La reforma laboral es la gran urgencia del sistema de jubilación

Desde abril, cuando lo hablaron en el décimo congreso de Asofondos, el mensaje de los fondos de pensiones fue claro: se necesita una reforma pensional. Aunque todos los actores están de acuerdo con eso, y entre las principales preocupaciones están el costo fiscal y el peso de los subsidios en el régimen público, el presidente del gremio, Santiago Montenegro, fue enfático en decir que es más urgente una reforma laboral.

El presidente de Porvenir, Miguel Largacha, es claro en señalar que el primer elemento que debe contemplar una eventual reforma pensional es ampliar la cobertura del sistema, porque las cifras sobre los cotizantes son preocupantes, por cuenta de la alta informalidad laboral.

Si este fenómeno se ve desde los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), 48,5% de los trabajadores de las 23 ciudades que mide la entidad está por fuera de la formalidad. Sin embargo, esta medición está alineada con criterios internacionales, y no necesariamente está relacionada con la participación de los empleados en la seguridad social.

En el Marco Fiscal de Mediano Plazo de este año, el Ministerio de Hacienda hizo un balance sobre informalidad laboral en el que decía que “de acuerdo con el criterio de afiliación a pensiones, entre 2012 y 2016 la informalidad ha caído de 69% a 63,7% en el total nacional y de 56,8% a 50,4% en las 13 principales áreas metropolitanas”.

Aunque el documento del Ministerio de Hacienda destaca el avance que ha tenido el país en la reducción de la informalidad, resalta que este es uno de los grandes desafíos que enfrenta la economía colombiana, y es que de acuerdo con las cifras que presentaba Asofondos en su congreso, la informalidad en el mercado laboral colombiano es 1,7 veces la que hay en Chile y 12 veces la que se ve en España.

La falta de cotización constante al sistema de pensiones causada por la informalidad laboral tiene como principal consecuencia el evitar que los trabajadores logren una pensión. De acuerdo con estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los colombianos cotizan en promedio 15 años, cuando la norma les exige cerca de 26 años para poder obtener una pensión en el régimen público y unos 23 años para conseguirla en el privado.

Debido a eso, el presidente de Anif, Sergio Clavijo, resalta que “tenemos un riesgo alto de indigencia para los ancianos. Hoy hay 5,5 millones, de los cuales solo 1,2 millones está recibiendo una pensión; cerca de 2 millones son atendidos por Colombia Mayor, recibiendo montos exiguos; y hay cerca de 2 millones de personas que no reciben atención”. Esta situación será peor para 2050, cuando según las cuentas de Clavijo el número de adultos mayores sin atención podría llegar a 10 millones.

Además de eso, en su discurso de clausura del congreso de Asofondos, Montenegro resaltó que la informalidad no trae solo problemas futuros, sino que ayuda a ahondar los inconvenientes de fondeo actuales que tiene el sistema público colombiano, ya que reduce drásticamente el número de trabajadores disponibles para cubrir el pago de las pensiones.
“ Si trasladamos estas cifras (de informalidad) a nuestra relación de trabajadores activos a adultos mayores, encontramos que, en lugar de 6,7, solo tenemos dos. Para ser más preciso, en Colombia solo tenemos dos trabajadores cotizando a pensiones por cada adulto mayor de 65 años. Esta es la relación que tiene un país de población muy envejecida, como Japón, y es la tasa que, teniendo en cuenta solo la transición demográfica, deberíamos alcanzar hacia 2060. Es como si la informalidad nos envejeciera prematuramente, pero no con el ingreso per cápita de un país rico”.

Ese envejecimiento aparente de la población que causa la informalidad hace que no sea posible pensar en una reforma pensional sin mejorar las condiciones de creación de trabajos formales. Para eso, son varias las recetas que se han propuesto durante los últimos años.

La primera de ellas, varias veces mencionada por Anif, es continuar con la disminución de los costos parafiscales que tienen que pagar las empresas por los trabajadores formales. La presentación que hizo en Asofondos Carmen Pagés, representante del BID, mostraba que a partir de 2013, cuando la reforma tributaria de 2012 redujo los costos no salariales de 53,3% a 44,8%, el porcentaje de trabajadores que cotizan a pensiones aumentó casi seis puntos porcentuales.

Otra de las fórmulas que se han propuesto es la flexibilización de las condiciones de cotización, para atender las necesidades de un mercado laboral en el que es cada vez más común que un trabajador tenga varios empleos y cobre por días u horas, y no por quincenas o mensualidades.
Una alternativa más, también varias veces mencionada, es la creación de un salario mínimo por regiones, que reconozca las particularidades del mercado laboral de las diferentes ciudades. Esta opción, sin embargo, es políticamente más complicada.

Las cuentas de la reforma
Los jugadores del sistema pensional todavía no quieren destapar sus cartas sobre los artículos que debe tener la reforma pensional, aunque las bases están claras. El presidente de Porvenir, Miguel Largacha, explicó que básicamente debe aumentar la cobertura, reducir los subsidios y hacer sostenible el sistema. Hay otros elementos con menos consenso que se evalúan para un eventual proyecto, como el marchitamiento de Colpensiones, el aumento de los aportes que se hacen a pensión y hasta el incremento de la edad de jubilación.