Estado de derecho y empresa

Colombia es un Estado social de derecho, en donde existen libertades para todos sus habitantes de acuerdo con la Constitución y la ley. El ejercicio de la protesta, o mejor, a la reunión en el espacio público, está garantizado y debe permitirse. No es nuevo ni extraño que derechos constitucionales en ocasiones se vean enfrentados. Y tampoco es encontrar la solución para impedir que el ejercicio desbordado de uno impida o anule todos los demás. Es claro que no existe tal cosa como un derecho absoluto y que las restricciones razonables hacen parte de la propia naturaleza de todos los ejercicios de libertad.

Así las cosas, ningún ciudadano puede ejercer algún derecho, individual o colectivamente, que impida a otros el derecho al trabajo, al mínimo vital, al libre desarrollo de la personalidad, a la educación, a la movilidad, a la propiedad privada, a la libertad de empresa y a la seguridad, entre otros, que también gozan de protección constitucional.

Colombia tiene inmensos retos por enfrentar y no son pocas las tareas que deben abordarse desde diferentes dimensiones para lograr niveles de bienestar generalizado, que permitan ingresos y oportunidades para todos. La pandemia, lamentablemente, ha profundizado la pobreza, ha incrementado el desempleo, ha acabado con fuentes de ingreso y ha exacerbado un malestar social que reclama soluciones urgentes para atender las principales preocupaciones de la ciudadanía. Tenemos ya 21 millones de pobres y 3,5 millones de desempleados, menos clase media y menos recursos fiscales para invertir en condiciones para mejorar la productividad y atender las necesidades sociales.

Es comprensible el malestar ciudadano y la indignación en virtud de la falta de oportunidades, la corrupción y la arbitrariedad que impiden la realización de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sin embargo, nada indica que con destruir lo que hemos edificado tendremos una vía rápida para lograr todo aquello que se reclama. Al contrario, para satisfacer las aspiraciones de la ciudadanía inconforme, el primer postulado es la garantía de un Estado de derecho, instituciones fuertes, respeto a la ley y a los derechos de todos los demás. La debilidad de nuestras instituciones es motivo para su fortalecimiento, no para su destrucción.

Y la verdad, es que la realidad nos impone un hecho innegable: El principal instrumento al servicio de la superación de la pobreza, la generación de ingresos y la creación de oportunidades es la empresa. Por eso hay que proteger y garantizar el funcionamiento de cerca de 1,6 millones de empresas y más de 5 millones de micronegocios de nuestro país, una base empresarial principalmente social en donde 98% son micro y pequeñas empresas. Se trata de unidades productivas que proveen el ingreso para su dueño, sus empleados, sus proveedores y también diversas posibilidades de elección para los ciudadanos. No hay que olvidar que, esas Mipyme son emprendimientos familiares, con bajo desarrollo institucional, escasa capacidad de acumulación de riqueza y una urgente necesidad de operar para lograr cumplir con su objetivo. Si las empresas no pueden operar, no venden y sin vender no logran obtener los recursos para pagar sus costos, cumplir con la nómina y pagar a otras empresas y personas que son sus proveedores.

Encauzar el descontento de forma institucional es indispensable, como también lo es garantizar la operación de millones de negocios. La obstrucción de vías y los bloqueos golpean principalmente a los más pobres, y no solo significan la negación al ejercicio de múltiples derechos sino también un obstáculo insalvable para la superación de la pobreza y la satisfacción de legítimas demandas ciudadanas.