Las empresas aún no sienten el alivio tributario de la Reforma de 2016

Con la caída de los ingresos del petróleo desde mediados de 2014, al Gobierno no le quedó de otra que echarle mano al bolsillo de los empresarios con figuras como el impuesto a la riqueza o la sobretasa en el impuesto de renta. Un par de años después, con la reforma tributaria de 2016, una de las promesas importantes del proyecto era una reducción en los tributos que pagan los empresarios.

Efectivamente, en las presentaciones que hizo el Ministerio de Hacienda para la discusión de la reforma, se ve que la idea era bajar la tasa del impuesto de renta de 40%, que estuvo en 2016, a 32% en 2019, dejándola en 39% para 2017 y 36% para 2018.

A pesar de la reforma, los empresarios no sintieron el año pasado la mejora en la situación tributaria por varios factores. De acuerdo con Jaime Vargas, socio de EY Colombia, uno de los elementos que impactó a las empresas fue el aumento del IVA, ya que aunque hubieran tenido una reducción en la tasa de sus impuestos, el incremento a los tributos indirectos trajo consigo una reducción en el consumo, lo que a su vez se tradujo en una caída en las ganancias de las empresas.

En segundo lugar, aunque el impuesto a la riqueza desaparecerá paulatinamente, las empresas igual tuvieron que pagarlo el año pasado, ya que lo único que se logró con la reforma tributaria de 2016 fue conservar el cronograma para su extinción.

El tercer elemento viene por cuenta de la gradualidad de la reducción en el impuesto de renta, ya que si bien en 2019 se va a tener una tasa mucho más favorable para los empresarios, en esa transición las caídas son lentas. Además de eso, aún con la baja en los porcentajes, Vargas explicó que los cambios en las normas contables podrían echar para atrás la baja en las tarifas.

“Hubo un cambio de chip brusco por la intromisión por las normas financieras Niif en el cálculo de la carga tributaria de las empresas. Cuando se introdujeron las Niif, se señaló que habría un compás de espera para evaluar el efecto de esas normas, pero a partir de 2017 se elimina esa espera”, indicó Vargas.

Con las normas Niif, explicó Vargas, se dio, en general, una alteración en la manera como las empresas venían liquidando y pagando sus impuestos. “A pesar de que baja la tarifa, la base gravable se amplía con las normas contables. Hay una serie de elementos que hacen que la reducción de la tasa no venga acompañada necesariamente por una reducción en el pago”, afirmó.

Juan Diego Arbeláez, profesor del Inalde, explicó que los mayores cambios introducidos con las Niif son la valoración de las grandes inversiones (propiedad, planta y equipo y otras propiedades de inversión) y la aparición o aumento del impuesto diferido. Sobre ese punto, el profesor señaló que “el hecho de que se posponga un compromiso fiscal no implica que la obligación no existe”. En ese sentido, el profesor indicó que el cambio en las normas contables no trajo una modificación de la realidad económica de las empresas, pero sí mostró qué tan buena había sido la planeación tributaria y su contabilidad.

Más allá de las Niif, la aparición del impuesto a los dividendos implica todo un nuevo cálculo tributario, tanto para las empresas que tienen participación en otras, como para los empresarios y accionistas.

Este comportamiento en las tasas del impuesto se ve de alguna manera reflejado en el incremento esperado en el recaudo, ya que, aunque había una reducción de tarifas, el plan financiero de 2017 mostraba un aumento esperado de 4,63% en el impuesto de renta, y en el de 2018, se espera una subida de 2,05%.

Se creó la figura de Obras por impuestos

Además de los cambios en las tasas de la tributación empresarial, la reforma trajo una nueva figura: las obras por impuestos. Ya fueron aprobados 27 proyectos que beneficiarán a 28 municipios con una inversión de $234.395 millones. La Agencia de Renovación del Territorio recibió las solicitudes de vinculación al impuesto de 30 empresas que quieren, con su impuesto, financiar uno o más proyectos de los municipios Zomac. En el proceso se presentaron ocho empresas industriales y comerciales, ocho firmas de transmisión de energía eléctrica; seis de servicios financieros y otros; y cuatro del sector minero y de hidrocarburos.

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