Hacienda

Así es como se distribuyen las obras y los recursos dependiendo del departamento

Gráfico LR

Antioquia, Arauca, Tolima, Cauca, Casanare, Putumayo y Valle del Cauca son los favorecidos con estos recursos aportados por las empresas del impuesto de renta

José Mauricio Higuera

Las compañías que hayan tenido ingresos brutos iguales o superiores a 33.160 UVT (Unidad de Valor Tributario) en Colombia, pueden pagar hasta 50% del impuesto de renta y complementario en inversión directa en proyectos viabilizados y prioritarios de interés social en las Zonas más afectadas por el conflicto armado, Zomac.

Según un reporte de la Agencia de Renovación del Territorio, ART, los departamentos que más inversiones han logrado desde la implementación de este mecanismo y con corte a 31 de mayo de 2024 son: Antioquia con 56 proyectos, por valor aproximado de $602.573 millones; Arauca con 26 proyectos, por $428.909 millones; Tolima con 58 proyectos, por $202.632 millones; Cauca con 24, por $177.094 millones, seguidos de Casanare, Putumayo, Valle del Cauca, que lograron inversiones superiores a los $100.000 millones.

Natalia Gaviria Agudelo, subdirectora de Planeación Territorial del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, señaló que este departamento ha dirigido una inversión significativa en los 55 municipios Zomac, incluidos aquellos en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet.

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Precisó que, desde la vigencia 2018 hasta 2024, se han destinado más de $600.000 millones a través del mecanismo Obras por impuestos, reflejando un esfuerzo coordinado para impulsar el desarrollo y la recuperación en las áreas más afectadas por el conflicto armado y la pobreza.

“Este balance ha estado predominantemente enfocado en el sector de educación, con una proporción significativa en proyectos de dotación, que ha recibido 44% del total de la inversión, seguido por el de transporte, con 39%. En contraste, los sectores de energía, vivienda, ciudad y territorio y educación-Icbf, han recibido proporciones menores de la inversión total, con 3%, 5% y 9% respectivamente”, destacó Gaviria.

Para la Gobernación de Antioquia, este programa de inversión se convierte en un canal clave que permitirá construir un futuro donde las comunidades más vulnerables puedan superar el legado del conflicto y juntos construir un entorno de paz, igualdad y oportunidades.

LOS CONTRASTES

  • Natalia Gaviria AgudeloSubdir. de Planeación del DAP de Antioquia

    “El objetivo central es lograr un impacto transformador en las comunidades más afectadas por la violencia y la pobreza, fomentando un desarrollo inclusivo y sostenible”.

Por tanto, en colaboración con las empresas que juegan un papel central en la reducción de brechas socioeconómicas y en la creación de oportunidades significativas, es crucial implementar proyectos de gran escala y a largo plazo, que aborden de manera estructurada las principales necesidades de las comunidades.

Para Paul Vásquez J., managing partner de Planning tax, este mecanismo ha logrado dar celeridad y priorización a múltiples proyectos de inversión social en los territorios calificados como Zomac y Pdet, por más de $2,6 billones desde 2018 a la actualidad, de los cuales, cerca de 75% del total invertido corresponde a proyectos de mejoramiento de la red vial de los territorios (43%) y para el fortalecimiento de la red e instituciones educativas (32%).

Señaló, que las cifras de inversión vienen en aumento de forma considerable de acuerdo con las estadísticas compartidas por la ART de la siguiente manera: $241.000 millones en 2021, la cifra aumentó a $491.000 millones en 2022, pasó a $667.000 millones en 2023 y luego bajó a $554.000 millones en 2024”.

Los logros del mecanismo

Mediante el mecanismo de Obras por impuestos se puede conseguir que la conectividad física y digital unan territorios y personas, y dinamizar la economía y mejorar la seguridad, mientras que una infraestructura educativa adecuada, asegura un entorno de calidad para el desarrollo de habilidades, fomentando la igualdad de oportunidades. Por otro lado, se puede garantizar el acceso a los servicios públicos esenciales, mejorar la calidad de vida y fortalecer la cohesión social, garantizando condiciones de vida dignas.

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