La economía verde: hora de ejecutar

Colombia tiene una ventaja que pocos países en el mundo pueden presumir: la sostenibilidad no es aquí una imposición externa ni una moda corporativa. Es un activo real. Somos el segundo país más biodiverso del planeta, albergamos cerca del 10% de la biodiversidad mundial y en 2025 superamos la meta 30x30 de conservación marina con cinco años de anticipación, con casi el 47% de nuestra zona económica exclusiva bajo algún régimen de protección. Eso no lo tiene ninguno de nuestros competidores regionales.
Pero tener el activo no es lo mismo que capitalizarlo. Y ese es exactamente el desafío del nuevo cuatrienio.

La evaluación de desempeño ambiental de la OCDE de 2026 es clara: el principal cuello de botella de Colombia no es la visión, sino la implementación. El país cuenta con una arquitectura de políticas sólida -Taxonomía Verde, presupuesto de carbono 2026-2030, hoja de ruta de transición energética justa- pero la brecha entre lo que se diseña y lo que se ejecuta sigue siendo el verdadero riesgo estratégico. No es un problema técnico. Es una decisión política.

Aquí es donde el sector empresarial tiene algo que decir. 22 empresas colombianas fueron incluidas en el Anuario de Sostenibilidad 2026 de S&P Global, con tres de ellas en el exclusivo top 1% mundial de sus categorías, seleccionadas entre más de 9.200 organizaciones evaluadas. Eso confirma que el liderazgo sostenible ya no es aspiración en Colombia: es realidad corporativa. Las empresas no están esperando al Estado para avanzar. Están compitiendo -y ganando- en los estándares más exigentes del mundo.
La pregunta es si el entorno institucional y regulatorio está a la altura de esa ambición privada.

Las oportunidades concretas son enormes. En el primer trimestre de 2026, las exportaciones no mineroenergéticas alcanzaron US$6.478,7 millones, creciendo 5,5% frente al año anterior, con agroalimentos, industrias 4.0 y químicos liderando. Esas cifras no son casualidad: son el resultado de empresas que han apostado por trazabilidad, estándares internacionales y sostenibilidad como factor de competitividad. Y el mercado los está premiando.

El Pacto Verde Europeo refuerza esa lógica. La regulación europea sobre productos libres de deforestación está prevista para entrar en vigencia el 31 de diciembre de 2026, lo que convierte la sostenibilidad agroindustrial en un requisito de acceso al mercado, no en una preferencia. Para el café, el cacao, la palma y las flores, cumplir no es opcional. Y Colombia, que vende a Europa cerca de un tercio de sus exportaciones de café, debe cerrar rápido las brechas que aún existen en trazabilidad y formalización en la base productiva.

El nuevo gobierno tiene aquí una agenda clara de ejecución, no de diseño. Tres prioridades concretas: primero, acelerar los marcos regulatorios estables para energías limpias, bioeconomía y mercados de carbono, eliminando la incertidumbre que frena inversión de largo plazo. Segundo, movilizar capital privado verde con incentivos reales, dado que las restricciones fiscales hacen insostenible depender del gasto público para financiar la transición. Tercero, cerrar la brecha entre grandes exportadores preparados y pequeños productores que aún no tienen capacidad de respuesta ante las nuevas exigencias globales.

La sostenibilidad en Colombia ya dejó de ser una aspiración. Hoy es una ventaja competitiva real, medible y reconocida internacionalmente. El reto del próximo cuatrienio es uno solo: convertir esa ventaja en crecimiento, empleo y bienestar. El mundo no va a esperar a que Colombia termine de decidirse. La ejecución empieza ahora.