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“Inamovilidad laboral”: reforma de espalda a las nuevas realidades

Chapman Wilches

La lectura de la propuesta aterra, de quedar lo que los asesores proponen, generará una mortalidad empresarial mayor que la de la pandemia misma

Orianna Gentile

*Coordinadora Casaciones de Chapman Wilches

En las primeras discusiones sobre la reforma laboral, los expertos contratados por el actual Gobierno proponen versiones extremas de los principios básicos del derecho de trabajo, disponiendo incluso consecuencias por la violación de estos, alejándose de la naturaleza de un principio orientador. La lectura de la propuesta aterra, de quedar lo que los asesores proponen, generará una mortalidad empresarial mayor que la de la pandemia misma, especialmente en las micro y pequeñas empresas.

En lo que respecta a la propuesta de estabilidad que defienden los asesores del Ministerio de Trabajo, la misma no es otra cosa que la inamovilidad laboral sin perjuicio de que nos les guste denominarla así, o ¿cómo se puede entender la intensión de eliminar la facultad legal de terminar un contrato de trabajo de manera unilateral, pagando la correspondiente indemnización? O, ¿cómo llamar el hecho de que la desvinculación de un empleado solo proceda cuando media una justa causa, so pena de un reintegro laboral?

Lo dispuesto en los primeros borradores de la reforma en materia de estabilidad implica en la práctica que por cada despido de un trabajador en la pequeña empresa, esta se enfrente a su desaparición, toda vez que, ante un eventual pleito, que en el mejor de los casos dura dos años, en adición al reintegro del empleado, el pequeño empresario tiene que pagar salarios, prestaciones sociales y demás derechos dejados de percibir por el trabajador en el periodo en que estuvo retirado, que en dos años equivaldría a más de 50 millones. Estas condenas conllevarían la inviabilidad de la fuente de empleo. La propuesta muestra una falta de empatía con el micro y pequeño empresario, cuando este país requiere más emprendedores, empleadores que puedan contratar y generar trabajo formal para esos más de 12 millones de colombianos que están entre desempleados e informales.

Con estas normas no se cumple el fin de las leyes de trabajo, que es la coordinación económica y el equilibrio social. Las organizaciones sindicales indican “sin trabajador no hay empresa”, pero se debe agregar que “sin empresa tampoco hay trabajo”, el Estado no tiene la capacidad de ser el único proveedor de empleo en Colombia.

Con esta propuesta se desconoce la evolución del concepto de estabilidad, hay que entender que ya no se trata de un empleo único en el que el empleado labora toda la vida hasta que se pensiona. La estabilidad debe predicarse respecto del mercado laboral y no sobre el mismo trabajo. Se requiere flexibilidad en el ingreso y retiro de trabajadores, lo cual conllevará a la generación de nuevos negocios (emprendedores) y nuevos puestos de trabajo. La contratación o desvinculación no puede ser un obstáculo para la generación empleo. Adicionalmente, la reforma debe concebir un seguro de desempleo robusto, acompañado de un programa pertinente de capacitación, orientado a las nuevas competencias que exija el mercado y demanda laboral. Esta es la verdadera estabilidad laboral.

En Colombia, debemos seguir modelos como el de Dinamarca con su política de flexiseguridad, país que tiene una tasa de desempleo inferior al promedio de desempleo de países Ocde y de las mejores de Europa. La referencia no puede ser España, que tiene la mayor tasa de desempleo de los países Ocde (12,7%) y de las mayores de Europa junto a Grecia, incluso mayor que Colombia.

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