Bloqueos en vías y jurisdicción agraria: entre la inseguridad física y jurídica del campo

La tensión entre el derecho a la protesta, los bloqueos, el derecho humano a la alimentación, y la urgencia de una justicia agraria vuelve a encender el debate nacional. Mientras los bloqueos afectan al campo, las posturas políticas parecen alejar acuerdos y soluciones.

Para la congresista Jennifer Pedraza, el punto de partida está en reconocer que las protestas siguen siendo un mecanismo legítimo cuando las instituciones no responden. “Estamos viendo políticos que antes defendían el derecho a la protesta y ahora cualquier manifestación la tildan de golpista”, señaló. Para la representante, los reclamos recientes del sector arrocero y la crisis en Agrosavia muestran que el malestar rural no nace de la nada.

Desde otra orilla, el representante Hernán Cadavid sostuvo que el país ha perdido el respeto por las decisiones de la fuerza pública y las instituciones.

“Aquí lo que ha sucedido es que por la vía de la interpretación jurídica se relativizó el principio de autoridad en Colombia”, afirmó, y rechazó de plano la idea de que existan bloqueos admisibles que vulneren el derecho a la alimentación. Cadavid recordó que este año se han registrado más de 2.100 bloqueos y que las pérdidas para el agro rondan 10.000 millones.

En materia de jurisdicción agraria, aseguró que las garantías judiciales deben conservarse y que los procesos deben seguir en manos de jueces de la República, incluso si se crea una jurisdicción especializada.

El expresidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, coincidió en la necesidad de una ley estatutaria que regule el derecho a la protesta y trace hasta dónde puede llegar antes de vulnerar otros derechos fundamentales, incluido el derecho a la alimentación que, en contextos de bloqueo, se ve comprometido.

Al igual que Cadavid, respaldó la creación de la jurisdicción agraria y subrayó que esta debe conservar plenamente las garantías judiciales actuales, con decisiones adoptadas por jueces y no por autoridades administrativas.

El investigador Rodrigo Uprimny apostó por posiciones equilibradas. “Se deben eliminar esos dos extremos, la idea de que ningún bloqueo es protesta y la de que cualquier bloqueo es admisible”, sostuvo.

Recordando que la legitimidad de la protesta no puede justificar afectaciones desproporcionadas que pongan en riesgo otros derechos fundamentales.

El país enfrenta un reto doble: proteger el ejercicio legítimo de la movilización social y garantizar que la autoridad funcione sin abusos ni excesos.