ABC de los cambios que se aprobaron en la Cámara en el debate de reforma laboral

Con 93 votos a favor y 13 en contra, la Cámara de Representantes aprobó el pasado 17 de octubre el proyecto de ley de la reforma laboral, que busca reforzar los derechos y las condiciones laborales de los trabajadores. Este proyecto, que aún debe transitar por el Senado, contempla cambios como la ampliación de la jornada nocturna y ajustes en la remuneración de domingos y festivos. Estos puntos fueron aprobados en la Cámara, pero ahora la iniciativa pasa a la Comisión Séptima del Senado, donde el Gobierno enfrenta el reto de lograr las mayorías necesarias para su aprobación.

Uno de los cambios más discutidos fue la modificación en el horario de jornada nocturna, que actualmente comienza a las 9:00 p.m. Aunque el proyecto del Gobierno pretendía adelantar este horario a las 6:00 p.m., se acordó que el recargo nocturno iniciará a partir de las 7:00 p.m., adelantándose dos horas con respecto al horario actual.

Además, el proyecto establece que quienes trabajen en domingos y festivos recibirán un recargo de 100% sobre la hora ordinaria, un alza respecto al actual 75%. Este ajuste se implementará de forma gradual: en 2025 el recargo será de 80%, en 2026 de 90%, y a partir de julio de 2027 se alcanzará 100%. Además, se redefinió la jornada diurna, que se desarrollará de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., limitando las horas de trabajo diario a ocho y la semana laboral a un máximo de 42 horas, siguiendo la reducción gradual de jornada ya vigente en el país.

El proyecto introdujo límites en los contratos a término fijo, estableciendo que no podrán renovarse más allá de los cuatro años; de hacerlo, el contrato se convertirá en indefinido.

En cuanto a los estudiantes del Sena, el proyecto transforma sus contratos de aprendizaje en contratos a término fijo con derecho a prestaciones sociales. Los estudiantes recibirán 60% del salario mínimo durante su fase lectiva y 100% en la fase productiva. También se incrementó el valor que las empresas deben pagar al Sena en caso de no cumplir con la cuota obligatoria de aprendices, pasando de 1 a 1,5 salarios mínimos.

De acuerdo con Camilo Cuervo Díaz, socio de Holland & Knight, laboralizar el contrato de aprendizaje desincentivará a las empresas, “especialmente a las Pyme, a contratar aprendices, ya que les resultará más conveniente pagar la multa que asumir su contratación”, indicó.

Otro punto fue la ampliación gradual de la licencia de paternidad, que actualmente es de dos semanas. Con esta reforma, en 2025 será de tres semanas, y en 2026 alcanzará las cuatro. En cuanto a las licencias remuneradas, la reforma amplía los escenarios en los que un trabajador puede ausentarse con goce de salario. Estos incluyen emergencias familiares, citas médicas, obligaciones escolares de los hijos, trámites judiciales y casos de violencia de género.

Plataformas digitales

Los trabajadores de plataformas como Rappi tendrán derecho a cobertura en seguridad social. Para los independientes, las empresas asumirán 60% de los aportes en salud y pensión, mientras que el trabajador cubrirá 40% restante. Para aquellos clasificados como dependientes, la plataforma deberá proporcionar las prestaciones completas, incluyendo exclusividad laboral.

La reforma también elimina el contrato sindical, que según la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, ha precarizado a muchos trabajadores, especialmente en el sector salud, donde se concentra 97% de estos contratos. Esta medida busca fomentar la contratación directa y fortalecer la organización laboral. Además, la reforma refuerza derechos sindicales: el artículo 62 protege la libertad sindical, el 63 establece un proceso judicial rápido contra la discriminación por afiliación, el 65 impulsa la paridad de género y el 66 prohíbe pactos colectivos en empresas con sindicatos.

Aunque la reforma busca proteger los derechos de los trabajadores, podría tener efectos negativos, como señaló Camilo García, abogado especialista en derecho laboral de la Universidad Externado de Colombia. “Esto podría resultar en reducción de personal, congelación de contrataciones y aumento de la informalidad en pequeñas empresas”, indicó García. Además, advirtió que “el alto costo de la mano de obra y la sobreprotección a las mujeres podrían desincentivar su contratación, profundizando la informalidad en el mercado laboral”.