Ministro de Salud y director del Dane, los mejor calificados del Gobierno Duque

En un país con sus principales ciudades y carreteras amenazadas por bloqueos y el vandalismo, Alberto Carrasquilla Barrera renunció al Ministerio de Hacienda a comienzos de mayo, luego de que el presidente Iván Duque anunciara el retiro de la reforma tributaria con la que se buscaba recaudar $23,4 billones.

Al frente de la cartera quedó poco después José Manuel Restrepo, entonces titular del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, quien asumió el cargo con un enorme reto: buscar consensos en el Congreso para aprobar una reforma tributaria que, aunque lejos de ser estructural, lograra calmar los mercados financieros que, en ese momento, ‘olían sangre’ y amenazaban con convertir a Colombia en un ‘ángel caído’, como llaman en Wall Street a los países y empresas que pierden el grado de inversión y pasan a ser catalogados de alto riesgo crediticio.

Y aunque Standard & Poor’s y Fitch Ratings le quitaron a Colombia el grado de inversión, Moody’s lo mantuvo: hoy la economía está por encima de su nivel prepandemia y la brecha del producto se cerraría en el segundo semestre de 2022.

“Para el cierre de este año Colombia va a tener un recaudo fiscal que va a ser por lo menos $9 billones superior a lo que teníamos contemplado”, explicó Restrepo en un reciente foro de Corficolombiana. “Vamos a hacer un gran esfuerzo para reducir el déficit fiscal más rápidamente de lo que se había previsto, porque el crecimiento nos está mostrando un resultado también más rápido de reactivación de lo que teníamos previsto”, señaló el segundo ministro mejor calificado del gabinete del presidente Iván Duque, en la XXV Encuesta Empresarial de LR, con una calificación de 3,6.

Aun así, los expertos coinciden en que el principal desafío sigue siendo el fiscal. “Colombia necesita un ajuste fiscal enorme y el reto es aumentar los impuestos en un contexto de inestabilidad política e inconformismo social”, dijo el economista chileno y profesor de la Universidad de California, Sebastián Edwards, en la última Convención Bancaria, al ‘entregar’ dos noticias: “la mala, que el país no va bien en crecimiento y tiene que lanzar un set de políticas que funcione. La buena, que es posible hacerlo.”

Tal como había sucedido en las dos encuestas anteriores, los más de 500 empresarios consultados por LR calificaron al ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, como el mejor del gabinete con una nota de 4,0. Médico de la Universidad Javeriana, donde también cursó una maestría en economía, que complementó con un máster en Salud Pública y Ocupacional, en la Universidad de Harvard, Ruiz Gómez es doctor en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud Pública de México.

En un país polarizado, Ruiz Gómez ha ejercido un liderazgo sereno desde el comienzo de la pandemia en marzo del año pasado y, pese a los cuestionamientos por la demora en el inicio del plan de vacunación, siempre sostuvo que las decisiones de compra de los biológicos fueron tomadas con rigor técnico y que la estrategia se basó en la adquisición de un portafolio diversificado.

“Cerramos noviembre 30 con 433.282 dosis aplicadas y un total de 57.521.165 millones en todo el país. El desafío para diciembre es la aplicación de segundas dosis. Todos debemos ser conscientes de la importancia de aplicarse la segunda dosis”, escribió en su cuenta de Twitter.

Augusto Galán Sarmiento, Director Así Vamos en Salud y también exministro, califica la gestión de Ruiz Gómez como “técnica y disciplinada ante un reto complejo que impactó al mundo y al país no solo en sus sistemas de salud, sino en los de Protección Social y sobre las condiciones socioeconómicas de la población. Se ha trabajado en equipo, no solo al interior del ministerio, sino en la relación con los demás agentes del sistema de salud”.

Y si bien durante 2021, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, ha tenido menos exposición mediática y figuración, se mantiene entre los mejor calificados con una nota de 3,2, superior a la del promedio del gabinete (3,0).

“El liderazgo del ministro ha sido fundamental para la generación de vivienda de interés social en la región y para el dinamismo de la actividad”, señala Alejandro Callejas, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca. “Los beneficios de la política de vivienda han permitido que, incluso en épocas de pandemia, la venta de vivienda en este segmento sea la gran protagonista, gracias a las bajas tasas de interés y a los subsidios del programa Mi Casa Ya”.

Con una calificación similar (3,2) figuran la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana; el presidente Iván Duque; y otros miembros de su gabinete, como María Victoria Angulo, ministra de Educación; Ángela María Orozco, ministra de Transporte, y Diego Mesa, ministro de Minas y Energía.

“Desde Colfecar reconocemos que la ministra de Transporte y su equipo siempre han estado dispuestos a escucharnos y a presentar resultados de avances en las obras de infraestructura vial que necesita el país”, explicó Nidia Hernández Jiménez, presidenta del gremio.

“A Diego Mesa le tocó afrontar dos crisis casi consecutivas del sector de hidrocarburos, una pandemia y una transición energética, que muchos apenas están entendiendo qué significa para el país”, señaló Luis Guillermo Acosta, director ejecutivo de Acipet. “El ministro sabe que Colombia debe ser partícipe de los esfuerzos mundiales para mitigar el cambio climático. De esta manera, se ha avanzado en la implementación de proyectos de energías renovables e iniciativas para descarbonizar la canasta energética colombiana”.

Los retos del MinSalud en 2022
“La situación financiera es compleja por varias razones”, dice el exministro Augusto Galán Sarmiento. “Primero, no se han cancelado los recursos derivados del acuerdo de Punto Final para saldar deudas atrasadas a las EPS e IPS. Segundo, la UPC no se actualizó adecuadamente; el tercer pico entre abril y julio fue muy costoso en vidas, en gastos hospitalarios y deterioró las finanzas de las EPS y de las IPS. Tercero, se continúan presentando déficits por los requerimientos de pagos de atenciones no financiadas por la UPC y pagadas mediante el mecanismo de techos presupuestales, que parece agotado”.