Los cinco grandes temas que enfrentará el Gobierno para el periodo 2018-2022

Iván Duque, con sus más de 10 millones de votos, se convirtió en el presidente de la República que más apoyo ha recibido en las urnas, y arranca con una imagen favorable de 52% según la más reciente encuesta de Yanhaas. Sin embargo, llega a la Presidencia de un país sumido en el pesimismo, y la polarización.

El analista político Germán Medina es claro en que el presidente Duque tiene que trabajar en la unidad nacional. “La campaña mostró polarización y él (Duque) lo dijo, ahora quiere gobernar para todos. Será más difícil por los casi ocho millones de votos de Petro, pero el presidente hoy es Iván Duque”.

Para superar esta problemática, el analista Moisés Naím cree que Duque tendrá que empezar a acercarse a la oposición para llegar puntos de encuentro, pero más allá de la polarización, el nuevo inquilino de la Casa de Nariño debe moverse rápido para lograr prontamente resultados en cinco temas claves como la implementación de los acuerdos de paz, la reducción de los cultivos ilícitos, la emergencia social venezolana, la reforma a la justicia y la lucha contra la corrupción.

El presidente Duque ha dicho varias veces que hará diversas modificaciones a los acuerdos logrados con las Farc, principalmente en temas de justicia. Más allá de qué ocurra con estos planteamientos, no se puede dejar a la deriva a los más de 6.000 excombatientes, y el mandatario debe decidir cómo mover los $129 billones que este Gobierno dejó listados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo para implementar los acuerdos de paz durante los próximos 15 años. Otro tema espinoso que tiene que resolver el nuevo presidente es la continuidad de los diálogos de paz con el ELN, que actualmente parecen estancados.

También relacionado con la paz, es necesario que el presidente electo trabaje en la reducción de cultivos ilícitos. El viernes, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que Colombia tiene 180.000 hectáreas de coca, lo que es cuatro veces la cifra de 2012, el punto más bajo del Gobierno Santos. El plan quinquenal que presentó el ministro Villegas tiene como meta bajar a 90.000 hectáreas sembradas en 2023, pero en la política antidrogas de Duque habrá que ver cómo evolucionan los planes de erradicación forzosa de cultivos ilícitos y si vuelven herramientas como las aspersiones aéreas.

Sobre Venezuela, es evidente que la situación del país vecino ha causado problemas sociales en varias regiones del país. El profesor del Politécnico Grancolombiano Julio César Botero explicó que la estrategia del nuevo Gobierno irá en doble vía. “Lo primero es desarrollar todas las operaciones necesarias para ofrecerle a los venezolanos en Colombia una estadía digna; pero al mismo tiempo se debe denunciar al régimen, a la vez que se le cierra la puerta al narcotráfico y al comercio para asfixiarlo”.

El cuarto punto urgente que el presidente Duque debe empezar a trabajar es el de la reforma a la justicia, y sobre este punto no son pocos los asteriscos que la opinión pública le puso a la propuesta del mandatario electo. La idea de unificar las tres altas cortes no cayó del todo bien entre los analistas, y el candidato del Partido Liberal, Humberto De La Calle, hasta dijo que se ponía en riesgo la tutela. Más allá de eso, el ciudadano necesita una reforma a la justicia con la que no sienta que los delitos que más lo afectan, como el hurto a personas, quedan impunes, y que además permita disminuir la descongestión de los juzgados.

El último punto tiene que ver con la lucha contra la corrupción, que según cuentas del contralor se lleva al menos $40 billones al año. El 20 de agosto los ciudadanos votarán la consulta anticorrupción, pero sin importar si ese mecanismo consigue o no los votos necesarios, el presidente tiene que actuar, sobre todo viendo cómo ha empeorado el país en índices como el de Transparencia Internacional.

