Estabilidad macroeconómica y productividad: la agenda económica del próximo gobierno colombiano
lunes, 10 de agosto de 2026
El próximo gobierno colombiano enfrentará el reto de combinar crecimiento económico y estabilidad macroeconómica. Para lograrlo deberá avanzar en disciplina fiscal, productividad, inversión, formalización laboral, transición energética y fortalecimiento institucional.
Jair Albeiro Osorio Agudelo
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El reto central del próximo Ejecutivo colombiano consiste en articular una senda de crecimiento sostenido con la estabilidad macroeconómica, en un contexto de desaceleración estructural derivada del endurecimiento monetario global, la contracción de la inversión privada y la persistente incertidumbre regulatoria interna.
En el plano fiscal, la prioridad es la consolidación mediante ampliación de la base tributaria, reducción de la evasión y racionalización del gasto, sin comprometer la formación bruta de capital. La regla fiscal debe preservarse como ancla nominal, garantizando una trayectoria sostenible de la deuda pública en función de la interacción entre crecimiento, costo de financiamiento y balance primario. La credibilidad institucional resulta determinante para reducir la prima de riesgo país y abaratar el costo del endeudamiento soberano.
En materia productiva, urge superar el modelo de crecimiento basado en la acumulación de factores y transitar hacia ganancias sostenidas de productividad total. Ello exige diversificar la estructura exportadora, hoy concentrada en bienes primarios, insertar al aparato productivo en cadenas globales de valor con mayor contenido tecnológico, y fortalecer los encadenamientos entre universidades, centros de I+D y sector empresarial.
La informalidad laboral, uno de los índices más elevados de la región, erosiona el recaudo y la sostenibilidad del sistema de protección social; su reducción requiere disminuir costos no salariales de contratación y simplificar la regulación empresarial. Paralelamente, la infraestructura logística (vial, portuaria, energética y digital), continúa siendo un cuello de botella para la competitividad, lo que hace indispensable fortalecer las asociaciones público-privadas bajo reglas contractuales estables.
Las asimetrías territoriales exigen avanzar en descentralización fiscal y administrativa mediante una distribución eficiente de competencias entre la Nación y las Entidades Territoriales, acompañada de mecanismos robustos de rendición de cuentas. En el frente monetario, debe preservarse la coordinación entre las autoridades fiscal y monetaria, respetando la autonomía del Banco de la República como garantía de estabilidad de precios.
El fortalecimiento del mercado de capitales, profundización del mercado accionario y de bonos corporativos, junto con mayor inclusión financiera, resulta esencial para movilizar el ahorro hacia proyectos productivos y reducir el costo del capital. En el sector externo, persisten déficits estructurales en cuenta corriente que demandan mayor diversificación de mercados y sofisticación exportadora.
La transición energética plantea un desafío fiscal singular, dada la dependencia de los ingresos públicos respecto de los hidrocarburos; su gestión exige gradualidad técnica y fuentes alternativas de ingreso que acompañen la sustitución hacia energías renovables. El cambio climático, por su parte, obliga a incorporar criterios de resiliencia en la planificación territorial y la infraestructura.
La acumulación de capital humano, mediante mejoras en calidad educativa, formación técnica y adaptación a la automatización, constituye la política con mayor rentabilidad social de largo plazo, mientras la transformación digital demanda cerrar brechas de conectividad y fortalecer marcos regulatorios que equilibren innovación y protección de datos.
El fortalecimiento institucional, transparencia, seguridad jurídica y eficiencia regulatoria, reduce costos de transacción y constituye, junto con la evaluación sistemática de políticas públicas basada en evidencia, un determinante reconocido del crecimiento de largo plazo.
Finalmente, la política económica debe adoptar un carácter marcadamente contracíclico: acumular espacio fiscal en las fases expansivas para disponer de capacidad de respuesta ante choques externos. La coherencia entre disciplina macroeconómica, transformación productiva e inclusión social constituirá el determinante fundamental del éxito de la próxima administración.