“Se necesita una reforma tributaria estructural”: Carlos Felipe Córdoba

Son varias las voces que han advertido en las últimas semanas que el proyecto de ley de financiamiento que está a punto de entrar en su discusión final en el Congreso no es suficiente para estabilizar las finanzas públicas del país a mediano plazo, pues los beneficios tributarios que se le conceden a las empresas podrían entorpecer el cumplimiento de la meta de déficit fiscal en tan solo un par de años. A estas, se sumó el contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, quien alertó que se requieren mucho más que esos $14 billones faltantes del Presupuesto de 2019 y que es necesario implementar una verdadera reforma estructural en el país.

“Las reformas al sistema tributario no pueden seguir siendo de corto plazo y con objetivos netamente fiscalistas. Es por eso que debemos tomar medidas tributarias estructurales que solucionen el problema fiscal a largo plazo y que eviten reformas cada dos años. Desde 1995 se han dado 15. Esta periodicidad genera incertidumbre, afecta el crecimiento económico y debilita la capacidad fiscal del Gobierno. El bolsillo de los colombianos tiene que tener tranquilidad para la generación de ingresos y para tener seguridad jurídica y así poder aunar esfuerzos de largo aliento”, declaró Córdoba en el foro ‘ABC de la ley de financiamiento’, elaborado por La República.

Aparte de la falta de estructuralidad, el Contralor aseguró que el tamaño actual del déficit presupuestal es mayor a esos $14 billones que se necesitan para el próximo año y de los que la ponencia del proyecto de ley del presidente Iván Duque solo busca cerca de la mitad luego de que la idea de extender el IVA a 80% de los productos de la canasta familiar se cayera en primer debate.

Según Córdoba, solo para la reforma rural, la Misión para la Transformación del Campo estimó que en inversiones nuevas se necesitan alrededor de $9,2 billones adicionales por año. O que, por ejemplo, para el caso de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que terminaría dentro de tres años, se estima que la política de indemnización administrativa tiene un faltante de cerca de $34,5 billones, es decir, de unos $3,45 billones anuales.

Respecto al articulado del proyecto de ley de financiamiento, el Contralor aseguró que se deben buscar opciones de recaudo menos costosas económica y socialmente. “El recaudo tributario se puede fortalecer buscando mayor progresividad en los impuestos ya existentes y, de esta manera, contribuir para que en Colombia se disminuya el índice de inequidad en la distribución del ingreso”, dijo Córdoba a los asistentes del evento.

En concreto, indicó que lo más conveniente sería reducir en la medida de lo posible el número de exenciones y beneficios tributarios a los que acceden actualmente las empresas y hacer más progresivo tanto el impuesto al patrimonio como el de los dividendos.

Y es que según los cálculos de la Contraloría, si se eliminara esta multiplicidad de deducciones, exenciones, ingresos no constitutivos de renta y demás beneficios, se tendría un nuevo recaudo cercano a $10 billones anuales.

Por otro lado, en su discurso, el Contralor recalcó que estos altos beneficios tributarios que se conceden a los contribuyentes también abren una brecha entre la tarifa nominal y la efectiva, que es la que realmente se pagan una vez aplicados todos los beneficios. “Mientras que en Colombia la tarifa efectiva promedio que asumen las personas jurídicas es cercana a 20%, como los países desarrollados tienen pocos beneficios sus tarifas realmente son más elevadas. Por ejemplo, el promedio para los cuatro grandes, Estados Unidos, Alemania, Japón y Francia, es de 34,1%, donde las efectivas se acercan a las nominales”, explicó.

Además, insistió en la importancia que tiene el fortalecimiento y simplificación de la Dian en este proyecto de ley de financiamiento para poder lograr reducir la elevada evasión y elusión fiscal. Sin embargo, criticó que este punto siempre se añade en todas las reformas tributarias.

“En vez de incluir en cada reforma el capítulo de la lucha contra la evasión y el contrabando, sería oportuno fortalecer la administración tributaria con un esquema que amplíe y profesionalice la planta de esta entidad. Se deben aunar mayores esfuerzos para que no sean los mismos de siempre los que sigan tributando y realmente llegar a los que evaden”, recalcó Córdoba.

Igualmente, el contralor quiso recordar las cifras del Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2018, en las que se indica que al cierre de este año el Gobierno prevé presentar un balance fiscal deficitario en 3,1% del PIB, es decir, de $30,3 billones y de 2,4% del PIB para el próximo año, lo que representa unos $24,9 billones.

La ponencia se debatiría la próxima semana
El próximo lunes se empezaría a debatir en las plenarias de Cámara y Senado la ponencia final del proyecto de ley de financiamiento. En este nuevo articulado se eliminarían propuestas como la del IVA a las comisiones por transacciones por tarjetas o a los contratistas que hoy ganan $8,2 millones mensuales. Además, se limitarían las actividades consideradas como economía naranja, entre ellas, el transporte o las confecciones, que iban a recibir beneficios tributarios y las zonas francas podrían dejar de tener tantos incentivos como los que poseen ahora. Asimismo, podría renacer la idea de la sobretasa al sector financiero.