Capital y seguridad: las claves de la transición
martes, 21 de julio de 2026
En varias carteras estratégicas, el país tuvo cuatro y hasta cinco ministros en apenas cuatro años. Cada relevo implicó cambios de prioridades, equipos, mensajes y reglas de juego
Carlos Augusto Chacón Monsalve
El gobierno de Gustavo Petro termina su mandato con una lección clara. Durante cuatro años la incertidumbre operó como política de Estado, y el resultado confirmó que la confianza, el crecimiento y la prosperidad exigen reglas estables.
Esa incertidumbre tuvo una expresión clara en la alta rotación ministerial. En varias carteras estratégicas el país tuvo cuatro y hasta cinco ministros en apenas cuatro años. Cada relevo implicó cambios de prioridades, equipos, mensajes y reglas de juego. La consecuencia fue un Estado que reaccionó más a las coyunturas políticas que a una estrategia consistente de desarrollo. Cuando ni siquiera el propio Gobierno transmite continuidad, difícilmente pueden hacerlo los inversionistas, los empresarios o los ciudadanos.
El próximo gobierno recibirá, además, una situación fiscal particularmente compleja. El déficit fiscal cerró 2025 en 6,4% del PIB y entre enero y abril de 2026 acumula ya 2,2% del PIB. Se trata de un desbalance estructural, visible en el balance primario neto estructural, aquel que aísla los efectos estacionales y se concentra en los ingresos y gastos propios del Estado colombiano. Esa brecha alimenta el endeudamiento y el endeudamiento presiona el presupuesto.
El servicio de la deuda absorbió en 2025 el 21,4% del Presupuesto General de la Nación, dentro de un rango que en los últimos quince años ha oscilado entre 17,3% y 23,6%, mientras el gasto de funcionamiento pasó de representar 55,2% del presupuesto en 2015 a 62,6% en 2025. El resultado es un círculo vicioso entre déficit, deuda y déficit que reduce cada año el margen para financiar prioridades como la seguridad y la infraestructura.
Más allá de las cuentas fiscales, el reto de fondo será reconstruir los incentivos para producir, invertir y generar empleo formal en un país donde la informalidad laboral alcanza el 54,7% y cerca del 41% de los ocupados trabaja por cuenta propia, un patrón estructural que revela cuánto emprendimiento colombiano es de subsistencia (de horizonte corto y escasa formación de capital) frente al emprendimiento productivo.
Durante los últimos cuatro años el sector empresarial enfrentó una política pública que multiplicó la incertidumbre. La confrontación constante con el sector privado, la inseguridad jurídica, las decisiones que amenazaron los derechos de propiedad privada y el incremento de cargas regulatorias debilitaron la confianza, el principal activo de cualquier economía.
Particularmente preocupante fue el tratamiento dado al sector minero-energético, cuyo deterioro premeditado explica buena parte de la caída de los ingresos fiscales visible desde 2024. La transición energética fue desordenada, porque desincentivó la inversión en las industrias tradicionales sin haber construido alternativas suficientemente maduras que las sustituyeran; e incongruente, porque mientras se satanizaba la actividad extractiva formal, el ecosistema jurídico y político de la Paz Total exacerbó las economías extractivas ilícitas, que generan una presión mucho mayor sobre el medio ambiente y fortalecen las estructuras criminales que hoy disputan el control territorial.
La clave del próximo cuatrienio estará en construir un marco institucional que incentive la formación de capital como dinamizador del crecimiento económico, acompañado de la recuperación de la seguridad. Ello supone estabilizar el rumbo del Gobierno, respetar el Estado de derecho, fortalecer los derechos de propiedad privada (no solo sobre la tenencia, también sobre el uso del suelo), garantizar la independencia del Banco de la República, proveer justicia eficiente a la ciudadanía y desmontar la tríada de tramitología, rigidez contractual e informalidad que hoy impone costos transaccionales innecesarios sobre quien decide producir en la formalidad.
Desde el Instituto de Ciencia Política hemos insistido en una estrategia de largo plazo con dos frentes complementarios. El primero consiste en lograr un aumento estructural de los ingresos fiscales sin elevar la presión tributaria, lo que dependerá en buena medida de la política que el nuevo gobierno adopte frente al sector minero-energético. El segundo pasa por reducir el andamiaje burocrático del Estado, con un ajuste del gasto cercano a los 55,8 billones de pesos según nuestras estimaciones (cifra que converge con cálculos del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana).
Al final, el éxito de esa agenda se medirá en la vida cotidiana antes que en los indicadores macroeconómicos. Se medirá en que la gente sienta que puede abrir un negocio formal, generarse ingresos propios y dejar de perder poder adquisitivo a causa de la inflación. Un Estado que genera certidumbre y garantiza la seguridad permite que los ciudadanos, las empresas y los inversionistas vuelvan a apostar por Colombia, y que la formación de capital —el ahorro y la inversión de millones de personas— vuelva a ser el motor del crecimiento.