"El desafío principal es preservar y defender la institucionalidad y la seguridad jurídica"

“Si no se logra controlar la corrupción, ningún plan de Gobierno logrará estrechar las brechas sociales”. Este es para Jaime Cubillos, socio de Posse Herrera Ruiz, uno de los principales desafíos que debe superar Colombia este año, sin importar si hay una corriente política de izquierda, derecha o centro dirigiendo el país. Además, no desestimó que hay que trabajar para demostrar y dejar claro que “la sociedad respalda la institucionalidad”.

¿Cuáles son los tres principales desafíos que ve en 2024?

Vivimos una coyuntura política tensa, donde se lanzan ataques permanentes a través de redes sociales sin filtros. El desafío principal, en este momento, es preservar y defender la institucionalidad y la seguridad jurídica, y no permitir que coyunturas políticas tengan la potencialidad de poner en riesgo una estructura de Estado con contrapesos reales. El reto está en proteger a nuestras Altas Cortes, Congreso, Gobierno, Fuerzas Armadas y Policía, órganos de control, alcaldías y órganos territoriales, de manera que todos reciban un mensaje claro que la sociedad respalda la institucionalidad por encima de cualqu ier circunstancia política.

Sin embargo, el reto principal histórico y de nuestro país, sigue siendo controlar la corrupción. Nunca se podrá producir un cambio social efectivo cuando gran parte del presupuesto del Estado se pierde a través de la corrupción. No importa si es un Gobierno de centro, izquierda o derecha, porque la corrupción no tiene banderas. Si no se logra controlar la corrupción, ningún plan de Gobierno logrará estrechar las brechas sociales.

¿La incertidumbre política es un tema que está influyendo la asesoría legal en Colombia?

La incertidumbre política como tal no debería tener un impacto profundo en la asesoría legal, salvo que a través de la política se pretenda hacer cambios de fondo en nuestro sistema constitucional y legal y romper con una tradición respetuosa de las instituciones. Todo inversionista entiende que un país evoluciona económica y socialmente a través fenómenos políticos, y que un país como Colombia, con retrasos significativos en materia social, será siempre objeto cambios y nuevas ideas para tratar de estrechar las brechas sociales. Por eso, el llamado al cambio, de por sí, no preocupa. Preocuparía si el Gobierno, en lugar de construir sobre lo que ya tenemos, y que nos ha costado mucho, tome un camino que pretenda destruir y empezar de cero o que pretenda implementar reformas sin respetar los procesos institucionales.

Se habla mucho del constante cambio de las reglas de juego ¿Qué tanta seguridad jurídica hay y cómo esto está afectando la consolidación de negocios?

Alejándonos del ruido mediático del día a día, Colombia ha demostrado ser un país que, en general, respeta las reglas de juego y respeta las instituciones. En este Gobierno y en gobiernos anteriores, hemos visto que el sistema general de contrapesos en nuestras ramas del poder público ha funcionado. Hemos visto un sistema judicial maduro, independiente y con carácter. Hemos visto un Congreso deliberando. Hemos visto un sistema electoral que ha funcionado. La institucionalidad se ha mantenido y eso es lo que al final de cuentas buscan los inversionistas.

Muchos proyectos están quedando varados, desiertos o son demandados porque hay enredos en temas como la licitación ¿Hay vacíos legales en este tema?

Los proyectos en Colombia usualmente no quedan varados por vacíos legales, sino por falta de voluntad política o por desorden o falta de experiencia en la coordinación del aparato administrativo. La ejecución de proyectos por parte del Estado requiere de una coordinación administrativa compleja. El Gobierno no puede pretender simplemente sacar adelante proyectos o grandes cambios con anuncios o cambiando las reglas establecidas para contratos que ya están ejecutándose.

¿Cree que uno de los sectores más afectados por esto será el de la infraestructura? ¿Cuánto se podría frenar?

Definitivamente, la infraestructura es un sector que requiere voluntad política y una coordinación administrativa y articulación con el sector privado y mercados financieros. El reto del Gobierno es mantener la confianza de los actores del sector infraestructura y de los financiadores. Cambios drásticos de las reglas de juego podrían derivar en incumplimientos de la ANI frente a los Concesionarios y de estos frente a los financiadores de los proyectos y en el peor de los escenarios, en demandas locales o internacionales.

La gran noticia es la ejecución del Presupuesto ¿Por qué podría ser demandada la manera en que el Gobierno lo quiere ejecutar si fue aprobado por el Congreso?

Fue aclarado y corregido con el decreto de yerros. Esto resalta la importancia de la prensa, oposición y el sistema político general para no permitir desviaciones del Gobierno, voluntarias o involuntarias. Es importante precisar que el Presupuesto establece la forma en la que el Gobierno debe emplear los recursos públicos, asignando su destino específico. Luego de aprobado, el Gobierno debe expedir su decreto de liquidación, que debe estar acompañado de un anexo que contenga el detalle del gasto, que es la base del proceso de ejecución y es lo que se corrigió con el decreto de yerros.

Contexto
Otra de las preguntas hechas a Jaime Cubillos, socio de Posse Herrera Ruiz, fue sobre cuáles eventos internacionales también pueden representar un desafío legal este año: “Los precios de commodities, que impactan los precios de alimentos, y son sensibles a las guerras. Las elecciones en EE.UU. Y a nivel regional, elecciones en Venezuela y el impacto de nuevos gobiernos como Argentina y El Salvador, que empiezan a contrarrestar un ciclo de gobiernos de izquierda y centro-izquierda”.