Autoridades a las que puede acudir si es víctima de usura

El “gota a gota” en no es únicamente un préstamo ilegal con intereses elevados. En la práctica, se trata de un fenómeno que puede involucrar estructuras criminales y múltiples conductas penales que van más allá de la usura.

Según explica el abogado penalista Juan Francisco Navarrete, este tipo de esquemas rara vez se limita a un solo delito: “El fenómeno ‘gota a gota’ rara vez se agota en la sola usura: con frecuencia concurre con extorsión, amenazas, constreñimiento ilegal, lesiones, concierto para delinquir e incluso lavado de activos”.

¿Cómo se configura la usura?

Desde el punto de vista legal, la usura está tipificada en el artículo 305 del Código Penal colombiano, el cual establece que se configura cuando se cobra una utilidad que supera en la mitad el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia.

En línea con esto, Diego Andrés Navarro Rangel, líder de Procesos Disciplinarios en Grupo Protección, explica que “el delito de usura se configura por el cobro de intereses que exceden de manera evidente los límites legales establecidos, es decir, muy por encima del interés bancario corriente permitido”. Además, advierte que estas prácticas suelen escalar: “en numerosos casos están acompañadas de presión, intimidación e incluso violencia, lo que puede dar lugar a otros delitos como la extorsión o el constreñimiento ilegal”.

Sanciones por delitos conexos

En Colombia, la usura contempla penas de 32 a 90 meses de prisión, además de multas entre 66,66 y 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sin embargo, cuando el “gota a gota” involucra amenazas, violencia o estructuras organizadas, pueden sumarse delitos como extorsión, concierto para delinquir o incluso lavado de activos, lo que incrementa significativamente las penas.
De acuerdo con el Ministerio de Justicia y del Derecho, cobrar intereses por encima de los límites legales es una conducta denunciable que puede dar lugar a investigaciones penales.

¿Qué hacer si es víctima?

Frente a este tipo de situaciones, la reacción debe ser inmediata. Navarro Rangel recomienda no enfrentar al prestamista de manera directa y acudir a las autoridades: “Lo más seguro es interponer una denuncia ante la Fiscalía o la Policía y documentar todas las pruebas posibles”.
Es decir que a pesar de que haya aceptado pagar un crédito, eso no justifica cobros violentos o persecución, por lo que tiene derecho a reportarlo y recibir ayuda de las autoridades. Para que el proceso sea exitoso es esencial conservar evidencia como mensajes, audios y registros de llamadas y solicitar medidas de protección si hay riesgo.

Más allá del castigo penal, los expertos coinciden en la necesidad de medidas estructurales. Navarro Rangel advierte que se requiere fortalecer la protección a las víctimas, mejorar el acceso al crédito formal y promover estrategias de educación financiera que permitan identificar estos riesgos.
Asimismo, el Ministerio de Justicia y del Derecho ofrece orientación a través de herramientas como LegalApp, donde los ciudadanos pueden conocer sus derechos y las rutas de acción frente a cobros ilegales. El “gota a gota” es una manifestación de criminalidad que trasciende el ámbito financiero y se ubica en el terreno penal y de seguridad. No se trata únicamente de intereses abusivos, sino de un sistema que puede involucrar amenazas y violencia.

Aunque la legislación colombiana contempla sanciones severas como prisión y multas, su efectividad depende en gran medida de la denuncia y de la capacidad del Estado para investigar no solo la usura, sino los delitos conexos que la acompañan. Como advierten los expertos, el reto está en abordar el fenómeno de manera integral: fortalecer la protección a las víctimas, mejorar el acceso al crédito formal y desarticular las redes criminales que sostienen estos esquemas.

Acceso al crédito formal con fintechs

En Colombia, el acceso al crédito formal incluye opciones como créditos de consumo, microcréditos y productos ofrecidos por fintech, que han ganado terreno por su rapidez y procesos digitales. Según la Superintendencia Financiera, estas alternativas buscan ampliar la inclusión financiera, especialmente para personas sin historial crediticio, mediante el uso de tecnología y evaluación con datos alternativos. Estas opciones representan una vía más segura y regulada frente a esquemas informales.