Entre lo ideal y la realidad: retos de la reforma laboral

En Colombia, más de la mitad de los trabajadores son informales. Según el Dane, el 56,8% de los ocupados entre febrero y abril de 2025 carecía de protección social, mientras que el trabajo por cuenta propia aumentó en 528.000 personas, un 7% más que el año anterior. Esta tendencia confirma la fragilidad del mercado laboral y la urgencia de avanzar hacia empleos dignos, con jornadas reconocidas y acceso efectivo a derechos.

La reforma laboral propuesta por el Gobierno fue objeto de amplia controversia, pero debe reconocerse el esfuerzo del Senado por construir una versión más técnica y consensuada, que incorporara tanto las demandas de los trabajadores como las preocupaciones del sector empresarial. Mientras unos reclamaban mayor estabilidad y formalización, los otros advertían sobre los mayores costos y rigideces que podrían golpear sobre todo a las Mipyme, responsables de cuatro de cada cinco puestos formales.

El texto final aprobado por la Comisión Cuarta modificó 31 artículos, mantuvo 41 y eliminó 9. Entre las novedades se destacan medidas para impulsar la formalización, como el contrato a tiempo parcial y reglas específicas para las Mipyme, así como el incentivo Crea Empleo para contratar jóvenes, mujeres y adultos mayores. También se fortaleció el rol de los aprendices del Sena, elevando su auxilio al 75% de un salario mínimo en fase lectiva y al 100% en fase práctica, con acceso a salud, pensión y riesgos laborales. En la misma línea, por fin se estableció la formalización gradual de las madres comunitarias, reconociendo su papel esencial en el cuidado infantil.

Hay elementos positivos como el restablecimiento progresivo del recargo dominical a 100% y el reconocimiento de recargos nocturnos desde las 7:00 p.m. Se regula por primera vez el trabajo en plataformas digitales, presumiendo la existencia de relación laboral para garantizar derechos básicos. También se promueven esquemas más inclusivos de contratación, como la obligación de vincular personas con discapacidad. Se incorporan además disposiciones para fomentar el empleo verde, azul, cultural y se amplían derechos a mujeres cabeza de hogar y migrantes. Todo ello se articula con avances previos impulsados durante mi labor como Ministro de Trabajo, como la reducción gradual de la jornada laboral a 42 horas semanales establecida en la Ley 2101 de 2021, lo que refleja una tendencia continua hacia la mejora de las condiciones laborales en Colombia.

Sin embargo, persisten riesgos ya que la reforma no viene acompañada de un plan de productividad, capacitación ni reconversión laboral y deja abiertos interrogantes sobre el desempleo juvenil, que supera 17%. Las obligaciones adicionales podrían desincentivar la formalización si no se combinan con alivios tributarios ni financiamiento para las MiPyme. El peligro de que la norma se traduzca en más informalidad, en lugar de menos, es real que merece seguimiento.

En suma, la reforma es un avance frente al texto inicial, pero su impacto dependerá de cómo se implemente. Sin políticas complementarias de empleo, formación y apoyo empresarial, corre el riesgo de quedar en el papel. La atención se centra ahora en el Ejecutivo si el objetivo era proteger a los trabajadores, deberá garantizar reglamentación oportuna, recursos para la inspección laboral y un programa agresivo de formalización. De lo contrario, si todo respondió a una estrategia de campaña, pronto quedará en evidencia que los compromisos laborales fueron más discurso que voluntad de cambio.