Entre 2018 y 2024 se han ejecutado 375 proyectos a través de Obras por Impuestos

El mecanismo de Obras por impuestos sigue consolidándose como una herramienta clave para financiar proyectos en zonas afectadas por el conflicto y la pobreza. Este programa permite a las empresas privadas destinar una porción de sus impuestos a la ejecución de obras públicas en zonas del país previamente concretadas con el Gobierno Nacional.

“El mecanismo fue diseñado para facilitar la participación de las empresas en la construcción de paz en los territorios más afectados por la violencia, como los municipios Pdet y Zomac”, explicó Raúl Delgado Guerrero, director de la Agencia de Renovación del Territorio, ART.

Según Delgado, en el primer corte de 2024, más de 100 empresas se vincularon a 80 proyectos, por un valor de $555.000 millones, y se espera que, al finalizar el segundo corte en octubre, la cifra llegue a 117 proyectos, alcanzando una inversión total de $900.000 millones, cerca de 90% del cupo Confis asignado para el año.

Uno de los sectores que ha recibido mayores inversiones es el transporte, con 91 proyectos en infraestructura vial por más de $1 billón. “El sector transporte lidera las inversiones, seguido del sector educación con 185 proyectos por valor de $862.359 millones”, comentó. Otros sectores destacados incluyen agua potable y saneamiento básico, con 38 proyectos por $244.796 millones, y el sector energético, que ha impulsado 27 proyectos por $127.359 millones.

Entre los proyectos más estratégicos mencionados por el director se encuentran la mejora de infraestructura educativa en Arauquita, Arauca, y la pavimentación de tramos viales en Putumayo y Antioquia. “Estos proyectos aún están en la fase de preparación, pero tienen un impacto territorial significativo”, añadió.

Manuel Álvarez, director de proyectos de OXi Consultoría, resaltó que el cupo Confis asignado para Obras por Impuestos en 2024 aumentó hasta 1 billón, “lo que dice mucho sobre el recorrido y éxito del mecanismo desde los $250.000 millones aprobados en 2018. Entre 2018 y 2024, se ha destinado un total de $2,65 billones a la financiación de 375 proyectos. De este monto, 83% ha sido asignado a iniciativas en los sectores de transporte, educación y vivienda”, destacó.

Álvarez señaló que hay muchos proyectos en ejecución, pero la corona definitivamente se la lleva el departamento de Antioquia con más de $200.000 millones aprobados en proyectos. “Allí se destaca, por ejemplo, la vía Santo Domingo - Alto de la Quiebra por más de $40.000 millones, así como la dotación de maquinaria amarilla en los municipios de Arauca por más de $80.000 millones. Estos proyectos marcan un hito para lo que se puede hacer con este mecanismo”, agregó.

De acuerdo con Álvarez, se han realizado ajustes normativos para reducir los riesgos de ejecución de las empresas y hacer más atractiva su participación en proyectos bajo este esquema. Entre estas medidas, destaca la creación de un rubro contingente, implementado por primera vez en 2018 para la pavimentación de la vía Chalán - La Ceiba, destinado a cubrir imprevistos. Además, se introdujo un ajuste por cambio de vigencia, que cubre posibles aumentos de costos debido a la inflación, considerando que los proyectos suelen formularse un año antes de su ejecución.

Los lunares en el programa

María Catalina Jaramillo, socia del equipo de Impuestos, y Mario Alejandro Forero, director del equipo de Infraestructura de Brigard Urrutia, señalaron que la implementación del mecanismo enfrenta desafíos, especialmente relacionados con la maduración de los proyectos.

“El Banco de Proyectos de Inversión de Obras por impuestos se nutre de propuestas presentadas por entidades territoriales y nacionales, pero en muchos casos la estructuración de los proyectos no está lo suficientemente avanzada. Esto implica un costo adicional para los contribuyentes, quienes deben asumir ajustes para una correcta ejecución”, detallaron.

Otro reto identificado es la limitada expansión geográfica de los proyectos y su concentración en ciertos sectores. “Aunque el mecanismo ha mostrado resultados positivos, la mayoría de las obras se concentran en las áreas de influencia de los contribuyentes y en sectores como educación y transporte. Aún queda pendiente llevar estos proyectos a zonas más alejadas y diversificar en otros sectores la salud o la infraestructura agrícola”, subrayaron los expertos.

El director de la ART también puntualizó en que, desde el punto de vista de la aprobación, los tiempos establecidos en las distintas fases del proceso, muchas veces resultan insuficientes y se ha evidenciado, en algunos sectores, la falta de personal a cargo de la aprobación de los requisitos técnicos. “En la implementación, las dificultades están asociadas a las dificultades de seguridad y conectividad de los territorios en los cuales se ejecutan los proyectos”, indicó Delgado.

En términos normativos, los expertos de Brigard Urrutia indicaron que la estructura del mecanismo está bien definida y respaldada por una legislación robusta. Sin embargo, señalaron que “a pesar de la claridad del marco legal, los sistemas de control presentan deficiencias, con una falta de transparencia y supervisión efectiva en la ejecución de los proyectos”.

La ART desarrolló un manual que incluye mecanismos de control y transparencia, como la obligación de los contribuyentes de reportar el avance de los proyectos en el Sistema de Información de Seguimiento de Proyectos de Inversión Pública, SPI. Sin embargo, en la práctica, estos sistemas no siempre garantizan una ejecución eficiente.

Riesgos y responsabilidades

Uno de los desafíos que enfrentan las empresas que optan por este mecanismo, es la logística compleja asociada a la ejecución de los proyectos. “El contribuyente asume el desarrollo del proyecto a su propio riesgo, lo que incluye sobrecostos y posibles retrasos. Por ello, es esencial una estructuración adecuada y un seguimiento riguroso para mitigar estos riesgos”, explicaron los expertos. Además, si el proyecto no se entrega conforme a lo previsto, el contribuyente sigue obligado a abonar el porcentaje del impuesto a la Dian, junto con los intereses moratorios correspondientes.

Para minimizar estos riesgos, es fundamental contar con contratos bien estructurados que asignen claramente los riesgos, además de implementar mecanismos de incentivo que aseguren el cumplimiento de plazos y estándares de calidad.

“Acordar contratos a precio global y fijo, así como contratar sociedades fiduciarias con experiencia, puede ayudar a evitar sobrecostos y asegurar una adecuada ejecución”, recomendaron Jaramillo y Forero.

Incentivos extrafiscales y resultados visibles

El atractivo del mecanismo no solo radica en los incentivos fiscales, sino también en la posibilidad de que las empresas tengan una influencia directa en la gestión de recursos públicos y en la mejora de sus comunidades. De acuerdo con María Catalina Jaramillo y Mario Alejandro Forero, de Brigard Urrutia, este enfoque genera un interés adicional en el programa, ya que permite a los contribuyentes contribuir de manera tangible al desarrollo social, señalaron los expertos.