Fiscal asegura que persistirá "hasta el último día" en la defensa del Estado de derecho

El presidente, Gustavo Petro, envió a la Corte Suprema de Justicia la terna para remplazar al actual fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Este último, con un 3,0, fue el que recibió el mejor puntaje en la Encuesta Empresarial de La República, que reúne las percepciones de 500 empresarios de diversos sectores. En conversación con este Diario, Barbosa hizo un balance de su gestión al mando de la entidad y aseguró que seguirá defendiendo el Estado de derecho y la institucionalidad.

Entre los retos que enfrentará el próximo fiscal, según Barbosa, está tener una visión clara de la entidad, del país, de la criminalidad y de la gerencia pública. Pero hay temas que quiere dejar al día, como el caso Odebrecht, además de seguir avanzando en las tasas de esclarecimiento.

En el tiempo que le queda en el cargo, también deberá liderar casos como el de Laura Sarabia y el más reciente de Nicolás Petro, que piensa colaborar con la Fiscalía.

Le quedan poco menos de seis meses al frente de la Fiscalía General de la Nación. ¿Cuál es el balance de su gestión?

Hemos hecho un gran esfuerzo por cambiar el paradigma de gerencia judicial y de investigación en la Fiscalía. Los resultados están ahí, a la vista de todos. Llevamos el acceso a la justicia penal a los territorios que más la necesitaban, es decir, sacamos a la Fiscalía de los escritorios y la acercamos a la gente.

Hicimos que todas las dependencias de la institución trabajen en equipo y hablen un mismo idioma, algo que en años anteriores había sido muy difícil de lograr. Y sacamos un mejor provecho de todos nuestros recursos investigativos, pensando en un impacto estratégico a la criminalidad organizada. Todo eso lo hicimos, en buena medida, de la mano de funcionarios que llevaban ya una extensa y prestigiosa trayectoria en el organismo. Siempre habrá desafíos y cosas por mejorar, pero estoy tranquilo con el trabajo realizado.

¿Cuál es la tasa de esclarecimiento que proyecta dejar al final de su gestión?

En la actual administración hemos alcanzado tasas de esclarecimiento históricas para los delitos priorizados, y al finalizar el periodo se proyecta que estas tasas sigan aumentando. Mire, por ejemplo, en el tema de homicidios, al inicio de la administración se tenía una tasa de avance de esclarecimiento de 27,38%, la tenemos a hoy en 43,21% y al finalizar este periodo se proyecta que se llegará a 43,51%, logrando un incremento de 16,13 puntos porcentuales. Por su parte, en investigaciones por feminicidio se proyecta alcanzar como mínimo, una tasa de 96,83%, lo que implica un crecimiento de 15,9 puntos porcentuales respecto a la tasa recibida al inicio del periodo, cuando estaba en 80,93%. Actualmente la tenemos en 96,75%.

Adicionalmente, en homicidios colectivos la tasa proyectada al final de la administración es de 76,33% para hechos de tres víctimas, y de 90,51% para hechos con más de tres víctimas.

Esta tendencia de mejora se proyecta también para los otros delitos priorizados. Así, en violencia sexual se proyecta alcanzar una tasa de 37,57%, es decir, 21,2 puntos porcentuales más que la tasa que recibió la administración, que estaba en 16,37%, a hoy la tenemos en 36,27%. En violencia intrafamiliar se proyecta entregar la tasa en mínimo 56,22%, es decir 40,76 puntos porcentuales más respecto a la tasa recibida al inicio de la administración, cuando estaba en 15,46%, actualmente la tasa está en 52,89%.

En lo que va corrido de la actual administración se ha logrado que sean otorgadas 188.363 medidas y 172.344 condenas. Es importante señalar que a la fecha 304.171 casos se encuentran en juicio.

¿Cómo ha sido la lucha contra el crimen organizado?

Un reto difícil, porque el crimen organizado no tiene la misma dinámica de hace unos años. Lo que hicimos fue concentrarnos en superar la metodología del abordaje del caso a caso, para pensar en la asociación de investigaciones y en el impacto multidimensional a estos grupos delincuenciales.

Sobre la base de una experiencia importante que tuvimos en la Unidad Especial de Investigación, en cabeza de la señora vicefiscal, y con el conocimiento acumulado que tenían nuestras dependencias, vimos que podíamos concentrar toda la información probatoria que teníamos en contra de las organizaciones criminales y desmantelarlas en proyectos investigativos de largo aliento, que apuntaran a la judicialización de sus cabecillas. En esto ha radicado la mayor parte de nuestro éxito en el esclarecimiento de los hechos de violencia priorizados. A lo anterior sumamos un componente mucho más fuerte de impacto a las finanzas criminales.

¿Cuáles son los resultados que ha dejado hasta el momento?

Durante el periodo que adelanta esta administración, la Fiscalía ha logrado que sean capturados 29.794 integrantes de diferentes grupos delincuenciales; 6.885 corresponden a integrantes de las Disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional y el Clan del Golfo. De estas, 853 fueron contra cabecillas. Las restantes 22.909 capturas corresponden a impactos realizados a 3.679 estructuras locales.

