Desafíos del Gobierno entrante

El próximo 21 de junio, Colombia decidirá quien liderará el país desde el ejecutivo por los siguientes 4 años. Las alternativas se han ubicado en dos extremos totalmente opuestos en el espectro político, no obstante, en materia económica es de resaltar la importante agenda que deberá tener en consideración el equipo de gobierno ganador a efectos de enfrentar los retos que este gobierno deja en la agenda del país.

En primer término, el gobierno entrante de este 7 de agosto recibe una economía con fuertes problemas de financiamiento desde la lógica fiscal. Con un déficit primario que, de acuerdo con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal – CARF supera ya el 3,6% del PIB y que de acuerdo con las cifras del Ministerio de Hacienda y Crédito Público asciende a 60,3% del PIB. Una situación retadora, si se tiene en cuenta el tamaño del mercado de capitales y la alta concentración de la deuda en agentes tan sensibles para el sistema económico como los Fondos de Pensiones, al menos en lo que concierne a la deuda pública interna.

Esta situación precaria fiscalmente hablando que es de entera responsabilidad del actual gobierno, explicado por la contracción de ingresos de la nación provenientes del sector de hidrocarburos, pero también amplificado por un nivel de gasto no que ha crecido a niveles no consecuentes con las dinámicas de ingreso observados durante este cuatrienio.

Un segundo punto igualmente preocupante tiene que ver con la situación del sistema pensional colombiano. A la fecha el país sigue expectante de la decisión de la corte constitucional producto de la revisión que se encuentra en curso de la Ley 2381 de 2024, una vez suspendió su aplicación. Será tarea del gobierno entrante avanzar en el cumplimiento de lo indicado por la corte y tomar las medidas que efectivamente sean necesarias para reglamentar y ajustar lo necesario para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional colombiano conforme las indicaciones de la alta corte.

En materia de salud, el gobierno entrante tendrá el desafío de destrabar los cuellos de botella que este gobierno deja frente a los diferentes giros que el gobierno debe desembolsar a las EPS para su funcionamiento, revisar el valor de la UPC y por supuesto, definir el mecanismo de aseguramiento que considere idóneo para garantizar un adecuado funcionamiento del sistema a la par de una adecuada calidad y oportunidad en la prestación del servicio de salud.

En materia energética el gobierno entrante tendrá que entrar a garantizar un sistema energético en el país que pueda retornar a ser, no solamente confiable en medio de situaciones tan adversas como las que seguramente el segundo semestre del año enfrente el país, producto del fenómeno meteorológico del Niño, sumado a un momento en el que la soberanía energética del país que se hereda del gobierno saliente, es cuando menos retadora, si se tiene en cuenta el déficit de gas que deja y los altos costos que implica abastecerse de gas importado. Según cifras de la UPME y la CREG, pasamos de importar 0,3% a no menos del 18% del gas que se demanda en el país. Lo anterior, sumado a que solo el 18% de la potencia proyectada que necesita el país se ha logrado incorporar exitosamente para atender la demanda y que el 55% de las obras de transmisión nacional y regional no cumplen sus fechas de inicio de operación, dejando inhabilitados cerca de 143 proyectos de generación de energía eléctrica.

En materia de comunicaciones, el sector viene sufriendo importantes transformaciones y parte de los desafíos más importantes se concentrarán en garantizar una efectiva dinámica competitiva pese a los escenarios de concentración del sector que se viene observando. Un adecuado funcionamiento del sector resultará esencial para insertar al país en la era de conectividad y de desarrollos y adecuadas implementaciones de IA en iniciativas públicas y privadas.

Dentro de los grandes desafíos que el gobierno entrante asume es retomar una senda de estímulo a la inversión pública y privada, un elemento fundamental para dinamizar el crecimiento económico y de esa forma poder atender la agenda social del país. El sistema económico en su conjunto requiere un gobierno que garantice certidumbre jurídica, que estimule la iniciativa privada, que fortalezca las instituciones, que prevalezca el análisis técnico y riguroso en cada una de las instancias de gobierno y que permita que nuestra economía de mercado logre de manera efectiva y eficiente convertirse un sistema económico atractivo para el mundo en materia de inversión y con oportunidades para generar valor y cerrar las brechas sociales en cada uno de sus frentes.