al cumplimiento de los requisitos regulatorios.

En el componente de fortalecimiento del capital humano, más de 800 habitantes rurales han recibido formación técnica certificada a través de una alianza con el Sena, en áreas como operación de maquinaria pesada, minería a cielo abierto (con una participación femenina de 94 %), fortalecimiento de unidades productivas y buenas prácticas agrícolas. Estos procesos amplían las capacidades laborales del territorio más allá de la actividad minera.

En términos de gobernanza y legalidad, El Alacrán impulsa un programa de formalización minera que acompaña a cuatro subcontratos ubicados en títulos distintos al del proyecto, beneficiando a más de 120 personas con apoyo técnico y jurídico especializado. Hoy, estos subcontratos cuentan con Programa de Trabajos y Obras Complementario, Ptoc, aprobado y se encuentran en evaluación de su EIA.

La inversión en infraestructura comunitaria refuerza esta presencia territorial. Más de $4.700 millones se han destinado voluntariamente al mejoramiento de vías rurales, infraestructura educativa y espacios comunitarios y deportivos. En materia ambiental, se han adelantado procesos de reforestación con especies nativas en un área cercana a 1,2 hectáreas, mediante la siembra de más de 985 individuos, y un programa de aprovechamiento de residuos que permitió en 2025 la entrega de 3.319 kilogramos de material reciclable a Asoreciplas, asociación de mujeres cabeza de hogar de Puerto Libertador.

Esta iniciativa contribuye a la generación de ingresos sostenibles para grupos vulnerables, promueve el reciclaje y reduce la huella ambiental del proyecto, en alineación con los principios de la economía circular y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS.

Una vez se apruebe la licencia ambiental, la gestión ambiental se enfocará en la remoción de residuos mineros históricos en 220 hectáreas producto de la actividad minera informal realizada por terceros, la rehabilitación de suelos y la estabilidad geotécnica. Frente a las 733 hectáreas de intervención proyectadas, se establecerá un área de compensación en biodiversidad de 1.280,3 hectáreas, que incluye la reforestación de más de 1.000.000 de árboles nativos en zonas intervenidas y 770.000 adicionales en áreas perimetrales.

La esperanza de vivir mejor

Para la comunidad Mina El Alacrán, el proceso de reasentamiento representa una oportunidad concreta de mejorar sus condiciones de vida. Alejandro Marulanda señala que “como comunidad hemos venido trabajando de manera participativa con la empresa desde hace casi tres años en una hoja de ruta para nuestro futuro”.

Este es un camino que, según explica, se ha construido con el acompañamiento de distintas entidades y que hoy la comunidad espera pueda seguir avanzando. En ese mismo sentido, Marulanda destaca que “con la aprobación de la licencia ambiental, esperamos poder retomar, de la mano de la empresa, la construcción y puesta en marcha del Plan de Acción de Reasentamiento, pensando en mejores condiciones de vida para nuestras familias”.

El líder comunitario añade que este proceso no solo está buscando un cambio en las condiciones habitacionales, sino que abre la posibilidad de transformar los medios de vida del territorio, al afirmar que se trata de “una oportunidad para que quienes así lo decidan puedan avanzar en alternativas de reconversión productiva, y para que quienes deseen continuar en la actividad minera puedan hacerlo de manera formal, en otros títulos y bajo condiciones más seguras”.

La ejecución del Plan de Acción de Reasentamiento dependerá de la aprobación de la licencia ambiental. Este proceso ha sido diseñado bajo estándares nacionales e internacionales, con énfasis en la restitución de condiciones de vida, el acceso a vivienda digna, servicios básicos y oportunidades de corte productivo.

El proyecto está avanzando también en múltiples alianzas estratégicas con organizaciones como Fedecacao y actores del sector agroindustrial, promoviendo la diversificación económica, la seguridad alimentaria y la reducción de la dependencia exclusiva del sector de la minería, a través de iniciativas como la Granja Escuela agropecuaria.

“Más allá de su dimensión productiva, este proyecto representa una oportunidad para promover un desarrollo planificado e incluyente. La compañía está preparada para avanzar con responsabilidad, diálogo y visión de largo plazo, hacia una etapa en la que los esfuerzos realizados se traduzcan en beneficios concretos para las comunidades y para el territorio”, destaca Sarah Armstrong-Montoya, CEO y presidente de Cordoba Minerals.

En conjunto, El Alacrán es un proyecto con impactos medibles y con un potencial de transformación territorial que se construye sobre decisiones técnicas, evaluaciones ambientales y procesos institucionales definidos por la normativa colombiana.

En el sur de Córdoba, donde el desarrollo ha llegado de forma tardía y fragmentada, el debate ya no gira únicamente en torno a la existencia de la minería, sino a la capacidad del Estado y del país para tomar decisiones oportunas que permitan que esta actividad se desarrolle de manera responsable, planificada y con beneficios reales para las comunidades.

La dinamización de la economía local es otro de los frentes clave del proyecto. Las siguientes fases del proyecto demandarán más de 45 bienes y servicios, con un potencial de provisión local de alrededor de 90%, activando sectores como transporte, alimentación, alojamiento, mantenimiento y servicios técnicos.

La inversión ejecutada a la fecha supera los US$ 200 millones y la inversión total proyectada asciende a aproximadamente US$700 millones, con efectos multiplicadores en la economía local y regional.

“Contar con la licencia ambiental permitirá materializar una inversión orientada a la generación de empleo formal, el fortalecimiento de proveedores locales, el mejoramiento de la infraestructura y el impulso a soluciones energéticas sostenibles, en articulación con las autoridades competentes y con una mayor presencia institucional en un territorio que ha presentado históricamente importantes brechas de desarrollo”, señala Armstrong-Montoya.

El Alacrán se proyecta como una iniciativa clave para la economía y el desarrollo social y ambiental en la región.