La seguridad vial: el corazón de la industria automotriz

En 2020, Colombia emprendió una ambiciosa reforma para elevar los estándares de seguridad de la industria automotriz. Lo que comenzó como un esfuerzo legítimo por reducir una de las tasas de siniestralidad más altas de América Latina derivó, sin embargo, en tensiones diplomáticas y comerciales con Estados Unidos y en una creciente preocupación para la industria en Colombia, México y Brasil.

Cuatro normas técnicas -relacionadas con frenos, cinturones de seguridad, vidrios y llantas- quedaron estancadas, atrapadas en un cruce de tecnicismos legales, intereses económicos y políticas públicas con implicaciones sociales de largo alcance. El núcleo del debate residió en la decisión del gobierno colombiano de no reconocer los estándares Fmvss (Federal Motor Vehicle Safety Standards) de Estados Unidos, bajo el argumento de que su sistema de autocertificación difería del modelo colombiano que, pretendía, exigir la verificación por terceros.

Esta interpretación, inicialmente liderada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv), ignoró que los Fmvss están respaldados por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (Nhtsa, por sus siglas en inglés) y que han sido adoptados por múltiples países, participando activamente en campañas globales de seguridad. El mejor ejemplo lo tenemos con los airbags defectuosos del proveedor japonés Takata que afectó a más de 50% de la producción mundial de vehículos.

Las consecuencias no tardaron en evidenciarse: más de 50 % de los vehículos nuevos que ingresan al país (cerca de 100.000 unidades) provienen de fabricantes que emplean los estándares estadounidenses. Su exclusión se interpretó como barreras técnicas al comercio, potencialmente violatorias del Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos. Para un mercado como el colombiano, que en 2024 representó apenas 0,2 % de las ventas mundiales de automóviles, esta posición resultó poco estratégica. Exigir condiciones inviables amenazaba el ingreso de los últimos modelos, encarecía la oferta, reducía la variedad de tecnologías disponibles y ponía en duda la permanencias de las redes de servicio y posventa.

Ante este panorama, el gobierno colombiano, liderado por las ministras de transporte y comercio, realizó una tarea de revisión y reflexión alrededor de la nueva regulación y sus consecuencias. El entendimiento de la situación por parte de la Ansv y su coordinación con el Viceministerio de Transporte permitió avanzar hacia una solución que brindará tranquilidad a la ciudadanía. Esto significa que los reglamentos hasta el mes de agosto del 2026 no entrarán en vigencia y se mantendrá el marco actual de certificación, el cual reconoce las normas estadounidenses (Fmvss) sin restricciones.

La fórmula acordada incluye, además del aplazamiento de la vigencia de las normas en cuestión, la realización de un estudio técnico dirigido a propiciar la coexistencia de reglamentaciones internacionales. Este estudio, que se pondrá en marcha una vez entre a regir la nueva resolución, permitirá encontrar las equivalencias entre los estándares de Naciones Unidas (Foro WP.29) y los Fmvss estadounidenses. La Ansv, encargada del proceso, contará con el respaldo de entidades como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Superintendencia de Industria y Comercio, las misiones diplomáticas de los países interesados y de todo el sector automotor.

El objetivo es claro: demostrar que los vehículos fabricados bajo estándares americanos ofrecen un alto nivel de seguridad y que, bajo una regulación armónica, pueden convivir con los requerimientos internacionales aceptados en otros mercados. Esta medida permitirá proteger la vida de los ciudadanos sin cerrar las puertas a tecnologías avanzadas, eficientes y ambientalmente responsables.
La seguridad vial exige una política pública coherente, donde los reglamentos técnicos sean sólo una parte del engranaje. El compromiso debe incluir infraestructura segura, formación ciudadana, fiscalización eficaz y una regulación construida con evidencia y diálogo, entre otras acciones.
Salvar vidas seguirá siendo una prioridad irrenunciable, el sector automotor esta comprometido con esta política a través de mecanismos de autoregulación e investigación permanentes. Pero garantizar el acceso de los ciudadanos a vehículos seguros y modernos también involucra al Estado. Esta experiencia abre el camino para una regulación más moderna, articulada con el sector privado y con la comunidad internacional, que ponga a la seguridad vial en el centro de la movilidad más allá de los soportes documentales.

Es el momento de fortalecer la cooperación internacional, acoger sus mejores prácticas y concertar de manera conjunta la regulación entre los distintos actores. Una política pública integral debe proteger vidas y, también, garantizarle a la ciudadanía el derecho a escoger libremente las alternativas acordes a sus posibilidades para disfrutar de una movilidad segura, sostenible y ambientalmente responsable.