Política fiscal: un barco sin ancla

Sin anuncio oficial, pero confirmado por múltiples fuentes, el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), el máximo órgano rector de la política fiscal y del sistema presupuestal en Colombia, ha decidido invocar la cláusula de escape de la Regla Fiscal. Esta cláusula le permite al Gobierno incumplir transitoriamente -hasta por un período de tres años- las metas fiscales, con base en el parágrafo 2 del artículo 60 de la Ley 2155 de 2021, que modificó el artículo 5 de la Ley 1473 de 2011.

Dicha cláusula está prevista para circunstancias extraordinarias que comprometan la estabilidad macroeconómica del país. Sin embargo, resulta cuestionable que la coyuntura actual califique como tal.

La economía continúa un proceso de recuperación; la inflación y las tasas de interés de política monetaria han venido descendiendo gradualmente, y las cuentas externas -aunque afectadas por menores precios del petróleo- muestran una solidez mayor que en años recientes. La invocación de esta cláusula parece, más bien, obedecer a la negativa del Gobierno a realizar un ajuste del gasto público; una postura que, según varias fuentes, habría sido determinante en la salida del anterior Ministro de Hacienda.

Es la segunda vez desde la creación de la regla fiscal que este instrumento queda en suspenso. En 2020, en medio de la pandemia, se activó por primera vez y luego fue modificada mediante la Ley 2155 de 2021. A lo largo del tiempo, la credibilidad de la regla fiscal se ha deteriorado por múltiples modificaciones paramétricas e interpretaciones acomodadas de ingresos no recurrentes.

No obstante, recurrir ahora a la cláusula de escape sin una causa excepcional clara representa un nuevo golpe a esa credibilidad y mina la confianza de los inversionistas en la institucionalidad fiscal del país.

Por ahora, sin regla y sin brújula, las cifras fiscales para el cierre de 2025 son solo conjeturas. En Anif estimamos un déficit fiscal de 7,5% del PIB, 2,4 puntos porcentuales por encima de lo anunciado a comienzos de año, lo cual implicaría un requerimiento de financiamiento adicional cercano a $40 billones. Otros centros de análisis presentan sus propios cálculos, lo que ha convertido el panorama fiscal en un menú a la carta. La política fiscal luce, en efecto, como un barco sin ancla.

¿Cómo llegamos a esta encrucijada? Colombia tiene problema estructurales en materia fiscal, que se han exacerbado en los últimos años. Congelar los precios de los combustibles; erosionar la confianza en sectores que son importantes para el recaudo tributario, como el sector minero energético; inflar las metas de recaudo de la Dian, aduciendo ganas en eficiencia que no se materializaron; e incluir ingresos por arbitramento de litigios sin tener los instrumentos jurídicos, son solo algunos ejemplos.

En el corto plazo, el margen de maniobra es limitado. Sin embargo, el Gobierno debería enviar señales claras de responsabilidad fiscal. Un esfuerzo serio de austeridad podría comenzar por la reducción significativa de contrataciones por prestación de servicios, así como por la racionalización del gasto en programas de baja ejecución e impacto limitado.

Hacia adelante, se requiere un programa ambicioso de estabilización fiscal orientado a revertir el crecimiento de la deuda pública y la carga por intereses, que este año alcanzarán máximos históricos.