Camacol Risaralda no está conforme con el nuevo POT

Pereira era una de las ciudades intermedias con mayor desarrollo del sector de la construcción, sin embargo, para Camacol Risaralda el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, que impone nuevas directrices, ha representado una desaceleración de 54% en las licencias de construcción en esta capital en los dos últimos años.

La dinámica del sector de la construcción trae varias consecuencias para la capital del Risaralda, donde se estima que hay más de 134.000 hogares, de los cuales 95% perciben ingresos por debajo de los dos salarios mínimos mensuales y la necesidad de vivienda influye a, por lo menos, 75.000 familias.

“Por cada vivienda que se construye en Pereira se generan cuatro empleos, es decir 21.000 empleos anuales. De enero a mayo del año pasado se crearon 2.500 puestos de trabajo, en esos meses de 2018 fueron 100”, sostiene el concejal Steven Cárdenas Espinosa.

A ello se agregan otros efectos como el recaudo de Impuesto Predial. Mientras en 2017 Pereira recaudó $593 millones por Predial y $1.500 millones por Deberes Urbanísticos, en la proyección para este año se prevé $1.500 por Deberes Urbanísticos y $800 por Predial.

Igualmente, en el impuesto a la construcción con el POT anterior, Pereira recaudó la cifra de $4.200 millones, con el actual se prevé más de $1.049 millones.

“Una vivienda más no es solamente una vivienda más, es un predio que año tras año está pagando impuestos al municipio de Pereira, genera más empleo y trae una matrícula más a las empresas de servicios públicos”, destacó el concejal Cárdenas.

El indicador que evidencia el potencial de la construcción en la capital de Risaralda es el desempleo, que es uno de los más bajos del país (8,7% a junio 2018).

La entrada en vigencia del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Pereira, establecido en el acuerdo 035 de 2016, ha representado para esta capital una disminución de 54,2% en las licencias de construcción durante el primer semestre de 2018, según Camacol.

Con corte al 30 de junio pasado, en Pereira se habían licenciado alrededor de 80.584 m2, lo afecta en especial a los proyectos para estrato tres que en los primeros seis meses del año obtuvieron apenas 5.541 metros cuadrados licenciados, es decir una reducción de 79%.

Esto significa 902 viviendas aprobadas para construcción, menos de la mitad de las registradas en el mismo lapso del año pasado cuando la cifra sobrepasó las 2.000 unidades.

En el vecino municipio de Dosquebradas, distante apenas tres kilómetros a través del viaducto César Gaviria, el repunte de este sector ha sido vertiginoso desde la entrada en vigencia del nuevo POT, lo que demuestra las múltiples oportunidades de la construcción en Risaralda.

Los constructores tienen varios proyectos en Dosquebradas, donde el crecimiento del área licenciada superó 146,4% en el primer semestre de 2018 con 175.579 metros cuadrados. Esto es, 2.112 unidades de viviendas aprobadas, en especial los estratos tres y cuatro y en la VIS.

El POT anterior era más amigable en términos de normatividad y exigencias, dicen los constructores de la ciudad de Pereira.

“Esto afecta no solo a los empresarios y constructores sino al ciudadano en general, porque los nuevos gravámenes del POT actual como el de deberes urbanísticos implican mayores costos de licenciamiento, entonces la gente prefiere hacer su obra en la casa de manera informal sin la licencia de la Curaduría, y los empresarios están trasladando sus proyectos”, explicó Víctor Baza Tafur, gerente de Camacol Regional Risaralda.

Según el Gerente Regional de Camacol, Víctor Baza, “como no es sino cruzar el viaducto, la mano de obra no calificada, los constructores y hasta los compradores se han trasladado a Dosquebradas”. Una nueva oportunidad para los constructores de la capital.

El plan de ordenamiento de la discordia
La Administración de Pereira defiende el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial vigente desde diciembre de 2016, argumentando que fue “consensuado durante varios años con todos los sectores”. Sin embargo, el Concejo Municipal, los constructores y la ciudadanía dicen que sus nuevas exigencias son la causa de la desaceleración del sector en los dos últimos años. Son dos puntos los más sensibles: la distancia de los proyectos de las corrientes hídricas, tema que se está reglamentando con la CAR de Risaralda, y el impuesto de Deberes Urbanísticos, que impone nuevas compensaciones económicas.