La banca y el sector extractivo aportarán 56% de los $8 billones con nuevo gravamen

Para financiar la emergencia económica decretada por lluvias, el Gobierno Nacional volvió a poner en la mira a la banca y al sector minero-energético.

El Ejecutivo creó un impuesto al patrimonio para personas jurídicas e introdujo una tarifa diferencial: 1,6% para los sectores financiero y minero-energético, y 0,5% para las demás actividades con patrimonios superiores a 200.000 UVT, equivalentes a unos $10.400 millones.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que de los $8 billones que busca recaudar el Gobierno para atender los daños causados por la ola invernal que azota al país, 56% corresponderán a los sectores financiero y minero-energético, y 44% restante al resto de actividades.

El decreto establece que el tributo se declarará y pagará en dos cuotas: 50% deberá cancelarse el 1 de abril y el otro 50% restante, el 4 de mayo.

Antes de conocerse las medidas, el sector financiero presentó un paquete de alivios dirigido a las comunidades afectadas, que incluye un período de gracia de 12 meses sin causación de intereses, la conservación de la calificación crediticia, la suspensión de cobros incluso en cartera en mora, así como atención prioritaria y programas de educación financiera.

Pese a esto, el Gobierno destacó la necesidad de avanzar en acciones complementarias, como la reducción de las tasas de interés para créditos dirigidos a la economía popular, especialmente para pequeños productores que enfrentan limitaciones de acceso, aun cuando el Fondo Nacional de Garantías cubre hasta 90% del riesgo crediticio.

¿Qué dicen los analistas?

Para César Cermeño, director de la Maestría en Tributación de la Universidad de los Andes, este impuesto puede generar un impacto significativo para las personas jurídicas. “La incertidumbre súbita envía una mala señal a la inversión. Incluso en tiempos de emergencia económica, no se espera una alteración tan abrupta de la carga tributaria de las sociedades”.

Jairo Villabona, exdirector de la Dian, señaló que la decisión del Gobierno de imponer tarifas diferenciales a estos sectores se da “seguramente” porque existe una alta concentración en el sector financiero y este registra márgenes de ganancia relevantes. “Su patrimonio, porcentualmente frente a los activos, en el caso del sector financiero es muy bajo en comparación con el resto de sectores de la economía”, afirmó.

Por su parte, Juan David Velasco, socio de Impuestos de Baker McKenzie, aseguró que esta medida traslada a las empresas de mayor tamaño una fuente inmediata de recaudo basada en el capital acumulado y no en los resultados del período, con impacto directo en la liquidez.

Pagan impuestos de hasta 80%

Este impuesto al patrimonio a personas jurídicas aumentará la presión sobre la carga fiscal de las empresas, que en algunos casos ya supera incluso 80%.

Partiendo de que el propósito de una empresa que paga renta es generar utilidades, sobre esas ganancias se aplica un impuesto a los dividendos de hasta 39% para personas naturales y de 20% cuando se trata de personas naturales o jurídicas extranjeras.

A esto se suma el impuesto al valor agregado, IVA, de 19%; el impuesto al patrimonio, vigente tras la Reforma Tributaria, con tarifas entre 0,5% y 5%; el pago del ICA, que oscila entre 0,4% y 1,2% según la jurisdicción donde se generan los ingresos; el impuesto a las ganancias ocasionales; así como el gravamen a los movimientos financieros y los aportes parafiscales, que en conjunto superan 4% y amplían los impuestos de las empresas.

Mientras el Gobierno acelera el recaudo para atender la emergencia, el sector empresarial advierte que la mayor carga tributaria llega en un momento de alta presión financiera.x