Implementación de la paz y diálogos con el ELN

Uno de los retos más importantes que tiene que afrontar el nuevo presidente de la República es continuar la implementación de los acuerdos de paz. Si bien Iván Duque dijo en campaña que haría modificaciones a lo pactado con las Farc, mientras se define el rumbo que tomarán estas modificaciones, el presidente no puede dejar en el limbo a los más de 6.000 excombatientes de la guerrilla, y más cuando en el Marco Fiscal de Mediano Plazo recientemente presentado se destinan $129,5 billones para ser ejecutados durante los próximos 15 años. Además de lo que haga el nuevo mandatario para evitar que los excombatientes vuelvan a tomar las armas, también está el asunto de qué hacer con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ya que los diálogos con esta guerrilla están todavía en una etapa inicial de desarrollo.

El presidente tendrá que controlar los cultivos ilícitos

En la primera parte del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, la reducción de los cultivos de coca era uno de sus principales orgullos, ya que recibió un país con 61.811 hectáreas de esta planta en 2010 y en 2012 ya se habían reducido a 47.788 hectáreas. A partir de ahí, este problema ha tenido un crecimiento vertiginoso, al punto que el reporte que dio el viernes pasado el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dio cuenta de que en 2017 Colombia llegó a 180.000 hectáreas sembradas de coca. En el mismo reporte, el ministro de esta cartera dijo que el plan quinquenal para la reducción de los cultivos ilícitos tiene estrategias para que Colombia vuelva a estar en niveles de 90.000 hectáreas en 2023; pero aún esos niveles son el doble de lo que alcanzó a tener el país en el mejor momento del gobierno del presidente Santos.

Habrá que atender la emergencia de Venezuela

La situación social que ha provocado el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela es un problema que también tiene que ocupar al nuevo presidente. Más allá de llevar a Maduro ante los organismos internacionales y la estrategia multilateral de denuncia, la emergencia social debe ser contenida y controlada en Colombia. De acuerdo con las más recientes cifras de Migración Colombia, actualmente están entrando al país unos 50.000 venezolanos al día, lo que representa un incremento de 15.000 personas diarias frente a los 35.000 que se reportaban en 2017. Si bien es cierto que no todos se quedan, los datos de la entidad migratoria revelan que a finales del año pasado había 796.072 venezolanos con pasaporte en el país, más del doble del dato de 2016 (378.965). Esta migración masiva necesita de un plan de atención del Gobierno.

La justicia necesitará de una reforma urgente

Uno de los temas que más se ha movido en los últimos años, luego de los escándalos de corrupción en la Rama Judicial, es la inminencia de la reforma a la justicia, y más después de que el último intento de hacerlo fue un fracaso. En campaña, el presidente Duque deslizó la idea de unificar las tres altas cortes, algo que ha tenido una oposición muy fuerte en la opinión pública. Así no se unifiquen las cortes, hay temas que habrá que discutir, como la pertinencia de los poderes electorales de las cortes, la permanencia de la Comisión de Acusaciones y un tema aún más difícil: la financiación de la Rama Judicial. En 2016, por ejemplo, la entonces presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Margarita Cabello Blanco, hablaba de que la inversión en justicia debería ser de 3% o 5% del PIB, lo que implica, al menos, triplicar el presupuesto.

La corrupción deberá ser atacada por el Gobierno

El expresidente Julio César Turbay pasó tristemente a la historia gracias a su célebre frase “hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones”. El nuevo presidente debe mostrar una gran determinación para acabar con este flagelo, que en cuentas del contralor Edgardo Maya cuesta unos $40 o $50 billones al año. A menos de 20 días de su posesión, el nuevo presidente verá cómo los ciudadanos votan por la consulta anticorrupción presentada por el Partido Verde, que tiene como puntos principales mayores controles a los congresistas, menores salarios para los parlamentarios, eliminación de beneficios judiciales para los corruptos y lineamientos claros en contratación pública. Si la consulta pasa, el presidente debe implementarla, pero si no logra la participación de 12 millones de personas, el mandatario deberá idear su propia propuesta.