Los retos económicos que hereda el nuevo gobierno

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El nuevo equipo de gobierno que este 7 de agosto asume la responsabilidad de dirigir y
orientar el funcionamiento del Estado desde el orden nacional en Colombia encuentra
situaciones cuando menos críticas que tendrá que entrar a atender. Recibe un país con
una situación fiscal desbordada. Un déficit primario que supera el 3,5% del PIB, de
acuerdo con los últimos datos reportados por CARF, una deuda que como porcentaje del
PIB supera el 60% y una senda de gasto que se ha acelerado de manera inusitada en lo
corrido del último año.

Por otro lado, recibe el gobierno entrante un país con un déficit energético en el que la
demanda de energía eléctrica frente a la oferta supera el 4%, sin haber descontado el
efecto que el fenómeno del Niño o “Súper” Niño podría adicionar. Un país en el que el
precio que se paga por el gas natural, esencial para activar el componente térmico de
generación eléctrica del país y atender las necesidades de los hogares en Colombia se ha
incrementado en 5 veces producto de la necesidad de tener que importar más de la mitad
de lo que se requiere, contando con una única regasificadora disponible, SPEC, de cuyo
funcionamiento dependemos casi en su totalidad para avanzar en la regasificación
respectiva. Un resultado de las desatinadas políticas que en materia energética
implementó el gobierno saliente.

También recibe un país en el que el modelo de atención en salud se encuentra
atravesando momentos críticos producto de la insuficiencia de recursos financieros, en
parte, debido a la negativa del Estado de tomar las medidas necesarias para viabilizar el
funcionamiento de las EPS y al permanente deseo de modificar estructuralmente un
sistema con imperfecciones y oportunidades de mejora a un escenario en el que el
aseguramiento en salud queda en el aire, en el mejor de los casos, si no es bajo el riesgo
de captura política a nivel regional.

Hereda el gobierno entrante un país con rezagos monumentales en materia de
infraestructura, con proyectos de cuarta y quinta generación que no se han terminado y
por supuesto, con una deuda histórica de poder conectar el territorio nacional de manera
efectiva y sostenible.

Recibe también este gobierno un intento de reforma integral de la Ley 30 de 1992,
radicada el pasado 20 de julio, en el que prácticamente anula el espacio para pensar en
un modelo educativo pueda concebirse como una combinación entre esfuerzos público y
privado, prevaleciendo lo primero frente a lo segundo sin considerar las nefastas
consecuencias de estatización absoluta de la educación.

Pero, lo más preocupante es que este gobierno está recibiendo un país en el que la
inversión y especialmente la inversión privada, motor de cualquier economía
contemporánea, se ha visto seriamente limitada por razones que van desde la falta de
certidumbre jurídica en sectores tan importantes como el de hidrocarburos y demás
minero energéticos, como también en diferentes sectores de la economía que requieren
de importantes decisiones de inversión.

La sistematicidad de declaratorias de emergencias invocadas en el gobierno saliente,
con los tributos que se han establecido y los que se han querido establecer en la
economía, han mermado la confianza inversionista, que se resume en los niveles de
riesgo país que hoy asumimos en Colombia.

Será una tarea compleja reencausar la economía, poner la casa en orden y poder llevarla
de manera exitosa durante estos cuatro años a estadios diferentes y por supuesto mejores
a los observados hoy, donde la confianza institucional y la seriedad en la planeación y
ejecución de las políticas públicas serán decisivas para el futuro del país.