Ucrania

Acreedores de Ucrania congelarán dos años la deuda externa de US$20,000 millones

Tenedores de bonos pospondrán los pagos de intereses de 13 bonos soberanos ucranianos con vencimiento entre 2022 y 2033

Reuters

Los acreedores extranjeros de Ucrania respaldaron su solicitud de congelación de dos años de los pagos de casi US$20,000 millones en bonos internacionales, según una declaración reglamentaria presentada, una medida que permitirá al país devastado por la guerra evitar un impago de la deuda.

Los acreedores extranjeros de Ucrania respaldaron su solicitud de congelación de dos años de los pagos de casi US$20,000 millones en bonos internacionales, según una declaración reglamentaria presentada este miércoles, una medida que permitirá al país devastado por la guerra evitar un impago de la deuda.

Sin señales de paz o de un alto el fuego en el horizonte, casi seis meses después del inicio de la invasión rusa el 24 de febrero, los tenedores de bonos acordaron posponer los pagos de intereses y capital de 13 bonos soberanos ucranianos con vencimiento entre 2022 y 2033.

El gobierno de Kiev presentó el 20 de julio una solicitud de consentimiento, que es una petición formal para acordar con los acreedores cambios en los contratos de deuda soberana.

Ucrania dijo que ahorraría unos 5,000 millones de dólares en los próximos 24 meses para gestionar sus menguantes recursos financieros.

BlackRock, Fidelity International, Amia Capital y Gemsstock Ltd se encuentran entre los mayores tenedores de deuda ucraniana, cuyo valor se ha desplomado en más de un 80% desde que comenzó la concentración de tropas rusas en sus fronteras a fines de 2021.

Cualquier modificación necesitaba la aprobación de los tenedores de al menos dos tercios de todos los bonos y más del 50% de cada emisión en circulación, mostraron los documentos para la solicitud de consentimiento.

"Ucrania ha recibido y aceptado los consentimientos de alrededor del 75% del importe principal agregado de los valores en circulación", indicó el documento.

Otra solicitud de consentimiento aprobada por los acreedores incluye cambios en unos 2,600 millones de dólares de los denominados "warrants" del PIB, un valor derivado que desencadena pagos vinculados al Producto Interno Bruto de un país.

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