La ministra de Minas reiteró que “no se firmarán más contratos para la exploración”

Una vez más la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, dijo que hasta 2026 no se asignarán más contratos para la exploración de petróleo y gas en el país. Las declaraciones las hizo aún sin la segunda confirmación del Ministerio de Hacienda.

Vélez hizo el comentario en Davos, Suiza, en donde se desarrolla el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), evento en el que también se encuentra el presidente de la República, Gustavo Petro, y el jefe de la cartera económica, José Antonio Ocampo.

“Decidimos que desde la Administración Petro no vamos a conceder más contratos de exploración de gas y de petróleo. Sabemos que ha sido un tema polémico, pero consideramos que es una señal clara de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático”, dijo la ministra en Davos.

La jefe de la cartera también insistió en que el carbón perderá su mercado. “Sabemos que muy pronto los países que son los importadores de carbón no lo van a hacer más y nosotros necesitamos generar una economía alternativa lo más rápido posible”, agregó.

Dicha decisión, según Vélez, sería “una medida ya tomada”. Sin embargo, la última vez que se habló del tema, en octubre de 2022, el ministro de Hacienda Ocampo aseguró que era una posición que no se había discutido aún y se debía hablar con el presidente Petro.

Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), actualmente la cifra de los contratos que ya se encuentran asignados se elevaría a más de 331 suscripciones. De los cuales, cerca de 120 estarían en la fase exploratoria, mientras que alrededor de 150 representarían un estado exploratorio. Los restantes estarían suspendidos, entre ellos, vale la pena aclarar, se cuentan todos los contratos sin importar el tipo, estado o etapa en el que estos se encuentren.

Las consecuencias
En octubre de 2022, el Marco Fiscal del Mediano Plazo (Mfmp), documento que prevé lo que serán los ingresos y egresos de la Nación, afirmó que el sector minero energético aportaría 0,1 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento del PIB total en 2022, y de cerca de 0,3 p.p. al de 2023.

En ese entonces, las previsiones de crecimiento que se manejaban para 2023 eran cercanas a 3%, por lo que se podía deducir que el aporte de la industria de los hidrocarburos al crecimiento del PIB iba a ser de 10%.

Con la última proyección del Banco de la República, que apunta a que el crecimiento del país para este año será de 0,5%, este anuncio del cese de concesiones para la exploración podría tener un impacto de hasta 0,05 p.p. en el crecimiento que tenga el país en 2023.

Fedesarrollo también publicó a finales de 2021 un informe sobre los retos que tendría el país respecto a la transición energética. En él se demostró que en caso que el país deje de explorar petróleo este año, para 2030 la producción pasaría de 810.000 barriles por día equivalente (Bpde) a menos de 194.000 Bpde, lo que se traduciría en un decrecimiento de cerca de 76,1% del potencial que se tiene proyectado.

“Los que hay son suficientes”
En octubre de 2022, Vélez dijo que el país no iba a suscribir más contratos nuevos de exploración y explotación. Esto, afirmó, “no es una decisión caprichosa”, sino que actualmente hay 117 contratos en exploración cuya viabilidad es posible que satisfagan las necesidades a corto plazo del país.

“Todavía tenemos ahí recursos que podrían convertirse en reservas importantes tanto en gas como en petróleo, entonces no queremos salir a presionar la frontera extractiva en un contexto de crisis climática y ambiental global sin antes haber resuelto qué está pasando con esos contratos”, dijo.

“El Gobierno analizará los cerca de 180 contratos, luego veremos si son necesarios nuevos contratos”, dijo Ocampo en noviembre de 2022, allí agregó que cualquier transición energética que reduzca las exportaciones “tendría que ser gradual” y por ende se debe priorizar el autoabastecimiento de gas”.

Precisamente para ese mismo mes, la ANH y la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) anunciaron que habría una nueva mesa técnica para revisar no solo 180, sino 380 contratos y entender cuáles están quietos por razones asociadas con el orden público, la conflictividad social y los trámites ambientales, entre otros.