La reforma laboral: un bastión político en contra de los empresarios
jueves, 31 de octubre de 2024
Nuestro Congreso debería estar orientando todas sus energías en promover leyes que aumenten el interés de la inversión
Mauricio Montealegre L.
Director del Grupo de Práctica Laboral de Gómez-Pinzón Abogados
La aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Representantes fue un triunfo del partido de gobierno. El trámite continuará en la Comisión VII del Senado, donde seremos testigos de una nueva batalla de “estrategias” políticas en el camino de la sanción presidencial de la nueva Ley.
En ocasiones, parecería que la postura del Gobierno con la reforma laboral es caprichosa y sorda con la realidad del país. Mientras el llamado de analistas internacionales expertos en economía es al incremento de la inversión, ojalá fomentada por reformas que aumenten la productividad del país, nuestro Congreso se empecina en discutir una reforma laboral que envía el mensaje contrario. El universo de normas del trabajo colombianas no es perfecto, en eso coincidimos la mayoría de los laboralistas, pero no es el foco de la problemática que afrontamos en materia laboral. Nuestro principal problema radica en la carencia de formalidad en el empleo, la falta de credibilidad de las instituciones, y ahora último en la reducción de inversionistas y creación de negocios. Actualmente, nos acercamos a 60% de informalidad bajo un panorama empresarial que se compone en su mayoría por micro y pequeñas empresas que luchan en el día a día por sobrevivir en una economía golpeada a nivel local e internacional.
Volviendo al tema, la reforma que se discutirá en el Senado no contribuye al incremento del trabajo formal, sino que robustece los derechos de los trabajadores, y por ende aumenta el costo laboral para los empresarios. En este escenario, la pugna se torna política, pues la bandera del Gobierno es la “recuperación” de los derechos que supuestamente fueron arrebatados por un expresidente de ideología contraria, “en defensa de la clase trabajadora del país”, olvidándose de la realidad económica que afronta Colombia. Un Estado que requiere más empleo formal, no puede dirigir su aparato legislativo a la creación de normas que incrementen los costos de operación laboral. Nuestro Congreso debería estar orientando todas sus energías en promover leyes que aumenten el interés de la inversión, asociadas a la formalidad, para garantizar que la fuente del empleo sea sostenible en el tiempo. De esta manera, incluso el Gobierno podría darles sentido a sus reformas pensional, de salud y tributaria, pues tendría en el trabajo una fuente de recaudo de recursos para ampliar las coberturas asistenciales que pretende.
Las últimas noticias de medición nos posicionan en una situación de crecimiento económico crítica, incluso por debajo del promedio de la región más lenta del planeta, siendo esencial que se replantee la estrategia legislativa del país. La reforma laboral no puede ser un ingrediente más del caldo de cultivo que compone nuestra crisis. Necesitamos nuevas empresas, nuevos negocios, más empleo y más dinero. Se hace imprescindible contar con un plan de acción libre de ideología política, en el que se pueda plantear una estrategia de reforma laboral que impulse al empresariado. Como país, no podemos caer en la demagogia de comernos la vaca para luego quejarnos porque no hay leche.