Entre los cabecillas destacados que logramos la captura están, del Clan del Golfo: Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel; Juan José Valencia Zuluaga, alias Andrea o Fálcon; Eris Ernel Bertel Vargas, alias Pantera; Héctor Manuel Oviedo Morelo, alias Osama; y Sandes Samir Duarte Jiménez, alias Bufeto.

¿Cuáles son los temas en los que trabajará en el tiempo que le queda en la Fiscalía?

Creo que es importante consolidar las estrategias que hemos demostrado que funcionan y dejarle un legado a la Fiscalía General de la Nación en materia de investigación, judicialización y de gerencia eficiente en la lucha contra el crimen. Naturalmente, seguiremos avanzando en el esclarecimiento de los casos que preocupan al país. Y algo muy importante: la defensa de las instituciones y del Estado de derecho, cada vez que sea necesario y de cara al país. En eso persistiré hasta el último día de mi mandato.

¿Siente que le queda algo pendiente que, quizás, lo alcance a solucionar en estos meses restantes al frente de la Fiscalía?

Siempre habrá temas importantes sobre la mesa que esperamos tener el tiempo de trabajar. Hay que entender que, en ejercicio de la acción penal, las decisiones no pueden tomarse a la ligera, necesitan sustento jurídico y suficiencia probatoria. Mi expectativa es seguir avanzado en nuestras tasas de esclarecimiento, seguir dando resultados al país y dar una respuesta efectiva en los temas más connotados. Son muchos los asuntos. Solo para ponerle un ejemplo, nos propusimos dejar resuelto todo lo relacionado con el caso Odebrecht y pienso que hemos dado pasos muy importantes en ese propósito.

¿Cuáles son los retos que enfrentará el próximo fiscal?

El fiscal general necesita tener una visión clara de la entidad, del país, de la criminalidad y de la gerencia pública. De discursos, teorías y reflexiones no podemos vivir, porque las ideas hay que ejecutarlas. Es por eso que haber sido un buen jurista en las aulas o en los despachos podría no ser suficiente. Hay que liderar. La persona que llegue debe empeñarse en conocer toda la Fiscalía y esforzarse por trabajar con quienes, durante tantos años, han piloteado las estrategias. Los retos en materia de paz, orden público, criminalidad organizada y preservación de la institucionalidad no van a ser fáciles.

¿Cuál es el análisis que usted puede hacer de la seguridad actual del país?

Hay preocupaciones que no pueden ignorarse. La articulación de las políticas de seguridad con el componente de investigación y judicialización es vital. Pero es muy difícil avanzar en esto si el país no sabe para dónde va en esa materia. Como siempre he señalado, a la Fiscalía le corresponde solo una pequeña parte, que es la represión del delito una vez este ocurre. Sin embargo, el componente preventivo es del Gobierno Nacional y aquí yo nunca he visto una política clara ni coherente. La ciudadanía tiene la sensación de que está prevaleciendo la búsqueda de gabelas y tratos generosos para los delincuentes, en medio de una iniciativa de paz desordenada, y que esto implica, a su vez, un sacrificio para la autoridad que debe imponer un Estado de derecho.

Se espera que, en esta legislatura, el Gobierno insista con sus proyectos en materia judicial ¿Qué observaciones tiene?

Mis observaciones a los proyectos de ley del Gobierno siempre han sido muy puntuales y constructivas, con argumentos jurídicos en la mano. Nos interesa que haya un marco de sometimiento de las estructuras criminales que garantice los derechos de las víctimas. Un proceso de paz que respete los estándares jurídicos internacionales en materia de derechos humanos. Que no intenten meterle al país, por la puerta de atrás, micos que beneficien desproporcionadamente a cabecillas de organizaciones narcotraficantes y terroristas. Son líneas rojas, cosas elementales, que no pretenden desconocer el margen de configuración en las políticas del Gobierno.

¿Cómo van los procesos que tienen mayor connotación mediática, como el caso Odebrecht o el de Laura Sarabia?

En Odebrecht hemos logrado avances sin precedentes, que han incluido escalar la atribución de conductas punibles hasta sus protagonistas más relevantes. Allí seguiremos avanzando y dando resultados. Sobre casos puntuales como el de Laura Sarabia, las indagaciones avanzan, pero en eso siempre he sido muy cauteloso: respeto a la autonomía e independencia de los fiscales, decisiones basadas en derecho y suficiencia probatoria, es todo.

La Fiscalía imputó formalmente Nicolás Petro. La sorpresa fue que piensa colaborar con la Fiscalía. ¿En qué aspectos podría brindar información adicional Nicolás Petro?

Sobre eso no puedo decirle nada distinto a lo que el país ya ha visto en los medios de comunicación. Los mecanismos de negociación y terminación anticipada del proceso están consagrados en la ley y, si es necesario, la Fiscalía hará uso de ellos. Solo con el avance del proceso conoceremos el alcance de esa colaboración y las consecuencias procesales que de ello se deriven. En lo que a la Fiscalía respecta, la orientación es muy sencilla: corroboración probatoria, preservación de las garantías constitucionales y respeto a las competencias de los otros órganos de investigación penal consagrados en la Constitución y la ley.